La huelga de hambre que mantienen 300 personas en Marinaleda se extiende a otros tres pueblos andaluces

La Guardia Civil investiga en Marinaleda el volumen de pan que se consume en el pueblo, en el que 300 personas están en huelga de hambre. El alcalde, Sánchez Gordillo se entrevistó ayer con el gobernador civil de la provincia y calificó de "monologo impositivo" la entrevista. El gobernador civil, a su vez, manifestó que no piensa adoptar otra actitud que la de defender la legalidad. La huelga de hambre se ha extendido a tres pueblos más de la zona sur. En la sierra de Cádiz, los jornaleros del sindicato Obrero del campo (SOC) preparan acciones conjuntas con sindicatos autónomos de las bodegas de Jerez y de los astilleros. En Marinaleda, el gran feudo del SOC, 25 personas, entre ellas el alcalde, están. ea huelga de hambre desde hace ocho días, 125 más desde hace cuatro y otras 150 más desde hace tres. En Gilena son 21 las personas en huelga de hambre, siete en Martín de la Jara y seis en Los Corrales. A ello hay que unir un encierro en El Coronil. Todo ello viene como protesta por la aplicación de la unidad familiar criterio restrictivo en el reparto de los beneficios del paro comunitario. La aplicación de dicho criterio deja fuera del paro a una; 70 personas en Marinaleda, personas que se contarían entre las más necesitadas del pueblo. La huelga de hambre estaría basada en un criterio de solidaridad con los excluidos. Al propio tiempo, supone una protesta contra dicha norma, que consideran injusta los jornaleros y que estiman que se ha aplicado discriminatoriamente, pues en la provincia de Cádiz no se ha producido ninguna exclusión por este motivo.Alfonso Garrido Ávila, gobernador civil de Sevilla, se mantuvo firme en su criterio de aplicar la legalidad y de no hacer excepción alguna y en tal sentido, se manifestó ante la comisión de jornaleros que le visitó en la mañana de ayer y ante los medios de comunicación, aunque prometió al alcalde de Marinaleda revisar los casos de exclusiones por si habían existido injusticias. Sánchez Gordillo calificó la entrevista de "diálogo impositivo" y anunció que tras dos días de "espera dialogante" procederán a acciones más visto como pudieran ser sentadas ante el Parlamento andaluz o la casa particular del presidente de la Junta, Rafael Escuredo.

La base de este descontento que vuelve a surgir en los jornaleros podría estar, más que en las propias exclusiones del paro comunitario, sistema que va a ser suprimido a primeros de 1984, en el proyecto de sustitución.

Oposición al nuevo proyecto

El paro comunitario será sustituido por un triple sistema consistente en un seguro de desempleo, un fondo de empleo rural y un plan de formación profesional. Los jornaleros no tienen ninguna confianza en el nuevo sistema, y menos a raíz de haber conocido, en un reciente encuentro agrario celebrado en Jerez, que el seguro sólo será facilitado a familias que no estén por encima del 150% del salario mínimo interprofesional y que el fondo de empleo rural sólo dará trabajo a un 15 % de los jornaleros desocupados.La Delegación del Gobierno en Andalucía ha mediado frecuentemente ante los jornaleros pero se encuentra, según un alto portavoz de la misma, en dificultades para dar soluciones. "Sólo quieren trabajo, y trabajo no hay", comentaba dicho portavoz. La tarea de la delegación se ha visto interferida en una ocasión por una llamada de Felipe González a Sánchez Gordillo, que a raíz de la misma envió al presidente un plan piloto para la comarca de Marinaleda. Sáncheí Gordillo no ha recibido respuesta a este plan.

La aplicación de los criterios restrictivos en el censo de beneficiarios del paro comunitario ha venido como consecuencia de un fuerte incremento experimentado en el número de los mismos. En los primeros 10 meses de 1983 el número de perceptores ha sido un 44% superior al del año 1981 y un 25,7% mayor que en 1982. Los jornaleros achacan tal aumento a la mecanización del campo y la ausencia de cultivos sociales, pero las autoridades han encontrado indicios de fraude en algunos casos.