El Estado aportará al sector electrónico 150.000 millones de pesetas en cinco, años
A 150.000 millones de pesetas ascenderán los recursos que el Estado dedicará en los próximos cinco años para aplicar el Plan Electrónico Nacional, según las estimaciones que acompañan al proyecto concluido por el Ministerio de Industria, que está en fase de aprobación por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. El texto del plan, que abarca 249 páginas y al que ha tenido acceso este diario, prevé la duplicación de la producción electrónica nacional hasta 1985 y la tramitación de una ley de compras públicas que haga efectiva la planificación óbligatoria de la demanda de la Administración, primer consumidor del sector.
El plan electrónico, esperado desde hace cinco años, utiliza algunos diagnósticos y recomendaciones del documento elaborado el año pasado por la comisión de expertos presidida por José Ángel Sánchez Asiaín. Pero el texto elaborado por la Dirección General de Electrónica e Informática añade a aquel diagnóstico la concreción del escenario deseable para 1987, el compromiso de objetivos temporalmente especificados, la precisión de las medidas administrativas y legales propuestas y su cuantificación.El documento indica que el consumo aparente consolidado de productos electrónicos e informáticos ha sido en 1982 de 428.000 millones de pesetas, siendo la producción interior de 227.000 millones, las exportaciones de 44.000 millones, y las importaciones de 245.000 millones, por lo que la cobertura con producción propia de la demanda interna fue sólo del 42%.Duplicar la producción.Del análisis de estos datos se concluye que el consumo interior es bajo; las perspectivas de crecimiento del sector son importantes; el grado de cobertura, muy escaso, y se produce "una falta de integración del sector en las corrientes comerciales mundiales" a causa de la falta de tecnología propia, "lo que supone la posibilidad de situaciones catastróficas a medio plazo". Por ello, el plan apunta cuatro objetivos: incrementar la demanda y el consumo, "y con mayor intensidad la de aquellos que tienen más notable efecto inducido en la modernización del resto de la economía", es decir, la informática; aumentar geométricamente el valor de la producción interior para ampliar el grado de cobertura; alcanzar "aumentos casi dramáticos de nuestros flujos de exportación", aunque ello sea a costa de que crezca, si bien en menor medida, la importación, y disminuir los niveles de dependencia tecnológica nacional.
Estos objetivos se cuantifican así para 1987 (en pesetas constantes de 1982): el consumo aparente consolidado que se programa alcanzará los 690.000 millones, lo que supone un incremento anual acumulativo del 10,1% en los cinco años, un promedio de siete puntos por encima del crecimiento previsto del Producto Interior Bruto; la producción española se duplicará largamente, pasando de los actuales 227.000 millones a 532.000 millones, lo que supone crecer acumulativamente un 18,6% anual, y la exportación se pretende quintuplicar, desde los actuales 44. 100 millones hasta 202.900 millones.
Estas previsiones, que se consideran "espectaculares", se reputan "abordables" y no voluntaristas a la luz de las respuestas ya obtenidas del sector tras algunas acciones recientes. El objetivo estratégico de crecimiento se establece con voluntad de estabilidad, para lo que se considera básico "la integración adecuada ,de nuestras actividades en el concierto internacional".
Las medidas de fomento que se proponen para alcanzar ese escenario se desglosan entre los ocho subsectores y en cuatro subplanes, de investigación y desarrollo, difusión tecnológica, implantaciones industriales y compras públicas. Entre las principales conclusiones de estos capítulos figura la modificación de la legislación vigente sobre las compras públicas. La nueva ley -y la modificación de la legislación sobre contratos del Estado- incluirá la planificación obligatoria de la demanda de los organismos oficiales y la "potenciación de los contratos de adquisición de prototipos entre organismos compradores y empresas industriales" con soporte ministerial. Al mismo tiempo se eliminará el certificado de productor nacional en los procesos de adjudicación, sustituyéndolo por el concepto de "esfuerzo industrial nacional", con lo que se primará a las empresas que fabriquen en España.
Medidas de fomentoLa larga serie de medidas concretas de fomento (sólo en el subsector informático ascienden a 41) costarán al Estado, según las estimaciones aproximativas que acompañan al texto, unos 150.000 millones de pesetas, que se desglosan en tres capítulos. Las subvenciones y créditos blandos a la investigación y desarrollo ascenderán a 19.945 millones de pesetas, y serán otorgadas por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), cuya reestructuración total se propone, la CAICYT (Comisión Asesora para la Investigación Científica y Técnica) y el propio ministerio. El programa de difusión de las nuevas tecnologías totalizará únicamente 1.220 millones di pesetas.
Las ayudas directas, fiscales y financieras a las empresas serán de 37.000 millones para las industrias compradoras de equipos electrónicos, 50.000 millones para financiar las actividades exportadoras y 40.000 millones para la inversión.
