Jubilación anticipada

Recientemente se ha aprobado por el Gobierno el llamado ante proyecto de ley de medidas para la reforma de la función pública, una de cuyas novedades es la jubilación obligatoria a los 65 años que, según fuentes gubernamentales, posibilitaría para 1985 un ahorro presupuestario importante y la renovación de 40.000 puestos de trabajo.Hasta aquí los hechos. Y la reacción de los afectados es clara: no tenemos nada contra la creación de nuevos puestos de trabajo. No tenemos nada, contra la solidaridad entre los que trabajan y los que esperan poder hacerlo algún día.

Lo que ya no nos parece tan ético es que la carga de esta solidaridad haya de recaer de forma forzosa y exclusiva sobre los jubilados anticipadamente. Porque a los trabajadores en activo se les aumentará el sueldo cada año (aunque, eso sí, en proporción inferior al incremento real del coste de la vida), independientemente de que haya más o menos parados y, en cambio, a los funcionarios afectados por esta jubilación anticipada se les obliga a ceder su puesto, lo que sería tolerable si para los funcionarios jubilación viniera de júbilo, pero ya sabemos que no es así, desgraciadamente. Mientras para los trabajadores de empresas privadas e, incluso, paraestatales la jubilación no supone un salto en el vacío económico y pasan a cobrar pensiones que no se apartan sensiblemente de sus ingresos en activo, para los funcionarios públicos, en cambio, habida cuenta de su peculiar (por decirlo de un modo suave) sistema de pensiones, implica que su patrono, el Estado, impone una reducción a una tercera parte de sus ingresos en activo al convertirse en clases pasivas.

En algunas sociedades primitivas, a los viejos no se les mata, pero se les aparta de la sociedad y se les abandona en soledad, para que se extingan sin molestar.

Algo parecido es lo que se nos avecina a los jubilados forzosos. Se nos aparta, para que nuestros puestos de trabajo puedan pasar a ser disfrutados por los fuertes y jóvenes.

Una última esperanza: en el anteproyecto se alude también a un reajuste de las llamadas percepciones básicas y de las complementarias. Si, ello supone que las pensiones pasarán a calcularse sobre la totalidad de los ingresos en activo, todos los problemas quedarían resueltos.

Entonces, la carga del ahorro presupuestario y de la creación de nuevos puestos de trabajo recaena sobre toda la sociedad española y no sobre los viejos a los que se intenta tratar como en esas sociedades primitivas a las que aludíamos. /

Inspector financiero y tributario del Estado.