Educación mediará para resolver la situación "insostenible" del colegio Miguel de Unamuno

Gonzalo Junoy, director provincial de Educación, tiene previsto reunirse, hoy lunes, con el propietario del colegio Miguel de Unamuno, una parte de su profesorado y los padres de los alumnos para buscar una solución urgente al problema del centro -de propiedad privada, aunque subvencionado por la Administración al 100%-, que se encuentra según el propio Junoy en una situación "insostenible". La directora y los nueve profesores comenzaron el pasado lunes una huelga, que finalizará el día 21, para reclamar del propietario del centro, Francisco Bolado, el pago de sus salarios, que no perciben desde el pasado mes de junio.

Gonzalo Junoy aseguró que la situación actual no puede mantenerse. "Hemos instado en repetidas ocasiones al propietario", dijo, "para que cumpla con sus obligaciones. Todo centro debe justificar las subvenciones y dedicar el dinero al pago de las remuneraciones del profesorado en la cuantía que establece la legislación vigente. En este caso, hay que saber a donde han ido a para los fondos". El centro, según manifestó el director provincial, tiene que seguir subvencionado, puesto que no se puede dejar a 1 400 alumnos de Educación General Básica en la calle. El colegio Miguel de Unamuno, que está situado en la calle del Dos de Mayo, satisface en San Sebastián de los Reyes una necesidad real de escolarización que no pueden cubrir otros centros de la localidad, afirmó Junoy.Además del impago de sus salarios, los profesores han denunciado al propietario, Francisco Bolado, por incumplir un contrato de compraventa firmado en enero pasado, según el cual aquellos, a través de una cooperativa denominada Sociedad Cooperativa Limitada Colegio Miguel de Unamuno, se comprometían a adquirir el centro por 32 millones de pesetas. Los profesores, según afirman, llegaron a desembolsar dos millones. Francisco Bolado, de acuerdo con la misma versión, no puede cumplir por el momento las obligaciones derivadas del contrato porque la propiedad del colegio se encuentra en litigio y depende de un proceso de herencia.

Por su parte, Ramón Domenech, abogado del propietario, asegura que entre las cláusulas establecidas en el compromiso de compra figuraba una, impuesta por los compradores, que obligaba a reducir la plantilla del colegio, lo que hizo necesario abonar indemnizaciones al personal cuya relación laboral quedó extinguida. A continuación, hubo que contratar a nuevos profesores al comenzar el curso.

Por otra parte, asegura Domenech, los profesores de la cooperativa asumieron como consecuencia del contrato de compraventa la administración del colegio, sin que hayan rendido cuentas de su gestión. "Estamos seguros", afirma en una carta dirigida a los padres de alumnos sobre la huelga de profesores, "de que tienen en su poder una importante cantidad de dinero que pertenece a la propiedad del colegio". Los huelguistas, por su parte, afirman que desde el 6 de abril de 1983 realizan exclusivamente las tareas propias de su cometido laboral como enseñantes. "En esa fecha pusimos a disposición del propietario las llaves del colegio y las cuentas de la administración".