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El presidente de la CEOE pide al ministro de Industria que reconsidere el 'parón' nuclear en cuatro centrales

El creciente abismo abierto entre el sector eléctrico y la Administración a raíz del parón nuclear fue abordado por el ministro de Industria, Carlos Solchaga, y por el presidente de la patronal CEOE, Carlos Ferrer Salat, y el presidente de Confemetal, Carlos Pérez de Bricio, en la reunión que mantuvieron a última hora del viernes para tratar sobre la reconversión industrial. Los dirigentes patronales trataron no sólo sobre la moratoria nuclear y sus consecuencias, sino también sobre un asunto específico del sector eléctrico, la reciente revisión de tarifas.

La intervención sobre el tema energético de Ferrer Salat y Carlos Pérez de Bricio -uno de los principales candidatos para suceder a Carlos Ferrer cuando éste finalice su mandato al frente de la CEOE-, es decir, de los dos pesos pesados de la patronal, ante Carlos Solchaga, supone el reconocimiento formal de que se ha abierto una profunda crisis en los mecanismos de diálogo entre el sector eléctrico y la Administración. Esta presencia resalta también la preocupación que en otros sectores del empresariado (construcción, bienes de equipo) ha levantado la decisión de la moratoria nuclear.Los dirigentes de la patronal solicitaron concretamente a Carlos Solchaga que se reconsidere la dimensión del parón nuclear (que en principio debería afectar a cinco grupos) y se dé vía libre a cuatro centrales. Para ello esgrimen las previsiones de demanda confeccionadas por la patronal eléctrica Unesa, más optimistas que las elaboradas por el Gobierno. Las cuatro centrales reivindicadas son: Valdecaballeros I, "que es clave porque cubre Andalucía"; Trillo I y Vandellós II "porque ya están muy adelantadas" y Lemóniz I, "porque no hay razón de que todos los españoles paguemos el impuesto revolucionario por el chantaje terrorista", según argumentó a este diario el presidente de la CEOE, Ferrer Salat. En su opinión, "si no se da vía libre a estas centrales, toda la industria auxiliar quedará tocada de muerte". Al parecer, el Gobierno estaría dipuesto a reconsiderar la paralización de dos de estas centrales, pero no de las cuatro.

Las tarifas

El malestar por la moratoria nuclear se ha ido haciendo más profundo en el sector eléctrico, a medida que las distintas empresas han ido analizando en profundidad el impacto de la revisión de tarifas aprobado simultáneamente por el Gobierno. Muchas de ellas han concluído en que "en este ejercicio, o amortizamos o repartimos dividendo, pero será imposible abordar ambos retos a un tiempo, dada la revisión de tarifas", La eventualidad de verse abocadas a la necesildad de no repartir dividendo a sias accionistas hace temblar a las empresas del sector, por cuanto rácticamente cerraría una de sus fuentes de financiación interiores, mientras que el endeudamiento externo ha llegado ya, en general, a su techo y resulta además excesivamente generoso.

En la entrevista mantenida por el ministro y los dirigentes de la CEOE, éstos solicitaron que las tarifas no quedasen supeditadas a "nuevos controles intervencionistas" (por ejemplo, hacer depender las autorizaciones de nuevas tarifas de la realización de auditorías, o la eventual limitación de dividendos, "que dificultaría las ampliaciones de capital") y otras medidas "que puedan suponer una nacionalización encubierta".

El malestar suscitado en el sector por el aumento de las tarifas no se circunscribe únicamente a la cuantía del mismo, sino también a los efectos distributivos que el cambio de estructura producirá. Entre otras razones, porque del alza del 6% aprobada, tres puntos deberán ir a un fondo controlado por la Administración para compensar a las afectadas por la moratoria nuclear. Pero como sucede que hasta el momento la única empresa afectada por una moratoria (si bien por razones imputables al acoso a la central de. Lemóniz) es Iberduero, otros medios sustentan que dicho fondo sólo beneficiará a la compañía vasca.

Estos medios sostienen el siguiente razonamiento: si se calcula que la recaudación del sector se aproxima anualmente a los 700.000 millones de pesetas, y a esta cantidad se le aplica el 3% -parte del aumento que se destina al fondo de compensación por la moratoria-, resulta que el fondo se nutrirá de unos 21.000 millones de pesetas. Dicha cantidad es muy similar a la carga financiera de Iberduero generada por la inactiva Lemóniz. Tal equivalencia ha suscitado un cierto resquebrajamiento de la unidad interna del sector, que se superpone con la insatisfacción derivada de sus relaciones con el Gobierno. Ello está en la base de que la cúpula de la gran patronal haya realizado una primera intervención sobre el asunto y de que se prefiguren próximos cambios en el sector eléctrico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de noviembre de 1983

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