Urbanizaciones ilegales en Madrid

La aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del proyecto de ley de Disciplina Urbanística pone de nuevo en candelero en la región madrileña, en opinión del autor de este artículo, la cuestión de las urbanizaciones ilegales, que han proliferado de forma escandalosa e incontrolada.

El problema de la paulatina urbanización de grandes extensiones e suelo agrícola por métodos ilegales y de modo clandestino, que estuvo en segundo plano a lo largo e la campaña electoral autonomía, y sobre el cual ha pasado como obre ascuas una buena parte de s ayuntamientos de Madrid, es un factor condicionante de algunas de las políticas sectoriales que, al menos como declaración de principios, se vienen anunciando por el Consejo de Gobierno. La política de ordenación del territorio, la política agrícola y ganadera, de protección del medio ambiente, e recuperación del medio físico, etcétera, encuentran en ese fenómeno un obstáculo de una importancia difícilmente eludible para cualquier acción de progreso. De la envergadura del problema puede dar una idea el hecho de que se encuentren en esa situación aproximadamente 100 millones de metros cuadrados de suelo rústico o o urbanizable.La urbanización clandestina afecta hoy, en mayor o menor grado, a aproximadamente 50 términos municipales y el efecto principal de su extensión y/o consolidación es, entre otros, el gravísimo deterioro del medio natural, ambiental y agrícola, ya que buena arte de las mejores y más fértiles vegas de ríos como el Jarama, el Tajuña o el Henares se ven afectadas directamente. Lo mismo ocurre con otras zonas, especialmente de secano, que aun no teniendo tan altos valores agropecuarios eran cultivadas antes de la explotación urbanizadora, o con suelos de especial importancia forestal, paisajística, etcétera.

Por otro lado, este proceso tiene consecuencias nefastas en el normal funcionamiento de los municipios afectados: al carecer de la más mínima infraestructura urbanística (alcantarillado, asfaltado de calles, alumbrado, etcétera), las corporaciones se encuentran con muy serias dificultades para garantizar unos servicios dignos, hipotecan su futuro urbanístico por la vía de los hechos y, en consecuencia, ven limitada la autonomía municipal para ejercer sus competencias en materia de planeamiento, de programación de inversiones o de previsiones de crecimiento, al margen de los efectos negativos sobre las respectivas haciendas locales (muy superiores a los presuntos efectos positivos que utilizan los partidarios de la legalización sin más).

Pero lo más grave, desde una visión de conjunto regional, es el condicionante que supone para la aplicación coherente de las políticas sectoriales en el ámbito de la comunidad. En agricultura y ganadería, en medio ambiente y en ordenación territorial va a resultar difícil actuar, no sólo por el deterioro producido, sino por las expectativas de rápido beneficio que la política de dejar pasar de determinados ayuntamientos y la falta de energía mostrada por Coplaco, Gobierno Civil y otras instancias supramunicipales en el período anterior ha generado en los promotores. Expectativas que se han interrelacionado con una tendencia acelerada a disminuir la actividad agraria en sectores tradicionalmente ocupados en ella y con las facilidades que los promotores han encontrado en la cierta inhibición de algunos notarios y registradores de la propiedad, que han facilitado la transmisión y división de fincas en contra de la normativa urbanística. Si a ello añadimos la ocupación de algunas zonas para actividades industriales, abriendo de hecho vías al desarrollo de la economía sumergida, podemos darnos cuenta de la gravedad del problema.

Con la ley en la mano

En este marco, el proyecto de ley de Disciplina Urbanística aparece como un encomiable esfuerzo en la dirección de cubrir algunos vacíos jurídicos. Pero, a juicio del PCE, y con independencia de las enmiendas que en su día presente, no resuelve por sí mismo el problema fundamental. A nuestro entender, ya existía, y existe, la suficiente cobertura legal para intervenir con energía y responsabilidad sobre ese fenómeno, actuando, con la ley del Suelo en la mano, sobre los promotores y buscando vías de defensa y apoyo para los afectados en última instancia (los engañados compradores de parcelas), restableciendo rigurosamente la legalidad. El problema, por tanto, es de carácter político. A pesar de la campaña realizada por la extinta diputación en la primavera de 1982, el proceso, con altibajos, ha continuado avanzando. Sólo podemos constatar como acciones enérgicas en la línea arriba apuntada las realizadas el pasado año por los ayuntamientos de Arganda y Mejorada del Campo, ambos con alcalde comunista en aquellas fechas.

¿De qué se trata, entonces? En nuestra opinión, se hace urgente la elaboración de un plan de erradicación de las urbanizaciones ilegales no consolidadas a partir del Consejo de Gobierno, haciendo desarrollar la responsabilidad que corresponde a los distintos niveles de la Administración que actúan en el ámbito regional. Plan del que la citada ley no puede ser sino una parte (y no la fundamental), y que ha de sustentarse en un conocimiento exhaustivo del volumen del suelo clasificado no urbanizable o rústico parcelado, o edificado ilegalmente, en el conjunto del territorio de la comunidad. Es, en consecuencia, imprescindible, al margen de la actuación, tener una visión cuantificada del. problema, con una caracterización precisa de las infracciones. Buena base de partida podría ser el estudio realizado por la diputación el pasado año (con las correspondientes actualizaciones), al que sería preciso añadir un análisis valorativo de los efectos que su divulgación tuvo sobre la acción urbanizadora, objeto del presente artículo. Este plan ha de contemplar medidas de carácter ejecutivo, ejecutadas con la conveniente prioridad, en cuya concreción participen, junto a los órganos de la comunidad, los ayuntamientos afectados.

Esta línea de actuación, brevemente esbozada, ha sido norma habitual en la actividad del PCE. Coherentemente, su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, consciente de la gravedad del, problema, ha presentado una interpelación para recabar una política rigurosa en esta materia al Consejo de Gobierno.

En espera de que, al contrario de lo ocurrido en mayo de 1982 (presentación de una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la materia, cuyos efectos fueron nulos), con el PSOE en el Gobierno de la región, con todas las competencias en materia de urbanismo a su disposición y con la hegemonía política en la mayor parte de los gobiernos locales de Madrid, se actúe coherentemente con la política de progreso que nuestra comunidad precisa.