Destituidos dos directivos de Telefónica en Barcelona
Fernando Sánchez-Contador Feliu y Paulino Fiz Carretero, director y director adjunto de la Compañía Telefónica Nacional de España en Barcelona, respectivamente, han sido destituidos de sus cargos por decisión del presidente de la sociedad, Luis Solana. Sánchez-Contador había desempeñado el cargo de director regional de la compañía en Cataluña durante varios años y era el único jefe de zona que había sido respetado en su puesto por la nueva Administración.
A los destituidos no se les ha dado un nuevo destino, sino que se les ha concedido la jubilación anticipada. Aunque se desconocen las razones de estas fulminantes destituciones, en medios próximos a la dirección de Barcelona se relacionan con la responsabilidad que tenía Sánchez-Contador sobre toda la zona, en la que el pasado mes de octubre se descubrió un fraude de varios cientos de millones de pesetas que evidenciaba la existencia de presupuestos de obras irregulares realizados para la compañíaPara cubrir los puestos vacantes serán designados Gómez Nobella y Manuel Badenes, que ocuparán los cargos de director y director adjunto de Barcelona, rerspectivamente. Ambos han pasado por el departamento de conservación de la compañía, y Badenes ha sido director de la zona norte (Bilbao).
Ha sorprendido que ninguno de los dos nuevos cargos sea catalán, sobre todo después de la situación conflictiva que se creó en Cataluña a raíz de la nueva organización geográfica de Telefónica en toda España. A mediados de septiembre pasado, la CTNE anunció una nueva organización de la compañía por la que se dividía a Cataluña en dos zonas: una integrada exclusivamente por Barcelona y otra, la denominada Nordeste, que incluía las provincias de Tarragona, Gerona y Lérida. El malestar que provocó entonces la medida, a pesar de las garantías dadas por el propio presidente, podría haber sido contrarrestado, al menos parcialemente, con la inclusión entre los nuevos cargos de algún profesional más vinculado a Cataluña.
El fraude se realizaba hinchando los presupuestos de obras encargadas por la compañía. La primera investigación descubrió irregularidades en la construcción del cable coaxial Lérida-Tarragona, al comprobarse que la compañía Telefónica había pagado 175 millones de pesetas cuando en el presupuesto solamente se preveían 42 millones de pesetas.
