El Gobierno va a resucitar el segundo aval del Estado para financiar las 'pyme'

La posibilidad de avales solidarios, el reafianzamiento de operaciones, una importante ampliación de capital y la supresión de toda la normativa legal específica constituyen las principales innovaciones de un decreto, que será aprobado por un próximo Consejo de Ministros, para resucitar la Sociedad Mixta del Segundo Aval. El segundo aval a cargo del Estado es un instrumento fundamental en todo el mundo occidental para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al crédito.

En España, sin embargo, prácticamente sólo ha existido en el Boletín Oficial del Estado y como retiro de lujo, hasta la pérdida de las elecciones por UCD, para el ex vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell, a quien se nombró presidente de la Sociedad Mixta del Segundo Aval. Las leyes de Presupuestos Generales del Estado, desde 1980 a 1983, destinaron la nada despreciable cantidad de 46.000 millones de pesetas para concesión de segundo aval a cargo del Estado; pero de ellos, aunque es evidente que el financiero es el primer problema de las pequeñas y medianas empresas españolas, no se han llegado a utilizar ni 1.000 millones de pesetas.

De ahí que la reforma de este instrumento y de la las sociedades de garantía recíproca (SGR) constituidas por las pymes, cuya solvencia y eficacia ha dejado que desear en muchos casos, constituya una de las prioridades del PSOE. La reforma que ahora va a aprobarse ya fue perfilada, en alguna medida, en la ponencia presentada por Antonio Santillana, presidente actual de la Sociedad Mixta, en unas jornadas sobre las pymes organizadas por la Secretaría de Estudios y Programas del PSOE.

Pese a que el contenido de aquella ponencia provocó airadas réplicas de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca ("las denuncias de falta de solvencia no se ajustan en absoluto a la realidad"), ayer, su director general, César González, declaró a este diario que la Administración les había consultado sobre el citado decreto y que existe un buen clima de colaboración. Interrogado sobre el alcance de esta colaboración, González dijo que el acuerdo de boicoteo de las SGR al segundo aval era un tema muy viejo y que en principio tenían buena disposición para colaborar con la nueva Sociedad Mixta.

Nuevas funciones

El proyecto de decreto, según fuentes de Industria, recoge en su artículo primero que las operaciones financieras de las pymes "que estén previamente, avaladas" por una SGR o por entidades o asociaciones autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda "podrán obtener fianzas o avales en forma solidaria o subsidiaria otorgados por la Sociedad Mixta del Segundo Aval". Dicha sociedad también podrá "realizar operaciones de refianzamiento".

La prestación del aval subsidiario, según el artículo dos del proyecto, "solo podrá hacerse efectiva una vez ejercitados" por la Sociedad Mixta "los beneficios de orden, excusión y división en su caso, tanto respecto al empresario avalado como a la entidad avalista". No obstante, cuando la entidad avalista sea una SGR, "se entenderá ejercitado el beneficio de excusión respecto a la misma, y podrá producirse la efectividad de la garantía otorgada por la Sociedad Mixta, cuando el Fondo de Garantía de la SGR en proporción al volumen real de riesgos vivos asumidos, sea igual o menor al 1,75%". Esta es otra novedad, ya que hasta ahora había que agotar el fondo de garantía.

El aval subsidiario, según el proyecto, "cubrirá como máximo el 75% del importe del principal vivo del crédito otorgado al empresario, incrementado en su caso hasta un máximo del 15% del referido principal, para hacer frente a los intereses devengados". El aval solidario "alcanzará como máximo el 50% del importe del principal vivo" incrementado hasta un 10% más, en su caso, para intereses devengados.

El reafianzamiento, artículo cinco del proyecto, "se llevará a cabo mediante la cesión por la entidad avalista, a cambio del pago de la correspondiente comisión, de parte de su cartera de riesgos". El decreto prevé ampliar el capital de la Sociedad Mixta desde los 400 millones actuales hasta un minimo de 1.000 millones y prohibe expresamente distribuir beneficios, al tiempo que fija como tope de las garantías a otorgar un 5% de la suma de su capital y reservas.

El decreto elimina también la excesiva reglamentación a que ha estado sometida la Sociedad Mixta del Segundo Aval, que en gran medida explica su fracaso. El proyecto, por otra parte, deja abierta la puerta a la eliminación o no de la sociedad de reaval Sogasa, ya que la Sociedad Mixta puede actuar en este terreno del reafianzamiento directamente o a través de terceras sociedades.