Una inspección de viviendas sociales descubre 40 casos de ilegalidad en 300 pisos visitados

La Dirección Provincial de Madrid del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), en colaboración con el Gobierno Civil y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha puesto en marcha una campaña de inspección de todas las viviendas de promoción pública, de la localidad, adjudicadas en su momento a bajos precios y con créditos privilegiados en función de las necesidades familiares y la escasez de recursos económicos. En Alcalá se han descubierto hasta ahora 40 viviendas en situación ilegal, de unas 300 inspeccionadas.

La delegación del MOPU está estudiando la posibilidad de agilizar los trámites de expropiación de pisos de construcción oficial en situación ilegal.Las irregularidades detectadas consisten en que las viviendas han sido vendidas a terceros, no están habitadas por sus adjudicatarios, se utilizan como almacén o han sido ocupadas por asalto. La campaña de inspección se inició hace meses en varios barrios madrileños y se ampliará a otras localidades.

Las inspecciones de Alcalá se iniciaron a raíz de una reunión en la que participaron el gobernador civil de Madrid, José María Rodríguez Colorado; el delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, José Luis Herrero, y el director y el subdirector de la Dirección Provincial del MOPU.

José Luis Herrero, expuso la sospecha del ayuntamiento de que un alto número de las aproximadamente 3.000 viviendas de construcción oficial, repartidas en varios polígonos, han sido vendidas por los adjudicatarios o permanecían desocupadas con fines especulativos.

El lunes 26 de septiembre, dos inspectores, acompañados por dotaciones policiales, comenzaron a llamar a las puertas de las viviendas, una por una, para comprobar si la familia que la habita es la adjudicataria.

Los resultados provisionales de la investigación han sido calificados de "escandalosos". Entre las primeras 300 viviendas inspeccionadas, todas ellas en el polígono Puerta de Madrid, se han descubierto 40 casos que presentan irregularidades graves. Viviendas vendidas a terceros a precios muy dispares, desde 150.000 hasta 700.000 pesetas, y otras que, según el informe de la inspección, se encuentran "destrozadas" o se emplean "más como almacén que como vivienda". En uno de los informes se puede leer sobre los beneficiarios de un piso: "Según los vecinos, viven de momento en la provincia de Soria. Pernoctan de cuando en cuando". En otro se afirma que "los propietarios viven en Australia".