Fraude en el ministerio

Con referencia al artículo publicado en EL PAIS el domingo 18 de septiembre bajo el título La Administración estafa a la Administración, en el que se menciona mi nombre, le ruego inserte en su periódico lo que sigue:

1. Parecen haberse descubierto percepciones sin fundamento jurídico, así como fondos y cajas no reglamentarios en algunos servicios del Ministerio de Transportes. Estas irregularidades se producen, según información aparecida también en EL PAIS, "con posible conocimiento. de directores generales, subsecretarios y ministros". Sobre este punto, y por lo que a mí mismo se refiere, debo manifestar: a) En reiteradas ocasiones y por escritos -que obran en los archivos del ministerio y constan en sus registros- me dirigí a los servicios centrales y periféricos ordenando la revisión de las tasas y percepciones que pudieran cobrarse, así como de las cuentas bancarias que pudieran existir. b) Monté un servicio encargado del cumplimiento de dichas órdenes y del punteo de las entradas en las cuentas del Banco de España, cotejándolos con las percepciones reglamentarias, así como con los saldos de las cuentas abiertas en bancos privados con conocimiento y autorización de la Dirección General del Tesoro. c) Impulsé la creación y organización dé la Inspección General del Ministerio porque debe tenerse en cuenta que se trataba de un ministerio nuevo, cuya estructura se establece precisamente en 1978. La Inspección, tan necesaria para determinar el cumplimiento de las órdenes y el buen funcionamiento de los servicios, tardó años en tener personal debido a la falta de dotación presupuestaria, dotación que marcan los ministerios de Presidencia y Hacienda. De modo que la actual labor de la Inspección es posible gracias a un órgano que se creó precisamente entonces.

2. En cuanto a la Orden Ministerial de 1979 por la que se rebaja drásticamente el Canon de Coincidencia, no es de mi incumbencia explicarla. Pero cuando se lee, en los medios de información -con evidente exageración- que ocasionó que el Estado dejase de percibir cerca de 2.000 millones anuales y parece desprenderse que precisamente el supuesto fraude de los 10,000 millones consiste fundamentalmente en eso, creo justo recordar que tanto la Comisión de Transportes de la OCDE, como los programas de los partidos políticos españoles, como el Libro Blanco de Transportes que Sánchez-Terán presentó a la Comisión de Transportes del Congreso, propugnaban la supresión de esa figura.

También se dice que sus fondos se gestionaban extrapresupuestariamente y es cierto -porque así lo establecieron la ley de Coordinación de los Transportes de 1947 y el Reglamento de 1949-, pero eso no es algo malo, con tal de que se gestionen bien, porque sólo significa que esos fondos no se integraban en los Presupuestos del Estado.

Esto es lo que, sin afán de polémica, debía decir. Sólo me resta agradecer, en nombre de quienes me conocen, la inserción en su periódico. /

abogado.