El próximo 15 de diciembre se repetirá en la Audiencia de Barcelona la vista por el atentado a la sala de fiestas Scala

El próximo 15 de diciembre se repetirá en la Audiencia de Barcelona la vista oral por el atentado a la sala de fiestas y restaurante Scala para juzgar a Joaquín Gambín Hernández, presunto inductor del siniestro en el que murieron cuatro trabajadores y se produjeron daños por valor de 300 millones de pesetas. Por otra parte, la sala segunda de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso planteado por María Teresa Fabrés Oliveras, que reclama una indemnización de 10 millones por los daños causados por su detención "provisional", que duró 24 meses.

Seis militantes anarquistas ocuparon el banquillo de los acusados de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el mes de diciembre de 1980, para ser juzgados por el atentado al restaurante-sala de fiestas Scala, de Barcelona. La vista oral se cerró con una sentencia que condenaba a los tres principales imputados -José Cuevas, Francisco Javier Cañadas y Arturo Palma Segura- a penas de 17 años de prisión por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. En la misma sentencia se condenó a Luis Muñoz García a 18 meses de prisión y a María López Jiménez a cinco meses de arresto, y se absolvió a María del Pilar Álvarez Álvarez.Este juicio oral, que algunos sectores quisieron convertir en un juicio político contra la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el movimiento libertario, terminó con una dura acusación contra un procesado ausente: Joaquín Gambín Hernández, a quien se supuso desde el primer momento inductor del hecho. A Gambín Hernández se le acusaba también en medios anarquistas de ser un confidente policial, que se había infiltrado en los movimientos libertaúios de Barcelona para desacreditar y destruir la organización desde el interior.

Un año después de que se celebrara el juicio por el atentado contra la sala de fiestas Scala, Joaquín Gambín Hernández fue detenido en la estación ferroviaria de Valencia, tras un tiroteo con la policía, cuando estaba cerrando una transacción de armas. Joaquín Gambín, que por aquella época utilizaba el nombre falso de Joaquín Martínez Sánchez, fue identificado horas después de su detención, en el hospital Clínico de Valencia, cuando le atendían de las heridas sufridas en el enfrentamiento.

El juicio oral que el próximo 15 de diciembre se seguirá contra Joaquín Gambín Hernández no cerrará definitivamente el caso Scala. Otros tres militantes libertarios, presuntarnente implicados en el atentado, esperan ser juzgados. Uno de ellos es Jesús, Emilio Fortes Gil, detenido casualmente el 12 de enero de 1982 en Monterrotondo, a pocos kilómetros de Roma. La justicia itatana concedió hace pocos meses su extradición y las autoridades españolas están pendientes de su traslado.

Carlos González García y Francisco Martínez Pérez son los otros dos libertarios presuntamente implicados en el caso del atentado a la sala de fiestas y restaurante, pero será muy difícil que estos dos, procesados sean juzgados por este hecho, ya que ambos viven en Toulouse (Francia) y tienen carta de residente como refugiados políticos.

María Teresa Fabrés

Coincidiendo con de la repetición del juicio del caso Scala, la sección segunda de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso planteado por María Teresa Fabrés y reclama una indemnización de diez millones de pesetas por "un erro judicial", que la mantuvo "provisionalmente" 24 meses en prisión.María Teresa Fabrés ingresó en la cárcel el 17 de enero de 1978, acusada de estar implicada en el atentado a Scala. En el mes de enero de 1980 fiscal, Alejandro del Toro, retiró las acusaciones que, había contra ella, y María Teresa Fabrés abandonó, sin necesidad de ser juzgada, la cárcel de mujeres de La Trinidad de Barcelona. Se iniciaba de esta manera un procedimiento judicial reclamando los daños y perjuicios ocasionados por una prisión que ella consideraba un "error judicial".

El procedimiento entablado por el abogado Josep Maria Loperena, en nombre de la muchacha, fue resuelto el pasado mes de octubre con una sentencia de la Audiencia Nacional. En la sentencia se asegura que no hubo "error judicial", que permaneció en prisión provisional por que existían "indicios racionales de criminalidad" y que al desaparecer se decretó el sobreseimiento de su causa.

Cinco días después de que se dictara esta resolución, María Teresa Fabrés presentó recurso ante el Tribunal Supremo.