La entrada de marroquíes en Ceuta debe ser limitada, según el delegado del Gobierno

Manuel Peláez, delegado del Gobierno en Ceuta, ha manifestado que piensa seguir adelante con unas medidas de control para limitar la entrada diaria en la plaza de unas 500 empleadas marroquíes. Las medidas, aplicable a partir de noviembre, han provocado fuertes críticas por parte del gobierno de Rabat y en algunos círculos ceutíes. Pese a las críticas, Peláez es taxativo: "Se trata de erradicar una explotación humana propia de un régimen colonial".

Manuel Peláez manifestó ayer a EL PAIS su sorpresa por la trascendencia que había adquirido el anuncio, tanto en la Península como en Marruecos, de, una medida legal. "Es curioso", dijo, "pero un estornudo en esta ciudad se transforma en una pulmonía en la Península... y no digo nada de lo que supone para Marruecos". Como representante del Gobierno, trata de, aplicar la legalidad para evitar la explotación por parte de ciudadanos españoles de trabajadores de otra nacionalidad.Las controvertidas medidas anunciadas, consisten en un control de pasaportes en la frontera ceutí del Tarajal. Con ello, según informó el delegado del Gobierno, se atajaría en el plazo de dos o tres meses un trasiego ilegal de trabajadoras del hogar marroquíes que actualmente atraviesa la frontera con un permiso policial incontrolable. Aunque no se tienen unos cálculos precisos del número de personas afectadas, la delegación del Gobierno estima que las empleadas marroquíes afectadas, principalmente de las poblaciones

de Fnideq (antiguo Castillejos) y Tetuán, podrían alcanzar la cifra de 500.Estas trabajadoras, que supuestamente cruzan a diario la frontera en ambos sentidos, prestan sus servicios en 180 hogares ceutíes. Su contratación, una costumbre tradicional arropada en prácticas clandestinas, es ilegal. Cobran salarios que oscilan entre las 8.000 y las 10.000 pesetas, y al no disponer de pasaportes (por lo tanto no figuran como emigrantes), carecen de los más mínimos derechos de cualquier trabajador, como es el de la Seguridad Social.

Ante esta situación, la delegación del Gobierno exigirá el pasaporte a estas empleadas marroquíes, documento que habrá de expedir su país de origen. Bajo este trasiego de mano de obra la Administración española tiene fundadas sospechas de que. se esconden otros asuntos turbios, como el tráfico de hachís, la extorsión e incluso la práctica de la prostitución. Para paliar estos hechos también se incrementará la vigilancia y control.

Manuel Peláez, asegura no comprender la reacción adoptada por del embajador de España en Marruecos, Raimundo Basolls, quien ha protestado por la medida a instancia de la Administración marroquí.Pese a la protesta de la Asociación de Amas de Casa Ceutíes -que ha dirigido un telegrama al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra- y los comentarios de desaprobación por las medidas que circulan en algunos medios de la ciudad -como es el caso de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación- en la delegación del Gobierno se estima que las medidas anunciadas beneficiarán a esta ciudad, que cuenta con 65.000 residentes, de los cuales 15.000 son marroquíes legalmente asentados.