Las anomalías se han transferido a las comunidades autónomas

Lá concesión de líneas, tanto para viajeros como para mercancías, ha sido trasferida o delegada en los últimos meses a las Comunidades Autónomas cuando se trata de trayectos internos de la comunidad. Esta situación ha provocado una trasferencia paralela, junto a las competencias, de las irregularides de la Administración central de transportes.Así, en Cataluña se ha denunciado ya, ante la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona tráfico fraudulento de tarjetas de transporte en la Generafitat, que también afecta a algunas gestorías y a buen número de empresas. Este fraude, según la Agrupación de Transportistas Autónomos de Barcelona, consistía en el cobro de dos tasas inventadas junto a la legal que correspondía. Estos ingresos ilegales consistían en el cobro de 130 pesetas por el "plastificado" de la tarjeta y de 400 pesetas por la compulsa visado" de la mismas.En total 400 pesetas que, multiplicadas por las 120.000 solicitudes que se dan en Cataluña, suponen unos ingresos ilegales anuales de 48 millones de pesetas.

En Cantabria, el gobierno regional de Alianza Popular ha concedido un polémico "solape" (enlace de dos itinerarios), que ha sido recurrido por numerosos transportistas (Turitrans, entre otros), por considerarlo ¡legal y sentirse perjudicados por el mismo. La concesión se hizo a la empresa Diez Hermanos, cuyo capital está repartido entre Bediá, Angel Buemes y la familia del general Javier Cereceda (actual subdirector general de la Guardia Civil), extremo este último que no pudo ser confirmado con el interesado. La autorización se refiere al itinerario Santander-Pedreña. La citada empresa tenía concedidas las líneas Santoña-Somo y Santander-Pedreña, y por tanto el solape entre Santander-Pedreña debería realizarse con trasbordo de los pasajeros -que no se hace- en Somo.

En Galicia, la descarnada competencia por la concesión de líneas de transporte de viajeros ha estado a punto de desembocar ocasionalmente en conflictos de orden público..El último incidente se produjo el pasado 24 de septiembre, cuando empleados de la empresa IASA, concesionaria de la línea Ferrol-La Coruña, bloquearon durante horas el acceso a la estación de autobuses de esta última ciudad para impedir el propósito de otra empresa (El Rápido) de cubrir el mismo trayecto a mitad de precio. Como justificación a su actitud, la empresa Herederos de Gabriel San Juan, propietaria de El Rápido alegó que IASA ha hecho también transportes piratas en la línea Ferrol-Santiago.

La raíz del problema estaría, precisamente, en la enmarañada situación legal de la concesión, otorgada graciosamente a la empresa Castromil por el consejero de Ordenación del Territorio de la Xurita, Angel Mario Rodríguez, e impugnada por El Rápido ante la Audiencia Territorial de La Coruña. Solicitada tanto por Castromil como por El Rápido, que utilizó como argumento fundamental la existencia de una licencia previa, la conce sión fue informada en diciembre del pasado año por el Consejo Superior del Transporte de Galicia. El expediente de El Rápido está pendiente de resolución por el consejero de Ordenación del Terrítorio de la Xuríta. La situación, mientras tanto, resulta extraordianriamente confusa y ha dividido incluso a los empresarios del sector entre quienes opinan que la línea en litigio corresponde a IASA y Castromil y los que sostienen que es El Rápido la concesionaria. En todo caso, la Dirección General de Transportes ha abierto expediente a IASA por servicios no autorizados de Santiago a Ferrol.