El gobernador afirma que la impugnación de los acuerdos sobre desnuclearización ha sido una iniciativa suya sin matiz político

El gobernador civil de Madrid, José María Rodríguez Colorado, manifestó ayer que su decisión de impugnar ante el por la vía contenciosa-administrativa los acuerdos de los ayuntamientos que han declarado sus municipios zonas desnuclearizadas no tiene matiz político ni obedece a un intento del Gobierno español de censurar el contenido de aquellos ni de frenar una posible avalancha de iniciativas similares. "Se trata", precisé, "de una iniciativa propia, que he adoptado en el estricto cumplimiento de mi obligación de Impugnar aquellos acuerdos que presenten indicios de ilegalidad, y creo que los impugnados invaden competencias que corresponden el Gobierno".

Rodríguez Colorado señaló que ha adoptado, en principio, la decisión de impugnar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Madrid los acuerdos de los ayuntamientos de Alcalá y Leganés. Agregó que procederá del mismo modo en cuanto reciba las actas de los aprobados por las corporaciones de Arganda del Rey, Coslada, Colmenar Viejo, San Fernando de Henares, Fuenlabrada y Parla.

La impugnación, según el gobernador civil, se plantea a partir del artículo 8 de la Ley de 28 de octubre de 1981 sobre determinadas medidas de régimen jurídico de la Administración Local, que establece que "los actos y acuerdos de las corporaciones locales que constituyan infracción de las leyes y afecten directamente a materias de la competencia del Estado podrán ser impugnados por esta Administración ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

El gobernador civil de Madrid pudo haber optado en los seis días siguientes a la adopción de los acuerdos municipales por su suspensión. "He preferido dejarpasar el plazo", explica, "y, tras informarme con la unidad de Administración Local del Gobierno Civil, impugnar los acuerdos y someterlos a la consideración de los jueces".

No hubo presiones

El gobernador civil niega que haya recibido por parte del Gobierno, "ni de cualquier otro estamento", la más mínima indicación para adoptar la decisión de impugnar los acuerdos. "Únicamente he consultado con el director general de Administración Local del Ministerio de Administración Territorial, y he recibido su visto bueno". "No se trata", añade Rodríguez Colorado, "de cortar una racha de iniciativas similares. La única idea es que la avalancha de acuerdos venga jurídicamente bien conformada. Si los próximos acuerdos están en la línea del aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, que se limita a solicitar del Gobierno la declaración del municipio como zona desnuclearizada, nada tendré que alegar".

Influido por este criterio, el consejo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá d Henares, en el que tienen mayoría los concejales del PSOE, estudiará el próximo martes la posible modificación del acuerdo municipal impugnado. "No alteraremos el sentido de la moción, pero la plantearemos de una manera más hábil, tal y como lo ha hecho la corporación de Madrid", manifiesta el socialista Teodoro Escribano, primer teniente de alcalde Escribano, que se muestra cauto al referirse a la decisión del gobierno civil, considera que esta "ni nos ha sorprendido ni ha producido malestar".

Por el contrario, Pedro Díez, alcalde de Arganda, comunista, expresa su contrariedad por la impugnación, que considera "incomprensible", y que en su opinión "supone un ataque directo a la autonomía municipal".