La producción interior de informática se cuadriplicará en el período 1982-1987, según el Plan Electrónico

La informática será la punta de lanza del sector electrónico en los próximos cinco años. Este subsector es el que obtiene en el Plan Electrónico Nacional 1983-1987 un tratamiento más detallado, por considerarse que es el que más puede influir en la modernización del resto de los sectores de la economía española. Las previsiones realizadas por los autores del plan indican que la producción interior de informática se multiplicará por 4,4 y que las exportaciones aumentarán 5,2 veces sobre las cifras de 1982. El programa, que hoy será sometido al examen de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, contempla 41 medidas de fomento para este subsector.El plan sienta como objetivo para el subsector informático situarse en un consumo aparente de 290.200 millones de pesetas para 1987 (el 42% del total del sector), lo que supone doblar holgadamente los actuales 134.300 millones -ver cuadro- y aumentar el peso de la informática respecto al conjunto sectorial, del 31,3% al 42%. Para ello se exige un crecimiento anual acumulativo del 34,9%.

Más significativo que estas cifras es el compromiso de aumentar la importancia de la fabricación en España de equipos informáticos (fundamentalmente, ordenadores), que pasaría de 32.200 millones de pesetas a 158.000 millones en valores absolutos. La importación también aumentará, pero en menor medida. Con ello, se doblará la cobertura del consumo interior con producción nacional, es decir, la capacidad de la industria española para abastecer el mercado interior. En 1982 el índice de cobertura ha sido del 10,3% (producto de restar las exportaciones al valor del volumen producido, en relación con el valor del consumo de equipos), y pasará a situarse en el 21,4% para 1987.

Para lograr estos crecimientos del consumo y la producción, el documento anuncia un paquete de 41 medidas, de fomento fiscal y financiero, y de iniciativas concretas, alguna de las cuales ya se ha puesto en marcha. Entre las iniciativas propuestas destacan un plan piloto de ofimática; la creación de una comisión conjunta con la Oficina Olímpica del Ayuntamiento de Barcelona para planificar las necesidades informáticas de los juegos de 1992; y la constitución de bases de datos en la Administración, a desarrollar por empresas españolas, que serán subvencionadas en parte.

Los cuatro subplanes

Las principales medidas fiscales y financieras de este paquete incluyen la modificación legislativa para que las adquisiciones de software sean consideradas a todos los efectos como activos fijos, de modo que se facilite la obtención de créditos, y la autorización para que los equipos informáticos fabricados en España puedan amortizarse en tres años. Asimismo se propone la creación de una línea especial en el Banco de Crédito Industrial para las empresas compradoras de productos informáticos y la fundación de una sociedad de capital-riesgo para la financiación de proyectos del sector.El Plan Electrónico dedica uno de sus capítulos fundamentales a la desagregación horizontal de las propuestas, de lo que resultan cuatro programas, sobre compras públicas, investigación, difusión de la tecnología e ímplantaciones industriales. El programa de compras públicas -ver EL PAÍS del 15 de octubre- establece la necesidad de una nueva ley en la que se planifique obligatoriamente la política de compras de la Administración. El de investigación y desarrollo cuantifica las ayudas directas (subvenciones y créditos baratos) para este fin, que ascienden a 19.945 millones de pesetas y el de difusión tecnológica prevé la creación de una red de centros que dispongan de grandes ordenadores en los que las empresas podrán cubrir una primera fase del aprendizaje inforinático.

El plan de implantaciones industriales establece una serie de criterios que "permitan seleccionar las mejores oportunidades y al mismo tiempo, hacer saber públicamente qué iniciativas se favorecetán y qué iniciativas se rechazarán". El documento hace hincapié en los principios de ampliar el grado de cobertura de nuestro consumo por nuestra producción propia y lograr niveles internacionales de competitividad. Ambos principios se desarrollan en once criterios. Entre ellos destacan el de especialización productiva; el de un creciente grado de nacionalización; la estabilidad a largo plazo de los empleos creados; y el desarrollo de tecnología en el interior del país.

Los beneficios que se derivarán de dichos criterios serán, entre otros, una reducción de aranceles "para todos aquellos componentes integrantes del producto que se fabrique y de los que no exista producción nacional", la posibilidad de importaciones específicas para complemento de gamas y el tratamiento preferencial en las compras de la Administración.