El Gobierno estudia proyectos legales, de aplicación inmediata, para regular las ayudas estatales a la Prensa

El Gobierno estudiará en el Consejo de Ministros de mañana, jueves, o en el de la próxima semana, dos cuerpos legales de ayudas económicas a la Prensa. Por una parte, aprobará un decreto de aplicación inmediata por el que se otorgan más de 3.000 millones de pesetas de subvenciones para este año con cargo a los Presupuestos del Estado, En el mismo Consejo se decidirá, tras su preceptivo estudio, el envío al Congreso de los Diputados de un proyecto, de ley de ayudas económicas a la Prensa.

En este segundo proyecto se organizarán con carácter definitivo las ayudas, tanto directas como indirectas, al sector. Los borradores de estos instrumentos jurídicos han sido preparados por la Dirección General de Medios de Comunicación Social, de Presidencia del Gobierno.El primer decreto de urgencia destinado a resolver las subvenciones estatales a la Prensa para 1983 contemplará ayudas tanto directas como indirectas. Las primeras -entre las que se incluyen las destinadas al papel, a la difusión y a la tecnología- se venían contemplando tradicionalmente y se ejecutaban anualmente, aunque sin criterios definidos ni establecidos por ley.

Ayudas por difusión

Según el nuevo decreto, las ayudas al papel se cifrarán en torno a los 1.000 millones de pesetas. También pasarán de 1.000 millones las subvenciones a la difusión, y otros tantos serán destinados a la implantación de nuevas tecnologías. Por difusión en el extranjero aumentarán las ayudas un 50% aproximadamente (podrían ponerse en 15 pesetas por ejemplar vendido). En cuanto al capítulo de reconversión tecnológica, el decreto especifica los criterios y elementos por los que se concederán ayudas.El nuevo decreto establece, además de estas medidas, otras subvenciones para los periódicos de escasa tirada y ayudas indirectas que se concretarán en la reducción de tarifas postales y de telecomunicaciones, en la calificación de carga preferente a la Prensa en los transportes de compañías estatales, ayudas fiscales y desgravación de aranceles en la importación de maquinaria.

En la redacción definitiva del decreto se ha modificado el criterio de descontar de las ayudas a la Prensa establecidas para este ejercicio las deudas que tuvieran los periódicos con la Seguridad Social o con los trabajadores. La complejidad jurídica que supondría la adopción de esta medida ha movido, entre otras razones, a modificar este criterio, que aparecía en un primer borrador del decreto.

Este decreto, que sustituye a las habituales resoluciones que regulaban anualmente las ayudas a la Prensa, pretende recoger, según fuentes de la Administración, "criterios más objetivos", y se trata de un anticipo de lo que será la ley de ayudas del Estado a la Prensa, que deberá entrar en vigor en los primeros meses del próximo año.

Como consecuencia de la puesta en práctica de este decreto, por primera vez se establecerán garantías jurídicas para los que perciban las ayudas, de tal manera que existirán mecanismos jurídicos para que los destinatarios de las ayudas que no estén de acuerdo puedan recurrir a la Administración e incluso ante los tribunales de justicia.

Intento de objetivación

La ley de ayudas a la Prensa, que el Consejo de Ministros enviará próximamente al Parlamento, mantendrá prácticamente las mismas líneas que el decreto y supondrá, a juicio de responsables del sector de Prensa en la Administración, el primer intento de objetivación de la ayuda del Estado a la Prensa, en la línea de lo que sucede en las democracias europeas.A pesar de que se mantendrán invariables los principios de este cuerpo legal, las cifras de ayudas y subvenciones se modificarán cada año de acuerdo con la evolución económica y las variaciones de precios del mercado y el poder adquisitivo.

Para la elaboración de estas medidas, que pueden afectar directamente a la crisis de los periódicos en España, la Administración mantuvo consultas iniciales con los editores de periódicos españoles. Este sector, aglutinado en la Federación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), valora positivamente el hecho de que se haya llegado a una ley, pero se reserva la opinión sobre los contenidos de la misma hasta que no salga a la luz su articulado y sea aprobada por el Parlamento.

"Lo importante", dicen responsables de la AEDE, "es que la ley reconozca la necesidad de esta protección a la Prensa, que está vigente en todos los países europeos. Es, por otra parte, una ocasión inmejorable, histórica y única para enfocar definitivamente los más graves problemas de la Prensa de este país: el de dar a la libertad de expresión los soportes que requiere".