El aire de un crimen

EL CAPITÁN Alberto Martín ha sido asesinado por ETA después de que una parte, sustancial de las condiciones exigidas para liberarlo fueran cumplidas. Se demuestra así que el objetivo realmente perseguido por los terroristas al imponer su extorsión a Televisión Española, a los medios de comunicación y a las fuerzas democráticas vascas no era otro que apuntarse una pírrica y sucia victoria en la guerra psicológica contra las libertades. Como ya señalamos en un anterior comentario sobre Ter;orismo e infonnación (véase EL PAIS del pasado 15 de octubre), la decisión de publicar el comunicado, justificada por razones humanitarias, ni siquiera garantizaba que los secuestradores respetaran la vida del rehén. Nuestra opinión era, y sigue siendo, que cualquier intento razonable y legítimo por salvarle debía emprenderse. Queda claro, por lo demás, que los únicos responsables de este tipo de crímenes, sean cuales sean las posturas adoptadas por los medios de comunicación y las formas de actuación de los investigadores, son quienes aprietan el gatillo.El tiro en la nuca, y el amordazado cadáver arrojado en el término municipal de Galdácano no sólo dramatizan un crimen monstruoso, sino que ponen de relieve cómo los terroristas son capaces de jugar con la vida de un hombre, infamemente utilizada como mercancía en un trato desigual que desde el primer momento se proponían no cumplir. Pero los sicarios han calculado mal -al igual que ocurrió en el caso del ingeniero Ryan, sacrificado por ETA Militar- las repercusiones de su bárbara acción en el País Vasco y en el resto de la sociedad española. Todos los asesinatos cometidos por las bandas terronstas tienen en común su brutal conculcación del derecho a la vida, la base misma de los restantes derechos y libertades, y dejan tras de sí una estela de sufrimiento y dolor en los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. Pero crímenes como la muerte del capitán Alberto Martín logran el macabro honor de ser espantablemente retenidos por la memoria colectiva por las especiales circunstancias de salvajismo, crueldad y sadismo que les rodean.

Las condenas del asesinato no sobran por inútiles, sino por sabidas. Con todo, resultaba inexcusable que las fuerzas políticas expresaran la indignación que sienten sus electores. Aunque los involucionistas y algunos medios de la derecha autoritaria traten de apropiarse indebidamente o de monopolizar la protesta contra los atentados terroristas y la solidaridad con -las víctimas, el rechazo de esos crímenes y la identificación emocional con quienes los padecen es un patrimonio común de la inmensa mayoría de españoles -sean de derecha, de centro o de izquierda- que apuestan por la paz y las libertades. Uno de los propósitos de las bandas armadasal llevar a cabo sus.sangrientas fechoría es desencadenar, dentro del sistema constitucional, una campaña de acusaciones y desconfianzas recíprocas, capaces de debilitar los vínculos unitarios sin los cuales un Estado democrático y la sociedad que lo respalda nunca podrán hacer frente al desario terrorista. Allá con su responsabilidad quienes traten de manipular este crimen horrible para alimentar pasiones y sembrar la discordia sin otro móvil que favorecer posiciones partidistas o sectarismos ideológicos.

A la vez que el cadáver de Alberto Martín era descu bierto a pocos kilómetros- de Bilbao se difundían las primeras versiones de la rocambolesca historia de un ins pector del Cuerpo General de Policía y de un capitán y dos suboficiales de la Policía Nacional detenidos en te rritorio francés por la gendarmería francesa cuando for cejeaban con el refugiado José María Larrechea, presun to miembro de ETA-VIII Asamblea. Este oscuro asunto ha pasado a disposición judicial, y será necesario aguardar, para formular una opinión definitiva, a que los tribu nales ofre zcan una completa aclaración del incidente. Señalemos, en cualquier caso, que los métodos de guerra sucia, aunque utilizados con éxito por la Francia del general De Gaulle para combatir a los terroristas de la OAS, no sólo son rechazables por atentar contra los derechos humanos, sino que también demostraron su con traproducente inutilidad -recuérdese el caso de Argala- siempre que fueron ensayados en la lucha contra los terroristas de ETA. Si esos procedimientos resultaban condenables -y fueron condenados por el PSOE- cuando UCD estaba en el poder, no hay razón alguna para suponer que la ideología y el historial del Gobierno socialísta bastasen para redin-fir los pecados de la razón de Estado o para convertir en admisibles unos métodos de traba o policiaco anteriormente descalificados como perversos..

Pese al horror suscitado en la sociedad española por el asesinato del capitán Alberto Martín, siempre es momento oportuno para recordar que la Constitución prohíbe a los poderes públicos la arbitrariedad en el desempeño de -sus funciones y les obliga a respetar, el ordenamiento jurídico como a los, demás ciudadanos. Desearíamos que los tribunales franceses confirmasen la versión -no demasiado fácil de entender- dada por el Gobierno español sobre las tareas confiadas a los cuatro Policías detenidos por la gendarmería. Pero ningún alto cargo de un Estado democrático de derecho puede ordenar a unos funcionarios públicos, sin ser fulminan temente destituido, que violen la soberanía y concul quen las leyes de un país vecino a fin de imitar en sus comportamientos, de acuerdo con los manuales de guerra sucia, las conductas de los propios terroristas. Tam bién los socialistas franceses pueden extraer algunas en -señanzas del incidente. Porque contra lo que el embajador Guidoni sostiene en sus absurdos intentos por salvar la cara del Gobierno al que representa en Ma drid, los hechos ocurridos prueban sobradamente que el departamento de los Pirineos Atlánticos continúa sien do un santuario para los terroristas de las diversas ramas de ETA.