María Gómez de Mendoza: "La sanidad es un polvorín, y el Gobierno central no lo ve"
María Gómez de Mendoza, consejera de Salud y Bienestar Social de la comunidad autónoma de Madrid, se muestra preocupada por las dificultades políticas y técnicas para realizar la reforma sanitaria en esta región. "Esto", dice, aludiendo a problemas básicos como el de la salud, "es un polvorín y el Gobierno central no lo ve". María Gómez de Mendoza explica que "los aspectos sanitarios y sociales se interrelacionan, y es por eso que los tratamos desde una misma consejería, aunque diferenciados". Como ejemplo ilustrativo, señala la consejera que la mayoría de los internos del Psiquiátrico Provincial no son enfermos, sino asilados.
La actuación de este departamento de la administración autonómica se desarrollará a través de dos ramas de servicios, una para la salud y otra para el bienestar social, que "en muchas ocasiones estarán unidas por la base". Y la consejera viene a explicar que, en la asistencia primaria, "es impensable, por los costos, tener centros separados".Pregunta. ¿Cuál es la situación actual de la actividad de esta consejería?
Respuesta. Estamos trabajando en la elaboración del plan regional, que lleva a cabo un equipo multidisciplinar de profesionales. Nos hemos dado de plazo hasta junio del año próximo y partimos de una idea clara: con los medios disponibles se puede prestar un mejor servicio. La situación es favorable. Madrid es una sola provincia y tiene suficientes recursos, aunque con notables desequilibrios en el reparto. María Gómez recuerda, como un exponente de la irracional organización de la red asistencial, el caso del hospital de Villa de Prado, "construido a causa de favores y alcaldadas, completamente inútil, y que está ahí, vacío".
P. ¿Cuáles son las líneas principales de ese plan regional?
R. Lo fundamental es saber de qué disponemos. Hasta ahora, y aunque parezca increíble, nadie sabía lo que había en Madrid, ni en recursos materiales ni humanos. Ahora ya tenemos un banco de datos y hemos empezado a establecer la distribución por zonas, de acuerdo con ellos. El mapa sanitario-social de Madrid vendrá después. Hay varias líneas de trabajo: desarrollar una planificación previa de la asistencia, contar con un sistema de formación en salud pública en un sentido amplio... Pretendemos crear un instituto regional de salud pública que pueda dar salida a unos 50 profesionales por año. Haremos esto si no llega a cuajar la idea de un instituto de tales características a nivel nacional y en colaboración con la Universidad Complutense.
P. ¿La ejecución de este plan regional implicará un incremento de gastos?
R. No va a costar una peseta más, sino que tal vez se produzca un ahorro. Hay que buscar un punto intermedio entre la economía de recursos sanitarios y la reforma. Se puede ahorrar en gastos farmacéuticos o en gastos hospitalarios que hoy resultan. demenciales, y derivar la fuerza de la gestión hacia la atención primaria.
P. ¿Y cuáles son los obstáculos para llevar adelante la reforma en la región?
R. Pues son políticos y técnicos. Entendemos que en un momento de crisis como el que vivimos hay muy poco que hacer en otros campos, pero mucho en este de los problemas básicos, como los sanitarios o los educativos. Ésta no es una opinión muy compartida por el Gobierno central. Y creo que tiene que cambiar esa opinión porque la paciencia de la gente llega hasta extremos increíbles, pero algo tiene que pasar cuando vea que, al cabo de dos o tres años, los ambulatorios siguen igual. Esto es un polvorín y el Gobierno central no lo ve, absorbido por otros asuntos, como el terrorismo o los problemas internacionales. Así es que hay que contar con ciertas limitaciones, pero, en cualquier caso, lo que se haga hay que hacerlo razonadamente bien. Y luego, nos enfrentamos al retraso en el traspaso de servicios y competencias. No hay nada aún.
P. Cuando puede producirse el traspaso del Insalud provincial?
R. Es dificil que esté resuelto para enero de 1985. Mientras no se produzca este traspaso, las dificultades para la planificación son muy grandes. Parece que estamos a punto de recibir los servicios de la dirección provincial de Sanidad. En general, los tecnicismos ocasionan problemas graves. Por ejemplo, en el caso de la transferencia de los funcionarios de Sanidad de Madrid, éstos tienen funciones de doble carácter. Por un lado, tienen competencias locales, y, por otro, dependen del Instituto Nacional de la Salud. Como las transferencias del Insalud no se han producido, al recibir el traspaso de la dirección provincial de Sanidad es como si recibiéramos sólo la mitad del funcionario.
P. ¿A qué se debe el retraso en las transferencias?
R. Sólo puedo dar una respuesta subjetiva. Quizá por miedo a que la gestión sea deficitaria, como ha ocurrido en Cataluña. O quizá por la resistencia ministerial a practicar su propia merma de competencias, que en este caso quedarían reducidas a la coordinación, la alta inspección y la sanidad exterior. También existe una, digamos, diferencia de criterios respecto a si se traspasan o no determinados centros llamados nacionales, como la clínica Puerta de Hierro, el Ramón y Cajal o la Escuela de Enfermedades del Tórax, por poner unos ejemplos. Aquí tenemos abierta una polémica. Está comprobado que cada vez viene menos gente de fuera a los hospitales de Madrid, que no sobrepasan el 20% de la ocupación. Y, si no se puede disponer de determinados recursos, es más difícil lograr la red asistencial integrada que pretendemos. El primer paso en las transferencias debe ser la asistencia primaria. Entre tanto, estamos trabajando conjuntamente con el Insalud en la planificación, pero la actuación práctica no se coordina por parte de este organismo con la debida conexión. Otro de los problemas que inciden en tal desconexión es la política de conciertos de la Seguridad Social con los centros sanitarios públicos y privados. Hay un error en esta actuación. Se concierta poco con los centros públicos y, sin embargo, hay listas de espera de hasta seis meses en algunos servicios de los hospitales de la Seguridad Social, como en cardiovascular, que producen una mortalidad del 15%, y, además, suponen un mayor costo económico.
