El fraude a la Seguridad Social era de "dominio público", según Gilabert

Francisco Gilabert Álvarez, el funcionario que fue detenido la pasada semana y procesado por su presunta participación en el fraude a la Seguridad Social -sospechoso de ser uno de los tres principales implicados-, declaró ante la Guardia Civil y el juzgado su extrañeza por las pesquisas y la persecución del fraude, "ya que éste era conocido hasta por el ordenanza de la puerta de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT) de Barcelona". El caos de la oficina facilitó, según su versión, la desaparición de documentos.

Un alto cargo de la Federación de Empresarios de Espectáculos de Barcelona, Salvador Santasusana, fue sorprendido por la Guardia Civil el pasado 25 de noviembre cuando, por encargo de Gilabert, intentaba cobrar letras a cargo del Banco Atlántico por valor de 9 millones de pesetas en el Banco de Europa. Los giros han quedado a disposición judicial para pesquisas sobre su procedencia y relación con el fraude.Gilabert aseguró que Jaime Talens, inspector de Trabajo y entonces jefe de la ODIT, conocía las prácticas defraudatorias y que incluso le había manifestado una vez que era preferible que las empresas pagasen poco "a que no coticen nada". Una vez descubierto el fraude, según las mismas declaraciones, Graciniano Gómez Catón telefoneó a Gilabert para organizar la desaparición de "minutas" fraudulentas de los archivos. Los dos procesados se dieron cita en una cafetería de la calle Balmes de Barcelona y Gómez Catón pidió, siempre según la versión del primero de ellos, que Gilabert comprobara si Ballesteros había hecho desaparecer los documentos.

De las últimas declaraciones judiciales se desprende la participación de los tres principales implicados: Gómez Catón, Ballesteros y Gilabert. Los dos primeros se encuentran fuera de España y el último reconoció haber introducido en el ordenador requerimientos en los que se consignaban salarios inferiores a los reales de una empresa, pero afirmó que lo hizo para "hacer un favor a Manuel Vitali", uno de los asesores empresariales implicados en el procedimineto, actualmente huido.

Francisco Gilabert declaró asimismo que Ramón Ballesteros llegó a entregar un, sello de la ODIT al presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Vicente Cardellach.

Respecto al alto ritmo de vida mantenido por Gilabert, éste declaró no haber participado directamente en el fraude y disfrutar de una situación económica confortable por "regentar dos pubs, dedicarse como intermediario a la compraventa de automóviles y ser, al mismo tiempo, empresario taurino".