Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Asamblea autónoma aprobó el proyecto de ley sobre traspaso de materias educativas

El pleno de la Asamblea autónoma de Madrid aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley sobre transferencias en materia de enseñanza, que remitirá al Gobierno Central para su consideración. En caso de que el Gobierno lo enviara a las Cortes y éstas aprobaran la correspondiente Ley Orgánica, la comunidad madrileña recibiría antes del próximo curso escolar las competencias educativas no universitarias sin tener que esperar cinco años como fija el Estatuto de Madrid.El texto del proyecto de ley, debatido previamente por la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Asamblea de Madrid, fue aprobado tal como llegó al pleno tras ser rechazadas las enmiendas presentadas por el grupo de diputados comunistas. El PCE solicitaba la desaparición de los controles que tendrá la Administración central sobre las competencias que se transfieran. Lo comunistas consideran que estos controles ya figuran en la Constitución.

Especial atención mereció la posibilidad de que, en caso de incumplimiento, el Gobierno podría suspender -a partir de los tres meses de la última advertencia- el ejercicio de la Comunidad Autónoma de todas o algunas de las facultades y servicios transferidos. El Gobierno daría entonces cuenta a las Cortes, que resolverían sobre el levantamiento de la suspensión o la revocación de las transferencias.

Manuel Corvo, diputado del PCE, teme que, al no especificarse si esta decisión de las Cortes exige mayoría simple o absoluta, la Cámara legislativa pueda suspender por mayoría simple unas facultades que, al ser otorgadas por Ley Orgánica, tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta.

El PSOE defendió el texto con el argumento de que es similar al aprobado en las leyes orgánicas de transferencias en materia de Educación para las comunidades de Valencia y Canarias, lo cual hizo que la enmienda comunistas fuera rechazada. Asimismo se rechazó otra enmienda del PCE que fijaba un plazo de dos meses para el caso de que el Gobierno no remitiera el proyecto de Ley Orgánica a las Cortes: según la enmienda, la Asamblea de Madrid remitiría entonces directamente el texto a la Mesa del Congreso. El diputado socialista Jaime Lissavetzky manifestó que la introducción de esta enmienda no era "ni elegante ni pertinente".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de diciembre de 1983