Protección al cine, no proteccionismo

TRES GRANDES cuestiones arrastra el cine español desde que entró en bancarrota el dirigismo franquista: la puesta en marcha de un sistema ágil de financiación de filmes; el saneamiento y la racionalización del mercado interior de películas; y la creación de un sistema eficaz de estímulo a la exportación.Estos tres supuestos de desarrollo para nuestro cine no han tenido hasta ahora un adecuado tratamiento legislativo. La euforia del triunfo de la democracia se tradujo, en el otoño de 1977, en un desliz normativo de consecuencias desastrosas. En sólo dos años, entre 1977 y 1979, el cine español, como consecuencia de dicha legislación, entró en un proceso de paulatina quiebra, que puso a su productividad en los niveles más bajos en muchos años. Se abrió la espita de las importaciones de películas extranjeras y nuestro mercado quedó a merced de los intereses de cinematografías técnica y comercialmente más evolucionadas y con mayor capacidad de maniobra que la nuestra. Fue desde entonces evidente lanecesidad de elaborar una legislación protectora de nuestra endeble industria del cine. .

En enero de 1980, con un decreto de urgencia que frenó la tendencia hacia la quiebra que amenazaba a nuestro cine, se inició una cierta reactivación de la producción. Fue un acto legislativo oportuno y necesario, pero, en razón de su carácter de urgencia, también hilvanado e incompleto, puesto que no afrontó en profundidad los graves problemas antes señalados. Es necesario abordar unitariamente todos los problemas de nuestro cine, mediante un tratamiento legislativo más enérgico y, sobre todo, más global.

Una legislación de este alcance ya ha sido ultimada por el Ministerio de Cultura, en un proyecto de "decreto para la protección del cine español", que contiene importantes y sutiles innovaciones en su idea de racionalizar y proteger el mercado. Este proyecto ha sido dado a conocer por la Dirección General de Cinematografía a todos los sectores de producción, distribución y exhibición, con objeto de recabar la información necesaria para su próximo debate en el Consejo de Ministros. Las reacciones han sido dispares, e incluso contradictorias en algún punto, y han sacado a la luz una vieja polémica que ya existía entre los sectores de producción y creación por un lado, y los de distribución y exhibición, por otro.

La primera innovación del proyectado decreto, no contestada por ningún sector de la industria, consiste en el establecimiento de un sistema de avales, con cargo al Fondo de Protección de la Cinematografía -cuya cuantía va a ser duplicada en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, según anunció hace unos días el ministro de Cultura- para que los productores puedan obtener en el Banco de Crédito Industrial un ágil y seguro método de financiación de filmes. Unido este sistema de avales a los acuerdos cine televisión, de muy reciente firma, es razonable prever que, por fin, los productores de cine van a estar respaldados en breve plazo, como en el resto de Europa, por una estructura financiera sólida, permanente y dinámica, que facilitará la creación de esas películas con riesgo, que son las que realmente elevan el nivel medio de calidad de una cinematografia.

La segunda innovación es la que más discusiones provoca. Se trata de una norma correctora del sistema vigente para la obtención, por las casas distribuidoras, de licencias de doblaje a nuestras lenguas de filmes extranjeros. En el sistema vigente, tales licencias de doblaje se conceden, la primera cuando la casa distribuidora contrata un filme español para su distribución; la segunda cuando este filme se estrena; y la tercera cuando ha sido estrenado en no menos de 20 capitales españolas. Este sistema obliga a distribuir filmes españoles a cambio de licencias de doblaje de filmes extranjeros, pero no obliga a distribuirlos bien. El proyecto de decreto corrige esta deficiencia de la siguiente manera: la primera licencia de doblaje se obtendrá, como hasta ahora, con la adquisición por una casa distribuidora de un filme español; la segunda cuando este filme haya producido en taquilla 40 millones de pesetas; y la tercera cuando haya alcanzado los 70 millones. Los sectores de producción y creación consideran bueno este sistema. Por su parte, algunos sectores de la distribución y exhibición rechazan de plano la filosofía de esta innovación, mientras que otros la aceptan condicionada a una rebaja de esas cantidades exigidas, que parecen exageradas.

Una tercera innovación del proyecto de decreto es el establecimiento de una cuota de pantalla del 2 por 1, es decir, la exhibición de una hora de cine español por cada dos horas de cine extranjero. Parece una proporción hoy por hoy incumplible para la producción española, y en esto parecen estar de acuerdo todos los sectores de la industria. De imponerse coercitivamente en la situación actual de nuestra producción y nuestro mercado, se pasaría de la protección al cine español a un indeseable proteccionismo, que no traería sino nuevas desgracias.