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Pugnas entre Industria y Transportes ponen en riesgo los 1,5 billones de inversió n en los sectores de futuro

Las pugnas internas entre los ministerios de Industria y Energía, Transportes y Comunicaciones y Economía y Hacienda han provocado la congelación de tres grandes proyectos industriales que deberían entrar en vigor dentro de 15 días, el 1 de enero, y que en conjunto debían suponer inversiones superiores a 1,5 billones de pesetas, a lo largo de los próximos cuatro años, para sectores considerados de futuro y de alto valor estratégico. Por otra parte, la patronal de la industria electrónica e informática ha advertido al Gobierno que varias empresas pueden presentar suspensiones de pagos en las próximas semanas como consecuencia de los más de 10.000 millones de pesetas que les adeuda desde 1982 la Administración.

Las diferencias entre los ministerios citados, que de algún modo se intuían desde hace meses, pero no habían trascendido, cobraron toda su crudeza en la penúltima reunión de la comisión delegada para Asuntos Económicos, que se celebró el pasado día 5. La escasez de recursos públicos disponibles y el afán de protagonismo y control de los departamentos sectoriales sobre los grandes proyectos públicos de inversión echaron por tierra la aprobación de tres planes industriales (contrato-programa de Renfe, Plan Electrónico, Nacional y Plan Cuatrienal de Inversiones de Telefónica), que deberían entrar en vigor dentro de 15 días, el 1 de enero, y que suponen destinar en conjunto cerca de 1,5 billones de pesetas a medio plazo al desarrollo de actividades de futuro y alto valor estratégico: telecomunicaciones, electrónica, informática, bienes de equipo y transportes.

Recortes presupuestarios

Según fuentes solventes, la lucha departamental ha terminado, por el momento, con serios recortes presupuestarios en todos los proyectos, con graves aplazamientos sine die en su aprobación y con un replanteamiento de los escasos planes industriales de futuro que puede presentar el Gobierno para compensar la imagen, necesaria pero negativa, de la anunciada reconversión (cierre de numerosas empresas y cerca de 50.000 despidos).En concreto, Economía y Hacienda, con el apoyo más o menos explícito de Industria, ha rebajado en 200.000 millones de pesetas los 800.000 millones previstos en el Plan de Inversiones de Telefónica (empresa encuadrada en el Ministerio de Transportes) y se ha negado rotundamente a aceptar las ampliaciones de capital previstas en el mismo. Luis Solana, presidente de la Telefónica, en un intento de salvar el máximo del plan de inversiones de su compañía ha anunciado ya, en Bilbao, que está dispuesto ha reducir 30.000 millones en las previsiones contenidas en el mismo. El Plan Electrónico Nacional; elaborado fundamentalmente por Industria y Energía, ha encontrado también serios reparos de Economía y Hacienda por su escasa cuantificación de las partidas económicas, y de Transportes y Comunicaciones, que se siente molesto por su escasa participación en un proyecto industrial que incide de forma decisiva sobre áreas de su competencia: telecomunicación y transporte.

Estas discrepancias también se han plasmado en el contratoprograma elaborado para Renfe, para el que la aportación estatal se ha reducido ya sobre las previsiones iniciales en 144.000 millones de pesetas desde octubre y aún se pretende reducir en otros 50.000 millones adicionales.

Aunque en el caso de Renfe no puede considerarse toda la aportación del Estado como inversión, sino más bien como reposición de pérdidas y subvenciones a la explotación de líneas o servicios de ferrocarril deficitarios, lo cierto es que un recorte en estas ayudas se reflejaría, automáticamente, en las compras de la compañía.

Fuentes de esta empresa han indicado que si se acepta una nueva reducción de 50.000 millones en las aportaciones estatales "se producirá una disminución real de las inversiones que pondría en peligro la calidad de los servicios prestados por la compañía, o hará necesario compensar con mayores créditos la menor ayuda de la Administración, lo que a su vez agravaría el ya oneroso capítulo de pago de intereses en las cuentas de Renfe".

Irresponsabilidad del Gobierno

La suite del Plan Electrónico Nacional y del Plan de Inversiones de Telefónica, que fueron presentados hace meses en conferencias,de prensa, y que debían estar a punto de entrar en vigor, se encuentra en el aire. Para resolver las agudas discrepancias entre los ministerios sectoriales se ha decidido crear una nueva comisión, que deberá elaborar un documento conjunto a partir de los dos planes citados. De ahí que no sea fácil adelantar fechas sobre su aprobación definitiva ni sobre su contenido."Varias empresas de electrónica podrían suspender pagos en las próximas semanas como consecuencia de los retrasos de la Administración en saldar las deudas contraídas con las mismas", según denuncia el director general de la patronal del sector, ANIEL, Julio González.

A ello habría que añadir la incertidumbre en que se mueven estos industriales, que por la naturaleza de sus productos necesitan un largo período de maduración de inversiones y de adaptación de procesos de fabricación, ante los retrasos en la aprobación del Plan Electrónico Nacional y del Plan Cuatrienal de Inversiones de la Compañía Telefónica.

Las deudas de la Administración con las empresas privadas del sector superan los 10.000 millones de pesetas. Sólo el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) adeuda casi 8.000 millones de pesetas por equipos suministrados a dicha institución a lo largo de 1982. Y además de no pagar, añade la patronal, el INSALUD ha reducido sus compras de material electromédico en 1983 a 400 millones de pesetas, frente a los 10.000 millones fijados para tal fin en sus presupuestos, "lo que, obviamente, coloca a muchas empresas al borde del cierre".

La citada patronal, en una carta reciente (25 de noviembre pasado) al ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch Martín, advierte al Gobierno que "esta situación conduce a la paradoja de la posible desaparición de todo un sector industrial de futuro; que mantiene una tasa de crecimiento acumulativo del 10 % en los países de nuestro entorno económico, y, lo que es más grave, supone una abierta contradicción con la política industrial de potenciación de las actividades con capacidad de crecimiento y de generación de puestos de trabajo, tal como se contempla en el Plan Electrónico Nacional (los fabricantes nacionales representan el 13% del consumo normal del INSALUD, siendo cubierto el resto con importaciones)".

La patronal ANIEL añade que .estos hechos pueden provocar asimismo una degradación progresiva de la calidad asistencial sanitaria del país, no sólo por obsolescencia del equipo existente, sino por falta de presupuesto para el mantenimiento adecuado". Los empresarios del sector, que están muy condicionados por las compras de la Administración, temen que una política equivocada de austeridad en las inversiones públicas entregue a las multinacionales nuestro futuro en telecomunicaciones y electrónica. "0 se invierte ahora, o definitivamente quedamos una vez más al margen de la revolución tecnológica que se está produciendo en el mundo".

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