El Gobierno acuerda iniciar la negociación autonómica buscando el consenso en la ley de Bases de Régimen Local

El Consejo de Ministros acordó ayer abrir de forma inmediata la negociación sobre el desarrollo autonómico con los grupos parlamentarios con el proyecto de ley de Bases de Régimen Local, al que seguirán los de colegios profesionales, función pública y procedimiento administrativo. Eduardo Sotillos, portavoz del Gobierno, informó, tras la reunión sobre la decisión de enviar a las Cortes el proyecto de ley del Servicio Militar, que abre la posibilidad de incorporar a la mujer a las tareas castrenses, así como sobre la próxima regulación de la objeción de conciencia. El Gobierno no estudió la subida de precios energéticos y dejó para una próxima reunión el proyecto que pretende un mayor control monetario.

Sotillos informó también de la detención de cuatro grupos armados, y el propósito de interponer recursos de inconstitucionalidad contra los principios ordenadores de la hacienda vasca y también la ley sobre normalización lingüística del gallego. Acompañó en la conferencia de prensa al portavoz del Gobierno el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, quien dijo que la puesta en marcha de la oferta institucional se hará con las próximas conversaciones con grupos parlamentarios sobre los principios esenciales y vertebradores de la ley de Régimen Local, analizados ayer.El Ejecutivo, que "no vislumbra la reforma de la ley de elecciones locales" y deja los aspectos tributarios para otra próxima reunión sobre financiación de las corporaciones, espera articular su proyecto de régimen local una vez que terminen los contactos con la oposición y se consulte a las comunidades autónomas. El texto será enviado luego a las Cortes, probablemente en noviembre, para que la ley esté aprobada a principios de 1984.

El ministro se limitó a resumir la filosofía de los principios que serán comunicados a los grupos parlamentarios para "generar los mayores acuerdos posibles". Algunos de ellos son: sentar los aspectos generales sobre organización de las corporaciones (pleno, alcalde y órganos de Gobierno que le ayuden), potenciar el carácter ejecutivo del alcalde en municipios de cierto tamaño mediante comisiones de Gobierno o miniplenos, ordenar las competencias estatales o autonómicas que atribuyan ambos niveles a las corporaciones locales, y fijar unas competencias mínimas no sometidas a tutela.

Plantillas y retribuciones en las corporaciones locales

Según explicó Tomás de la Quadra, cuando el Estado o las comunidades autónomas entiendan que las corporaciones locales han violado normas generales, podrán entablar acciones judiciales pero no administrativas, ni tampoco anular las decisiones de aquéllas. Habrá, sin embargo, una excepción: cuando alguna actuación, según el ministro, "cause graves daños a intereses generales de España", el Gobierno podrá suspenderla, de acuerdo con lo establecido por el artículo 155 de la Constitución respecto a las comunidades autónomas. Ante la persistencia de tales situaciones, se ha previsto llegar a la disolución, quizá dejando una comisión gestora, si bien este aspecto es contemplado en el proyecto gubernamental y no en las líneas generales conocidas ayer.Respecto a los funcionarios, las corporaciones locales podrán fijar la plantilla propia, pero el Estado se reserva poner máximos o mínimos en las retribuciones y exigir ciertas habilitaciones, a partir de las cuales las corporaciones seleccionarán al personal.

Eduardo Sotillos informó que la decisión de pedir al presidente del Gobierno la interposición de recurso inconstitucional contra la ley vasca que regula las normas generales de su hacienda, no parte de haber considerado alguna inconstitucionalidad material, sino de que se han sobrepasado los límites de competencia del legislativo y se ha rozado el artículo 159 de la Constitución. Sobre la ley lingüística gallega, el Gobierno está en contra de su primer artículo, que considera un deber el conocimiento del gallego.

El portavoz del Gobierno destacó entre las disposiciones aprobadas ayer el nombramiento de Luis Cuervo como embajador de España en Nicaragua, la aprobación de 35 reales decretos con transferencias a las comunidades autónomas, el incremento de pensiones a maestros nacionales que se jubilaron antes del 1 de noviembre de 1972 y la autorización de inversiones por valor de 16.000 millones de pesetas (4.000 para reparar daños de inundaciones, y 900 para crear 3.370 puestos escolares).