Videomanía

AL TIEMPO que el Gobierno socialista francés abre a la iniciativa privada el ámbito de la Televisión y que se anuncia la próxima puesta en funcionamiento de emisoras que cubrirán -mediante satélites- los territorios de varios países europeos, la videomanía desplaza en España a los programas de las dos cadenas estatales en provecho de las películas grabadas y rompe de esta forma el monopolio televisivo. El crecimiento de las ventas permite calcular que los 300.000 videoscopios-domésticos existentes en España en 1982 se triplicarán antes de dos años. Los esfuerzos intervencionistas de la Administración para poner puertas al campo terminan agotados por los cambios sociales, las innovaciones tecnológicas y las iniciativas espontáneas de los ciudadanos. La discusión sobre la conveniencia de autorizar en España emisoras privadas de televisión comienza a revestir ya el aire de esas polémicas que alcanzan su punto máximo de acaloramiento justo cuando nuevos hechos o nuevas ideas despojan de sentido su mismo planteamiento.La indigencia y la monotonía de la programación de TVE ha sido un factor decisivo para el notable incremento de los aparatos de vídeo y para la proliferación de organizaciones comerciales dedicadas a la venta y alquiler de cintas grabadas. Según algunos cálculos, en el mercado español existen actualmente un millón de cintas en soporte vídeo, la mayoría de las cuales se comercializan a través de unos 3.000 videoclubes. El tirón de la demanda facilitó que negociantes poco escrupulosos montaran un gigantesco mercado de grabaciones piratas de las películas de mayor éxito, adelantándose en ocasiones a su estreno. De los 5.500 vídeos comercializados, se calcula que cerca de 3.000 son piratas. El Ministerio de Cultura intenta contener esa invasión ilegal mediante la aplicación del decreto de 1 de septiembre de 1983, que al parecer será desarrollado a través de una orden ministerial que exigirá la adopción de unos sellos o certificados de legalidad en cada copia de vídeo, tanto en el soporte interno como en la carátula.

También el Departamento de Cultura de la Generalitat ha elaborado unos decretos para regular el material audiovisual. En palabras del jefe del gabinete técnico del citado departamento, Miquel Vila, estas medidas "persiguen limpiar a fondo el mercado del audiovisual, muy maltrecho en estos momentos, ya que no se respeta ni la propiedad intelectual ni la industrial". Estos decretos contienen medidas más estrictas que las vigentes actualmente en el resto de España. Las sanciones incluyen la retención del material ilegal, multas de hasta 500.000 pesetas y la clausura del establecimiento hasta un máximo de seis meses.

Estas medidas eran necesarias, ya que la piratería del vídeo incurre en responsabilidades similares a las que se derivan de la edición clandestina de libros o de discos y lesiona gravemente no sólo los derechos de propiedad intelectual sino también los intereses de los industriales y comerciantes que realizan esa actividad dentro de la ley. Aunque tal vez los cálculos resulten exagerados, algunas estimaciones valoran en más de, 100.000 millones de pesetas anuales la cifra de negocios del conjunto de esas actividades ilícitas durante 1982. No se trata de una manifestación de economía sumergida, caracterizada fundamentalmente por ocultaciones a la Seguridad Social y al fisco, sino de una simple estafa.

Pero esa desbordada ocupación de las pantallas de los televisores por las cintas de vídeo, sean legales o ilegales, puede también servir al Gobierno y a la mayoría socialista como motivo de reflexión acerca de la inanidad de su aferramiento al monopolio televisivo. Cuando las nuevas medidas surtan su efecto y el mercado del vídeo se regularice, los consumidores saldrán ganando en la calidad de las grabaciones y los titulares de la propiedad quedarán protegidos en sus derechos, pero los videoscopios continuarán siendo alimentados mediante grabaciones caseras y ofertas en regla. La sociedad se dispone a organizarse, por libre, su propia televisión privada, con la única salvedad de que por el momento sólo familias de rentas medias y elevadas podrán disfrutar de ese privilegio, dados los precios del mercado.