El fiscal pidió ayer seis años y un día para Miguel Castells, ex senador de Herri Batasuna, por injurias al Gobierno

El juicio contra el ex senador de Herri Batasuna (HB) Miguel Castells por un presunto delito de injurias graves al Gobierno se celebró ayer ante la sala segunda del Tribunal Supremo, en medio de fuertes medidas de seguridad y con asistencia de numeroso público, parte del cual tuvo que quedarse fuera de la sala. Castells, para el que el fiscal solicita una pena de seis años y un día, ratificó ser el autor del artículo periodístico que originó el proceso, aunque precisó que no tenía Intención de injuriar al Gobierno, sino de denunciar una situación "que sigue siendo verdad al cabo de seis años".

El origen del presunto delito fue la publicación, el 14 de junio de 1979, en la revista vasca Punto y Hora de un artículo escrito por Castells, titulado Insultante impunidad en el que aludía a la falta de aclaración de unos ochenta asesinatos cometidos por elementos incontrolados en Euskadi y culpaba al gobierno de UCD de cierta connivencia y permisividad con los autores de tales acciones.Miguel Castells era senador de Herri Batasuna en la fecha en que escribió el artículo en cuestión, por eso el juicio se celebró ante el Tribunal Supremo, ya que los parlamentarios tienen fuero especial. El suplicatorio para su procesamiento fue concedido por el Senado con los votos a favor de UCD y la oposición de los miembros del PSOE y PNV.

Al juicio asistieron toda la directiva de HB, el suizo David Lachat, representante de Amnistía Internacional; Loretta Capelloni, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas; el belga Dioni Fernández, de la Liga Internacional para la Protección de Derechos del Hombre; y otros representantes de entidades y colegios de abogados además de un centenar de personas desplazadas desde el País Vasco.

Una compañía de policías antidisturbios vigiló durante la mañana las inmediaciones del palacio de justicia. Una veintena de ellos tomó posiciones en la zona próxima a la sala, lugar al que se accedía atravesando un arco de detección de metales y un control de la Guardia Civil.

Sin ánimo de injuriar

El fiscal, Manuel Cacho inició el juicio con una única pregunta, acerca de la autoría del artículo. Castells respondió "Soy el autor, así lo manifesté, y me ratifico en ello".El defensor, Enrique Villa, desglosó el artículo en frases y fue preguntando al ex senador, por su intención al escribirlas. Castells, que asistió a la vista con toga y permaneció en todo momento sentado en el lugar de la defensa, afirmó que en ningún momento tuvo ánimo de injuriar al Gobierno, sino de denunciar una situación que se había iniciado en 1977. Enunció varios casos de asesinatos reivindicados por supuestas organizaciones de ultraderecha, que no se han aclarado. Entre ellos citó el de Joseba Barandiarán, y dijo que el contenido del artículo seguía siendo verdad al cabo de seis años. "En Junio de 1979 hice una lista parcial de personas que habían sido asesinadas. Escribí eso porque era notorio y lo denuncié porque tenía la necesidad de denunciar las injusticias", afirmó el ex senador.

A preguntas del presidente del Tribunal, Fernando Díaz Palos, Castells explicó que al decir en el artículo que "detrás de esas acciones sólo puede estar el Gobierno" se refería al partido que estaba en el poder, pero no al Gobierno como institución. Añadió que quienes estaban en ese momento en el poder, "estaban detrás, beneficiándose o cometiendo un error político, aunque sólo fuera por omisión"

El fiscal solicitó una pena de seis años y un día de prisión por delito de injurias graves al Gobierno, ya que, según dijo en su informe, el ex senador tuvo intención de desprestigiar al Gobierno y no de realizar una crítica de tipo político, ya que el ánimo de informar se podía haber conseguido sin afectar al honor de las personas o del ejecutivo.

Respecto a la inviolabilidad parlamentaria, el fiscal dijo que sólo es aplicable a las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, pero nunca en artículos de prensa. Finalizó diciendo que eran "injurias enviadas a un periódico, escritas por un profesional del derecho, que además era senador".

El defensor, Enrique Villa, afirmó que sólo forzando la lectura del artículo podía desprenderse tina imputación de Castells al Gobierno, y agregó que fue el propio Gobierno de UCD el que concedió el suplicatorio en contra de los demás partidos, por lo que se convertía así en juez y parte. Concluyó pidiendo la absolución para Castells.

Castells, en su autodefensa, dijo que jamás se había concedido un suplicatorio por un delito político de opinión y que el auténtico problema era que se trataba de ocultar la otra cara del País Vasco, pues sólo se conoce la de televisión. Comparó su artículo con las denuncias de los casos Watergate, los diamantes de Bokassa y los escándalos sexuales de Gran Bretaña y agregó que es cierto que España es diferente, pues estos casos culminaron con diversas destituciones o dimisiones, mientras que él fue procesado. El ex senador aludió a otros artículos periodísticos recientes que responsabilizaban al Gobierno de "guerra sucia" en el País Vasco, que no han tenido consecuencias. Parte del público aplaudió la última frase de Castells: "si nosotros callamos, otros seguirán hablando y lo harán mejor".