El ayuntamiento sevillano inicia investigaciones sobre denuncias de corrupción en la Policía Municipal

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto una investigación sobre las presuntas irregularidades de carácter económico en el seno de la Policía Municipal, denunciadas el pasado lunes por representantes de Comisiones Obreras de la Administración Pública y por la Unión Sindical de la Policía Municipal (USPM). Hoy se reunirá el grupo de concejales socialistas, con mayoría absoluta de la corporación sevillana, para examinar, entre otros, este asunto.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda del Ayuntamiento, José Vallés Ferrer, fue informado por los citados líderes sindicales del contenido de la denuncia que iban, a hacer pública, y decidió la apertura inmediata de una investigación, "que será profunda, puesto que una de las bases principales de nuestro programa electoral era llegar al fondo en cualquier tema de corrupción". Vallés Ferrer, que es apoyado en su actitud por el alcalde de la ciudad, considera que la investigación llevará cierto tiempo antes de que puedan producirse medidas sobre el caso.Fuentes sindicales indicaban ayer que un juzgado de Sevilla tiene actualmente abiertas diligencias contra un numeroso grupo de policías municipales por supuesta implicación en la desaparición de objetos almacenados en las dependencias de la Policía Municipal, sin que haya sido posible ratificar la veracidad de esta información. Recientemente, algunos miembros de la guardia urbana han sido objeto de polémica pública e intervención judicial por presuntos malos tratos infligidos a ciudadanos con ocasión de altercados y detenciones.

Cuenta corriente

Las supuestas irregularidades denunciadas ahora por CC OO y la USPM se centran en la existencia de una cuenta corriente a nombre del Servicio de bar de la Policía Municipal, con un saldo medio de 140.000 pesetas en octubre, que es contraria al compromiso del equipo de gobierno municipal en el sentido de que todas las cuentas del ayuntamiento serían rígidamente controladas por los responsables políticos. Además, con cargo a dicha cuenta bancaria se han expedido cheques al portador, práctica ilegal en la Administración.Se denuncia, asimismo, que los impresos solicitados por los ciudadanos en las oficinas de los distritos municipales son cobrados a éstos, a razón de cinco pesetas por ejemplar, a pesar de ser confeccionados en la imprenta municipal y de la política de entrega gratuita que se lleva a cabo en otros departamentos de la corporación. Finalmente, los sindicalistas se preguntan si el pleno del ayuntamiento ha autorizado o no el cobro de un canon por transportes especiales a su paso por la ciudad que, de hecho, es percibido por los policías municipales.

Tanto el concejal delegado de la Policía Municipal, Guillermo Gutiérrez, como el de Personal, Francisco Rodríguez, quitaron importancia a estas anomalías, rechazando que pueda hablarse en ningún caso de corrupción o de ilegalidad. Según Gutiérrez, la cuenta bancaria en cuestión no es municipal, sino interna de la policía, que organiza a su manera el servicio de bar, la peluquería o la caseta de la feria, sin que tenga el ayuntamiento que controlar tales actividades económicas.

Preguntado si es normal que policías municipales que cobran como tales puedan estar dedicados a llevar el bar o a cortar el pelo a sus compañeros y familiares, Guillermo Gutiérrez explicó que la seguridad ciudadana se vería poco favorecida por la incorporación de estos policías y, en cambio, se privaría a todo el colectivo de estos servicios útiles que ahora desempeñan. Acerca de la venta de impresos, aseguró que actualmente no se cobra nada a los ciudadanos por este concepto, aunque sí ha ocurrido en el pasado.