Boyer: "La banca pagará su parte para sanear Rumasa"

Pregunta. ¿Quién pagará los 257.000 millones de pérdidas acumuladas en Rumasa?Respuesta. Las empresas y bancos de Rumasa se están saneando transitoriamente sólo con fondos públicos por razones de urgencia y de tamaño, pero no cabe duda de que el sistema financiero, en su conjunto, tiene que hacer una aportación para la solución de este problema. El Estado está adelantando y adelantará los recursos necesarios para el saneamiento, pero la banca privada participará naturalmente con su parte, como en el caso de los otros grupos bancarios en crisis.

P. ¿Por qué se da a los bancos de Rumasa un tratamiento distinto al de las anteriores crisis bancarias, algunas de las cuales, como fue el caso de Banca Catalana, tenían una relación de pérdidas y depósitos proporcionalmente semejante a la de aquéllos?R. En profundidad no hay tal tratamiento distinto. Rumasa recibirá un tratamiento paralelo al de las otras crisis bancarias. Lo diferente, por razones de urgencia y otras circunstancias específicas del caso, ha sido el instrumento utilizado para poder iniciar y controlar el saneamiento. Hubiéramos podido enviar los bancos de Rumasa al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, como hicieron los Gobiernos anteriores con otros bancos, pero decidimos no hacerlo y elegimos el instrumento de la expropiación porque nos pareció más idóneo, más eficaz, por más sencillo y más rápido. Si hubiéramos utilizado el Fondo, éste habría tenido que responder al menos de todos los depósitos iguales o inferiores a 1,5 millones de pesetas. Con la expropiación, el Gobierno no ha renunciado a utilizar los recursos del Fondo para este caso, y por tanto el saneamiento de los bancos de Rumasa correrá a cargo del Estado; pero el Estado, a través del Banco de España, se resarce del 50% de la crisis bancaria en la parte que corresponde a la banca privada, de acuerdo con la participación que ambas partes tienen en el capital del Fondo.

P. La crisis bancaria parece haber precisado más de un billón de pesetas en apoyos públicos y la banca privada ha aportado el 1,4% de esa cantidad a través del Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Cuándo comenzará la banca privada a pagar su parte?

R. El volumen de fondos para el saneamiento bancario ha sido inferior al billón de pesetas, y la banca ya ha aportado cuotas por el 1 por 1000 de sus depósitos. Los plazos de la devolución del crédito del Fondo a la banca serán calculados procurando no afectar, por el esfuerzo de saneamiento de los bancos enfermos, a la salud de los bancos sanos. Habrá que acordar fórmulas y plazos para que la banca privada pueda liquidar con el Banco de España la deuda con traída por estos anticipos. Pero no hay que olvidar las características del Fondo de Garantía de Depósitos: es un sistema de seguros que se establece tardíamente en España, después de producirse el siniestro y, por tanto, sin disponer previamente de la reserva necesaria para afrontarlo.

El equivalente a nuestro Fondo en Estados Unidos, el FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) lleva muchos años de vida, a lo largo de los cuales ha ido acumulando reservas para poder acometer él saneamiento de los bancos que entran en crisis. Además de no tener las reservas necesarias para resolver un siniestro aislado, nuestro Fondo ha tenido que afrontar de golpe una crisis bancaria mucho más grave que las registradas en otros países en los últimos años. De un centenar largo de bancos que operaban en España cuando se creó el Fondo, en 1978, un 40% de ellos -pequeños y medios- se han visto afectados por la crisis bancaria. Sin la ayuda especial del Estado y de la parte sana del sistema financiero hubiera sido imposible acometer solución alguna para esta crisis.

P. ¿Conoce la banca privada cuál es la posición del Ministerio de Economía y Hacienda en este punto del saneamiento compartido de Rumasa?

R. La banca conoce nuestra Posición, porque se la hemos expuesto claramente. Comprendo que es duro para cualquier banquero tener que destinar una parte de sus beneficios al saneamiento de los bancos fracasados. Pero la protección a una entidad en crisis protege a todo el sistema financiero y mantiene la confianza del público en él, lo cual es esencial para la economía y para la propia banca.

P. ¿Impondrá el Gobierno su criterio a la banca para que contribuya con su parte al saneamiento de Rumasa?

R. La vía para solucionar este tipo de problemas no puede ser, naturalmente, la del ordeno y mando a través de decretos, sino más bien la vía del acuerdo entre ambas partes. Es lo que hemos hecho en el caso de Banca Catalana; no me cabe duda de que llegaremos a un acuerdo en este tema, porque la banca entiende la magnitud del problema y sabe que si no hemos utilizado la mecánica clásica del Fondo y hemos preferido la expropiación ha sido para evitar precisamente una catástrofe financiera, con las quiebras en cascada de los bancos y. empresas de Rumasa, que, estoy convencido, habría sido más perjudicial para todos.

Hay muchas vías para compartir el coste de una crisis bancaria. Desde la aplicada generalmente por el Fondo de Garantía hasta soluciones ad hoc, como para Banca Catalana o a la utilización de las cuotas y anticipos que la banca debe al Fondo de Garantía.La voluntad del Gobierno es llegar a un acuerdo con la banca para repartir el coste y los esfuerzos de la reflotación de Rumasa. El Estado tiene unas obligaciones, y los accionistas y trabajadores de Rumasa también tendrán que asumir sacrificios como en todo grupo en reconversión. La venta de activos de Rumasa, junto con su estudio detallado, darán los elementos definitivos para calcular el reparto de las pérdidas.

P. Todos los bancos saneados básicamente con anticipo de fondos públicos han vuelto a manos de la banca privada española o de la banca privada o pública extranjera. ¿Renuncia el Gobierno español a quedarse con los bancos de Rumasa o con algunos de ellos en el sector público después de participar ampliamente en su saneamiento?

R. El Gobierno socialista no tiene por qué quedarse con los bancos más afectados por la crisis. Si alguien quisiera nacionalizar bancos, cosa que no está prevista en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, con el que ganamos las elecciones, sería absurdo que empezase por los malos en vez de por los que están en buena situación. El programa electoral socialista es muy claro y no prevé nacionalización alguna de bancos. Sin embargo, se dice que, si un banco enfermo se reflotara y se pusiera en situación de obtener beneficios mayoritariamente con recursos públicos, el Estado debe ejercer el derecho que tiene a comprarlo. En los casos en que el nuevo Gobierno ha dejado de ejercer este derecho de tanteo, los bancos no estaban en situación de generar beneficios y el Estado hubiera tenido que seguir haciendo ingentes esfuerzos en ellos. El Gobierno ha pensado que había otros empleos más urgentes y socialmente más útiles para los recursos públicos. De todas formas, no descarto que en ciertos casos la propiedad pública de un banco pueda ser una solución idónea.P. Al expropiar Rumasa, ¿eligió el Gobierno el camino más seguro, aunque más caro?

R. El camino elegido fue el más constructivo, pero también -y se está demostrando ahora al compararlo con los costes del saneamiento de las experiencias anteriores eligió, en mi opinión, el camino más barato. Al ser la expropiación el procedimiento más rápido, es también el que menos deteriora. Las ayudas proporcionadas a los bancos de Rumasa son muy inferiores a las recibidas en término medio por los otros bancos en crisis y, por ejemplo, por Banca Catalana. Si sumamos las ayudas a Banca Catalana (123.216 millones de pesetas) con las recibidas por el Banco Industrial de Cataluña (95.249 millones) y con las del Banco Industrial del Mediterráneo (43.641 millones), da una cifra de apoyo al grupo de unos 250.000 millones de pesetas. Los 180.000 millones de pesetas que recibirán hasta fin de año los bancos de Rumasa suponen, con relación a los depósitos del grupo, al número de los empleados y a las pérdidas, un coste proporcionalmente muy inferior al de las crisis bancarias anteriores.

El Gobierno estudió las alternativas posibles, y estimó que el procedimiento de intervención del Fondo de Garantía de Depósitos o la expulsión de los bancos de Rumasa del FGD eran más costosos que la expropiación por decreto-ley. Si hubiéramos enviado la ley al Congreso, para su tramitación durante meses, en vez de expropiar por decreto-ley, los bancos habrían sufrido una sangría de depósitos pavorosa, por pérdida de confianza, y habrían arrastrado a las empresas a la quiebra. Con la expropiación por decreto-ley, el Patrimonio del Estado se hace cargo dé todo y lo respalda, y la fuga se reduce fundamentalmente al dinero negro que cobraba extratipos, o al de los asustados por razones fiscales, más las retiradas mínimas inevitables en todo traumatismo bancario.

Hay que tener en cuenta también que ningún Estado del mundo deja caer un grupo bancario o industrial importante, como ocurrió con la Chrysler en el nada intervencionista Estados Unidos y como ocurre frecuentemente en Europa. El coste social de estas medidas de apoyo hay que repartirlo colectivamente a través de los Presupuestos del Estado.

P. Ahora que conoce los datos finales de las auditorías de Rumasa, ¿cuál es su diagnóstico- sobre la verdadera enfermedad que padecía el grupo?

R. El problema básico era la carencia de fondos propios. El grupo Rumasa se había constituido sin apenas capitales. Y el mecanismo crecimiento, que aparece ahora muy claro, estaba basado en la compra de activos con los fondos de los depositantes, pensando que la economía produciría plusvalías para reembolsar los depósitos ajenos. Y todo ello, además, a un ritmo de crecimiento muy acelerado. José María Ruiz-Mateos compraba un edificio por 100 y pensaba poder venderlo por 1.000 y con esos 1.000 poder pagarlos 100 utilizados en la compra.

Después de comenzar la crisis económica en 1973 no se producen plusvalías, sino, muy al contrario, minusvalías. Rumasa era un negocio especulativo y arriesgadísimo que pretendía repetir el milagro de los panes y los peces. Cuando Rumasa se percató de que no podía generar beneficios para devolver los depósitos ajenos, decidió venderse a sí misma para generar de este modo plusvalías inexistentes. Y así llegó incluso a realizar un asiento contable por el que valoraba en el activo el Fondo de Comercio de la cartera de participaciones de Rumasa, SA, en 300.000 millones de pesetas, y se anotó una cifra semejante en el pasivo como fondos propios.P. ¿Por qué no fue posible la paz con Ruiz-Mateos?

R. Yo puse de mi parte todo por arreglar la situación lo más constructivamente que fuese posible. Nadie puede decir que no intenté el acuerdo. Intentamos que funcionase un procedimiento para conocer la situación mediante auditorías externas que venían exigiendo desde mucho antes el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos. El auditor se vio bloqueado, cuando no engañado. La cifra que Ruiz-Mateos daba como beneficio de Rumasa (45.000 millones) no eran sino sus pérdidas en 1982. Le pedimos que permitiera que la autoridad de supervisión bancaria pudiera dirigirse directamente al auditor. Hay que recordar que no se trataba de una auditoría realizada voluntariamente, por su cuenta, sino impuesta mediante exhorto del Fondo de Garantía de Depósitos. Por un lado, bloqueaba al auditor y, por otro, impedía que el Fondo preguntara al auditor. Al final, creo que no fue posible la paz porque Ruiz-Mateos se negaba a reconocer que Rumasa no estaba bien y a afrontar las consecuencias de su quiebra, que hubiera sido puesta de manifiesto por cualquier auditoría.

P. Si Ruiz-Mateos hubiera colaborado con el Gobierno, ¿se hubiera podido evitar la expropiación de Rumasa?

R. La solución hubiera sido desde luego menos brusca, pero, al final, habría aparecido, tarde o temprano, la verdadera quiebra del grupo. Si Ruiz-Mateos hubiera reconocido que tenía problemas, como ocurrió con Banca Catalana o con Explosivos Río Tinto, hubiéramos podido ayudarle. Pero nunca quiso reconocerlo, aun cuando yo estaba seguro de que la situación era gravísima. Busqué el procedimiento para conocer exacta y objetivamente la magnitud del problema. Pero no pudimos contar con su colaboración, sino al contrario, porque lo que trataba de ocultar era -luego lo hemos comprobado con total certeza- una quiebra total y sus presuntos delitos penales de falsificación de documentos, evasión de capitales, apropiación indebida e impagos a la Seguridad Social y a Hacienda.

El delito penal no se hubiera podido ni debido ocultar de ninguna manera. La justicia española no puede acusar y meter en la cárcel a uno que roba 4.000 pesetas y dejar libre a quien tiene responsabilidades de miles de millones. El Gobierno tiene que cumplir con la legislación vigente; por ello hemos enviado a los fiscales todos los expedientes de los bancos donde encontramos presuntos delitos. Se ha hecho con los bancos de Descuento y de Levante, se hará con Banca Catalana y, naturalmente, Rumasa no podía ser una excepción.

P. ¿Expropió el Gobierno por si acaso, sin saber lo que había detrás de Rumasa, o conocía lo suficiente para presumir la quiebra. técnica del grupo?

R. Nada más llegar al Gobierno supimos que la situación de Rumasa era insostenible y que se agravaba por momentos. De la parte conocida por auditorías e inspecciones del Banco de España antes del día de la expropiación, es decir, sobre unos activos valorados en unos 100.000 millones de pesetas, sabíamos que el neto patrimonial era negativo por unos 4.000 millones de pesetas; era evidente que estábamos frente a una muy probable quiebra.

P. ¿Estaba el Gobierno preparado para la expropiación o tuvo que improvisarla como respuesta al desafío público de Ruiz-Mateos y/ o a la aceleración de la crisis con sangría de depósitos?

R. El Gobierno tenía en su poder los informes fiscales y los del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos, y venía estudiando desde enero las posibles alternativas de soluciones a través de una comisión especial constituida para el caso, y yo había expuesto el problema a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

P. ¿Fue fría y premeditada su primera declaración pública a la Prensa sobre la situación de Rumasa y la amenaza de enviar los inspectores si no cumplía los plazos fijados por el Fondo para entregar las auditorías?

R. Como era consciente de la magnitud del problema y de su agravamiento continuo, hice la advertencia pública a que usted se refiere de modo totalmente claro. Había que romper el punto muerto para poder afrontar el problema sin producir una catástrofe financiera. Pero la reacción de Ruiz-Mateos a mis declaraciones fue completamente inadecuada y desproporcionada. Como estaba ya contra las cuerdas, Ruiz Mateos quiso probablemente aprovechar la ocasión para producir un maremágnum y, en la confusión, acusar al Gobierno de haber provocado su crisis. No es lógico desafiar a un Gobierno si se cree que un problema tiene solución. Sólo se concibe esta reacción -salvo una megalomanía patólogica- si se está convencido de que no hay solución o si hay delitos de por medio que colocan al protagonista contra las cuerdas.

P. ¿Puede Ruiz-Mateos desempeñar un cierto papel de árbitro en el proceso de reprivatización en el grupo de Rumasa presionando con pleitos sobre los compradores?

R. No veo cómo y por qué. Ruiz-Mateos no puede actuar contra un tercero que compre de buena fe un bien que es del Estado. En todo caso, Ruiz-Mateos podría recurrir contra el Estado, pero no contra el comprador, y por tanto no puede desempeñar ningún papel de árbitro.

P. ¿Que opinión le merece la afirmación de Ruiz-Mateos según la cual la expropiación de Rumasa formaba parte de una operación política de largo alcance contra el Gobierno socialista?

R. Ruiz-Mateos ya no sabe qué decir; me parece una cortina de humo ingenua o una fantasía delirante. Está tratando de implicar a personas importantes de la vida española inventando bobadas, porque no puede soportar ante sí mismo y ante los demás la realidad de sus actos. Ha llegado a decir que todos los empresarios españoles son de su condición. Algún amigo suyo ha escrito, confundiendo los términos, que sólo pide que el Tribunal Constitucional le devuelva el honor. Pero el Tribunal Constitucional sólo se pronunciará sobre el método utilizado por el Gobierno para afrontar el problema. La cuestión de fondo y la devolución eventual del honor de Ruiz-Mateos tendría que venir por los tribunales ordinarios de justicia -ante los que no se ha presentado a explicar sus argumentos-, y demostrando que las auditorías de 16 firmas se equivocan y que en vez de un déficit patrimonial -vulgo agujero- de 257.000 millones,- el grupo tenía una diferencia positiva entre sus bienes y sus deudas. La verdad es que los bienes del grupo valían el 23 de febrero unos 800.000 millones y que sus deudas se elevaban a 1,1 billones. De ahí el agujero o patrimonio negativo de casi 300.000 millones. Una quiebra como una montaña.

P. ¿Qué ha aprendido el Gobierno con el tema de Rumasa?

R. Tengo la esperanza fundada de que esta experiencia no nos servirá en el futuro, ya que, como la crisis bancaria está definitivamente cerrada, no tendremos necesidad de volver a aplicar lo que ha sido necesario hacer en el caso de Rumasa. En cualquier caso, vamos a reforzar la legislación y los poderes de las autoridades para que nunca en el futuro un fenómeno tan anómalo como este puede llegar tan lejos.