La decisión del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, el acontecimiento de más alcance

El Gobierno socialista considera que uno ole sus principales éxitos en política autonómica ha sido reducir la conflictividad del proceso de transformación del Estado, de forma que en opinión de María Izquierdo ha finalizado el problema autonómico. La secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas no distingue en su valoración entre unas y otras comunidades ni aprecia la importancia que ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional, contraria a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) en cuya elaboración había jugado un papel importante en PSOE cuando estaba en la oposición.Si el problema autonómico ha entrado en vías de solución es debido en gran parte al desarbolamiento de la LOAPA, que obligó al Gobierno a reabrir, a finales de septiembre, las vías negociadoras con los Gobiernos de Jordi Pujol y Carlos Garaikoetxea, sin que en el caso vasco se hayan producido grandes avances ni en la negociación ni en el entendimiento.

En palabras de María Izquierdo, se ha aumentado "la gestión sin incrementar el número de conflictos, contrariamente a lo que ocurría con el anterior Gobierno, que a más, gestión acumulaba más' conflictos". Pero el Gobierno ha incumplido el calendario de transferencias que se había marcado.

El síntoma de esta pacificación autonómica es, para el Gobierno, la conferencia de vicepresidentes de las comunidades autónomas con el ministro de Administración Territorial, celebrada el lunes pasado con la asistencia por primera vez del conseller de Gobernación de la Generalitat catalana.

Este clima vino precedido de la conclusión del mapa autonómico, de importantes traspasos a las comunidades autónomas de más reciente constitución, de la valoración definitiva de todas las transferencias realizadas y de la elaboración del proyecto de ley general de cesión de tributos a las comunidades autónomas, que ya ha sido presentado al Congreso para su tramitación.

El mapa autonómico, que había sido dejado a punto por el último Gobierno de UCD, fue concluido mediante la aprobación de los estatutos de autonomía de Baleares, Extremadura, Castilla-León y Madrid, y la consiguiente constitución de sus instituciones tras las elecciones celebradas el 8 de mayo.

Cataluña y Euskadi

El traspaso de competencias a las comunidades autónomas fue acelerado de forma espectacular, para las regiones de reciente constitución, mediante dos paquetes de decretos: uno, de diciembre de 1982 y otro de junio de 1983. En las comunidades que habían recibido ya numerosas transferencias, el progreso ha sido menor.El ministerio considera que el compromiso adquirido en febrero por su titular, Tomás de la Quadra, según el cual los traspasos habrán concluido el 31 de diciembre de 1983 para Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía, y un año más tarde para las restantes comunidades, debe ser entendido en el sentido de que los grandes paquetes de estos traspasos estarán dispuestos para esa fecha, aunque es ya seguro que el ritmo de su realización no se ajustará a ella.

El traspaso de las obras hidráulicas a Cataluña, por ejemplo, no será posible mientras no exista una nueva ley de Aguas. En el caso del Insalud, el Gobierno central rechaza el criterio del Gobierno vasco de que su concierto económico implica que le sea también traspasada la tesorería. La divergencia alcanza también a la política de empleo, en la que el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, ha considerado no traspasable el Instituto Nacional de Empleo (Inem), que varias comunidades reclaman. Existe también desacuerdo sobre el traspaso de las cámaras agrarias a Cataluña o de competencias sobre política agraria a Andalucía. Las universidades no podrán ser traspasadas hasta bien entrado 1984.

En cuanto a la Administración local, el balance del ministerio es pobre. Los socialistas habían prometido a los ayuntamientos una dotación económica, a la que han debido renunciar en los Presupuestos Generales del Estado para 1984. Las anunciadas leyes de Bases de la Administración Local, de Financiación de las Entidades Locales y de Absorción del Déficit del Transporte Urbano, han sido también pospuestas.