El primer instructor del caso de 'Los Galindos' vuelve a dirigir el sumario como juez especial

Antonio Moreno, actualmente titular de uno de los juzgados de Sevilla, ha sido nombrado juez especial para el esclarecimiento del quíntuple crimen ocurrido en el cortijo de Los Galindos en 1975. Moreno era, el juez de instrucción de Marchena en el momento del crimen e instruyó el caso durante los cinco primeros años de actuaciones. Posteriormente fue destinado a Las Palmas, y retornó a Sevilla la pasada primavera. El nombramiento coincide prácticamente con el traslado, precisamente a Las Palmas, del juez que con mayor eficacia ha trabajado en el caso, Heriberto Asensio, encargado de la investigación como titular del juzgado de Marchena durante los últimos tres años.

El móvil económico, la desaparición de una gran parte de la producción de trigo del cortijo en el año 1975, pudo haber sido la causa desencadenante de los cinco asesinatos, según la hipótesis más manejada por la actual línea de investigación.El crimen de Los Galindos es uno de los casos judiciales sin resolver que mayor expectación e interés sigue despertando ocho años largos después de sucedido. En la tarde del 22 de julio de 1975, el día más caluroso de aquel verano, fueron encontrados cinco cadáveres en el cortijo propiedad de los marqueses de Grañina, hoy en trámites de divorcio: el capataz y su esposa, dos de los tractoristas de la finca y la esposa de uno de estos fueron asesinados; salvajemente golpeados los dos matrimonios -el tractorista y su esposa fueron troceados parcialmente e incinerados en un pajar- y muerto a tiros el otro jornalero.

Durante los cinco años en que fue encargado del caso, Moreno no aceptó como definitiva las versiones de la Guardia Civil y de la policía, según las cuales uno de los dos tractoristas, José González, había dado muerte a los otros cuatro, incluida su esposa, y, posteriormente, había muerto abrasado, bien por haber sufrido un accidente mientras incineraba el cuerpo de su esposa o bien por haberse suicidado autoincinerándose en lo alto de un pajar de la finca. Según ambos informes, coincidentes en todos los extremos a pesar de haberse hecho por separado, el móvil del crimen era el rencor que González guardaba hacia el capataz, ya que le había prohibido que mantuviera relaciones con una de sus dos hijas.

Antonio Moreno nunca sobreseyó el caso -la responsabilidad penal termina con la muerte- y ordenó nuevas investigaciones, a la vista de los interrogantes que se desprendían de ambas investigaciones y de las conductas sospechosas de otras personas relacionadas con la vida del cortijo. Sin embargo, los errores de investigación en los inicios de la misma habían convertido el caso en un crimen perfecto, y aunque el sumario siguió engordando hasta convertirse en dos gruesos tomos cosidos a mano, no se aportó ninguna novedad sustancial.

A los pocos meses de la llegada de Heriberto Asensio a Marchena, en 1980, en lo que era su primer destino en la carrera judicial, el caso tomó un impulso extraordinario, fundamentalmente por el tesón de éste y por la irrupción en la investigación del catedrático de Medicina Legal Luis Frontela, hombre de espectaculares éxitos y de algún polémico informe, como el del caso de la colza, pero uno de los más avanzados investigadores en el campo de la medicina forense. Un tercer tomo de sumario se instruyó en este tiempo.

Frontela consiguió del juez Asensio que se exhumasen los cadáveres en enero de 1983, tras lo cual inició una rigurosa y prolija investigación, que ha concluido siete meses después con un informe de más de 250 páginas y de cuya principal revelación informó EL PAIS el 2 de marzo de este año: José González había muerto violentamente, como las otras cuatro víctimas, lo cual no descartaba, según declaró el propio juez Asensio a este periódico, una posible participación o complicidad suya en los hechos, lo que por otra parte, sigue sin estar probado.

La venta del trigo

Fuentes judiciales confirmaron que la principal línea de investigación que se sigue desde hace meses se centra en el móvil económico, y en concreto en la no consignación en las actas del cortijo de una parte importante de la producción de trigo en el año de los crímenes. Tampoco se vendió esa parte al SEMPA, algo que habitualmente se hacia en Los Galindos por los importantes beneficios fiscales que se derivaban de la operación.La hipótesis más razonable de las varias que maneja la línea de investigación se basa en la posibilidad de que el capataz hubiera tenido noticia del escamoteo del trigo y hubiera amenazado con ponerlo en conocimiento de la marquesa de Grañina, verdadera dueña de la finca, ya que los marqueses tenían hechas capitulaciones matrimoniales.

"La investigación del paradero de ese trigo, que podría aportar alguna nueva pista, es la principal esperanza que mantiene abierto el sumario, ya que es muy remota la posibilidad de que accidentalmente se descubra el hilo conductor de los asesinatos o que alguien confiese voluntariamente su participación en los hechos", afirmó una fuente solvente cercana a la investigación.