La reforma agraria y la ley de medio ambiente crean tensiones en la Junta de Andalucía

La ley de creación de la Agencia de Medio Ambiente, que fue estudiada en el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, no gozó de la aprobación del mismo y volverá a ser estudiada, según diversas fuentes, el próximo miércoles, en el último consejo de Gobierno anterior a las Navidades. Los consejeros de Política Territorial y Agricultura comparecieron ante la Prensa, al término de la reunión del gabinete, en un intento de explicar las causas del aplazamiento del visto bueno a la ley.Según afirmaron ambos consejeros, en el seno del ejecutivo habría acuerdo unánime respecto a la línea política a seguir en medio ambiente y se justificó el aplazamiento de la ley por la necesidad de unos retoques "formales". No obstante, todas las fuentes consultadas al respecto se ampararon en el juramento de secreto a la hora de serles solicitadas precisiones sobre el punto en que se encuentra la ley.

Imposible saber ahora si, como constaba en el anteproyecto, la Agencia dependerá directamente del presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, si su director tendrá cargo de viceconsejero y acceso a los consejillos, si los informes de la Agencia sobre proyectos de otras consejerías que pudieran afectar al medio ambiente serán o no vinculantes, y ni siquiera cuáles serán las competencias de la agencia. No se ha dado tampoco ninguna explicación válida sobre el aplazamiento de la 'trilateral' socialista -reunión de los poderes político, ejecutivo y legislativo para estudiar temas de especial importancia- convocada para la víspera del último consejo de Gobierno y aplazada a última hora. Tampoco es fácilmente explicable que, tras la expectación despertada en tomo al tema y una vez llegado al "acuerdo político", se aplace su aprobación para la mejora de "aspectos formales".

Anteproyecto progresista

El anteproyecto inicial, realmente progresista, ha contado con la oposición cerrada de los encargados de llevar a cabo la reforma agraria, concretamente la consejería de Agricultura y, de forma especial, los cuerpos de ingenieros de ICONA, que tienen prácticamente asegurada su transferencia en bloque al Instituto Andaluz de la Reforma Agraria.La adscripción o no a presidencia, tema que podría parecer banal, tiene la importancia de que el amparo directo de Rafael Escuredo reforzaría la operatividad de la Agencia en todos los pleitos que surjan en su aplicación. Pero de llegarse a esta fórmula -recogida en el anteproyecto- Escuredo podría ponerse en contra a una parte del equipo que tiene que sacar adelante la Reforma Agraria. La dependencia de cualquier otra consejería restaría a la Agencia el apoyo que sólo Escuredo podría darle.