El juez obliga al diario inglés 'The Guardian' a devolver un documento para averiguar la identidad de una fuente informativa

El Tribunal de Apelaciones obligó ayer al diario The Guardian a devolver al Ministerio de Defensa un documento secreto sobre la llegada de los misiles de crucero a Gran Bretaña, publicado por el diario el pasado mes de octubre. El Ministerio de Defensa quiere el documento para intentar establecer la identidad del funcionario que lo filtró. El director de The Guardian, Peter Preston, acató la sentencia y entregó el documento a primera hora de la tarde de ayer, pero criticó vivamente la legislación que ha hecho posible la madida.

"La decisión del tribunal", afirmó, "supone un peligroso antecedente para toda la Prensa británica". Preston añadió que el periódico está considerando la posibilidad de recurrir ante la Cámara de los Lores, máxima autoridad en estos casos.El documento en cuestión es un informe secreto del ministro de Defensa, Michael Heseltine, a la primera ministra Margaret Thatcher, anunciando la llegada de los primeros misiles de crucero para el día 1 del pasado mes de noviembre y sugiriendo diversas fórmulas de, actuación ante la opinión pública.

Según fuentes del ministerio, sólo existen siete copias del informe. El documento llegó al periódico de forma anónima, de acuerdo con la declaración de los responsables de The Guardian.

La legislación británica permite a los medios de comunicación mantener el secreto de sus fuentes, salvo en determinadas circunstancias. La Contempt of Court Act, de 1981, afirma textualmente: "Ningún tribunal podrá pedir al responsable de una publicación que revele sus fuentes de información, a menos que el tribunal considere probado que el conocimiento de la identidad de la fuente es precisa para la defensa de los intereses de la seguridad nacional o para la prevención de un crimen".

Ante la publicación del documento, el Ministerio de Defensa abrió una investigación, pero no logró identificar al autor de la filtración. Sus abogados recurrieron al Alto Tribunal de Londres para exigir la entrega del papel, por considerar que era un elemento imprescindible en dicha investigación. El Alto Tribunal falló él jueves a favor del ministerio y en contra del periódico.

Un contrasentido

El juez Scott, del Alto Tribunal, no entró a dilucidar si existía o no un riesgo para la seguridad nacional, limitándose a afirmar que The Guardian debía entregar el informe porque era propiedad del Gobierno. El aboga4o del periódico , lord Rawlinson, presentó inmediatamente un recurso por considerar que se había producido un contrasentido: "si el periódico hubiera destruido el documento o si la información hubiera llegado por teléfono, el juez no hubiera podido fallar en contra nuestra, dado que no cree que exista un riesgo para la seguridad nacional".El Tribunal de Apelaciones ha ido, sin embargo, más allá. En el fallo emitido ayer considera que el riesgo para la seguridad nacional lo constituye no la publicación del documento, sino el funcionario que lo pasé, y recomienda al Gobierno que lo identifique y sancione. Uno de los tres miembros del tribunal, el juez Griffiths, afirmó: "hasta tanto no se identifique al autor de la filtración, existe una seria amenaza para la seguridad nacional". El presidente del tribunal, sir John. Donalson, añadió que el funcionario en cuestión, "indigno de confianza", debía ser despedido.

De la sentencia se desprende que el contenido del informe publicado no puso en peligro la seguridad nacional, pero que la existencia de un funcionario capaz de pasar documentos calificados de secretos implica un riesgo que debe ser anulado. Esto supone que los responsables del periódico no han podido suprimir una marca que existe en el documento y que puede ayudar a la identificación de las fuentes. The Guardian se tendrá que limitar, en todo caso, a confundir o borrar las huellas digitales que existan en el papel, pero sin borrar, anular o manipular el contenido del mismo.

"Estoy profundamente disgustado y preocupado", afirmó el director de The Guardian, para quien la defensa de las fuentes de información es un elemento básico de la libertad de expresión.