La batalla del Atlántico

Tres grandes navíos de la banca española, y un acorazado extranjero camuflado, zarparon ayer, pertrechados con tacañas ofertas y no poco valor, dispuestos a iniciar la reconquista del Atlántico, el bombón de los bancos de Rumasa. Anteayer, 30 de septiembre, cumplió el plazo legal para la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Rumasa y, sorprendentemente, al menos hasta unas horas antes de finalizar este plazo, la oposición había renunciado a presentar tal recurso. Acaban de sonar las trompetas de la reprivatización a toda prisa del que fuera el mayor holding privado de España.

El Decreto-Ley expropiador de 23 de febrero de 1983 sí está recurrido por Alianza Popular y el Gobierno decidió esperar por respeto y/o por temor a la ya inminente decisión del Tribunal Constitucional. Reprivatizar algo procedente de Rumasa antes de la sentencia podría interpretarse, en medios jurídicos, como una burla a tan alto tribunal. Por lo tanto, todos quietos. Sin embargo, desde ayer la Ley Rumasa es firme, puesto que sobre ella no pesa recurso alguno conocido de inconstitucionalidad por parte de los diputados de la oposición ni tampoco el de amparo por parte de los nuevos abogados de Ruiz-Mateos. Medios oficiales piensan que ayer mismo el Gobierno podría haber vendido todas las empresas y bancos de Rumasa acogiéndose a una ley que acaba de ser firme por no estar recurrida dentro de plazo. Y, como vale más lo bueno que lo malo, tres de los cuatro grandes colmillos de la banca privada española -Banesto, Central y Bilbao- y un gigante norteamericano -el Citibank- ya se han lanzado sobre el Banco Atlántico. Una descomunal batalla política y económica entre dos poderosas naves -la banca y el Estado- acaba de comenzar sigilosa pero precipitadamente.Para destacados miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) "resulta proverbial la profunda aversión que tanto Mariano Rubio (subgobernador del Banco de España) como Miguel Boyer (ministro de Economía) sienten por todo lo público". "Afortunadamente", dicen algunos militantes del socialismo marchito, "el PSOE no tuvo nada que ver en la precipitada expropiación de Rumasa, aunque tuvimos que apoyar disciplinadamente pero sin convencimiento la decisión del Gobierno a propuesta de Boyer".

Desarmados ideológicamente en lo que se refiere al papel del sector público en una economía moderna y cautivados por la brillantez tecnocrática y pedagógica de Miguel Boyer, algunos restos socialistas del PSOE se agrupan ahora, con escasa moral y abundantes argumentos históricos, dispuestos a defender el Atlántico, pieza clave en el proceso de reprivatización de todo el holding de la abeja.

El Gobierno trata de llevar a cabo la venta del primer banco de Rumasa y décimo de España a toda prisa, para distanciarlo lo más posible de las próximas elecciones legislativas. Es cuestión de 10 o 15 días. Los más desanimados del PSOE dan la batalla por perdida. Sin embargo, la segunda generación trata de separar al Gobierno del partido para que no le salpique a éste el error de aquél en lo que alguno de ellos ha llegado a considerar ya como "el escándalo político más grave de historia del socialismo español".

El mayor escándalo público

El escándalo consistiría, a juicio de estos militantes que han conocido las últimas cifras de la "quiebra técnica", en haber expropiado Rumasa -20 bancos y 670 empresas-, cargando totalmente sus 250.000 millones de pesetas de pérdidas sobre los hombros de los contribuyentes quienes se verán, nos veremos, obligados a pagar más impuestos. Esta nacionalización de pérdidas, en la más pura tradición del antiguo régimen, aunque cuantitativamente más gorda que todos los escoriales del franquismo, se ve agravada ahora por la pretensión gubernamental de devolver los bancos, saneados con dinero público, a un sector privado que no ha puesto un duro para la solución de la crisis bancaria de Rumasa. El sistema bancario habría lamentado eternamente el estallido de Rumasa si el Estado no hubiera apagado desproporciona pero necesariamente aquel incendio.

Tampoco olvidan estos socialistas, los que soñaron algún día con una cierta banca pública para España, que el zarpazo expropiador de Miguel Boyer dispensó, quizás involuntariamente, a toda la banca privada de la obligación legal que tenía de acudir en ayuda de los 20 bancos de Rumasa. Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, se apresuró a bendecir la expropiación diciendo que los de Rumasa no eran bancos con empresas sino empresas que tenían bancos. Sin embargo todos ellos, aunque en permanente peligro de insolvencia, eran asegurados y cotizantes de un ente creado por el ex vicepresidente Fernando Abril Martorell y llamado Fondo de Garantía de Depósitos (50% público, a través del Banco de España, y 50% de toda la banca privada).

Los especialistas aseguran que si la crisis de Rumasa se hubiera resuelto por la vía técnica normal -la intervención sugerida por el informe del Banco de España y utilizada para todos los bancos en crisis desde la Lopez Quesada hasta Banca Catalana y Banco Urquijo-, el coste total de la operación de salvamento se hubiera repartido entre los depositantes que tuvieran más de un millón y medio de pesetas en bancos de Rumasa, pues el Fondo garantiza sólo hasta esa cantidad, y los propios dueños del Fondo que son, mitad y mitad, el Banco de España y la totalidad de la banca privada que cotiza el 1 por 1.000 de sus depósitos para mantener incólume la confianza en el sistema financiero.

Tras la expropiación-por-si-acaso, Miguel Boyer no ocultó su satisfacción al declarar que la totalidad de los depósitos de los clientes en bancos de Rumasa estaban mejor garantizados que los del resto de la banca ya que el Estado, dueño ahora de los bancos, los respaldaba al 100%. Así fue como, por arte de un pulso personal entre Ruiz-Mateos (el Palmar de Troya de la banca) y Boyer (la razón hegeliana), aderezado con unas gotas de venganza, el Fondo de Garantía de Depósitos bancarios (FGD) se vió increíblemente liberado de la mayor responsabilidad de su historia y, por ello, excusada la banca privada española al 50%, de la obligación que tenía antes de la expropiación boyeriana de contribuir, a partes iguales con el Estado, a digerir y limpiar la mayor basura financiera jamás conocida en España. Ad maiorem gloriam Rei publicae.

Miguel Boyer pidió al Fondo que se encargara de la administracción y gestión de los 20 nuevos bancos propiedad del Estado, pero el Fondo no puede vender ni subastar lo que no es suyo. De este modo, el Gobierno es el único que puede decidir la reprivatización de los bancos y empresas de Rumasa. Una parte del Gobierno quiere desprenderse de todo y otra parte del Gobierno, y sobretodo del partido, sólo de las empresas. Mientras tanto, la banca privada se relame con aparente glotonería por devorar a toda costa el Banco Atlántico, la perla del grupo, con unos 180.000 millones de pesetas en depósitos y tradición y solera bancaria internacional, así como el Masaveu y el Exbank.

Sin embargo, la banca privada no da ni un duro por los 17 bancos restantes: Albacete, Alicantino de Comercio, Comercial de Cataluña, Condal, Extremadura, General, Huelva, Industrial del Sur, Jerez, Latino, Murcia, Noroeste, Norte, Oeste, Peninsular, Sevilla y Toledo. Estos son considerados y despreciados como meras oficinas recaudadoras de Ruiz-Mateos, dentro de su propio sistema interno de creación de dinero, de su Estado dentro del Estado, y están demasiado enroscados en las empresas del grupo a través de créditos que, en buena parte, serán considerados corno fallidos por la Dirección General del Patrimonio y sus efectos serán cargados a la cuenta del Tesoro público.

La banca española y/o exitranjera prefiere que los 17 bancos malditos sean saneados con cargo a los contribuyentes y reprivatizados a buen precio o, en último caso, que sean liquidados y sepultados para siempre, una vez que carguen con todo el desequilibrio patrimonial neto del grupo Rumasa y lo enchufen al Tesoro. Lo que tienen muy claro es que, de ninguna manera, deben quedarse saneados y funcionando competitivamente dentro el sector público; cualquier cosa menos romper el coto cerrado de banca, dejando un sólo banco comercial en manos del Estado. Para ellos sería un casus belli, un peligroso precendente histórico que rompería el secular oligopolio de la banca privada en la captación de depósitos. De ahí la importancia que tiene el primer choque de esta guerra sobre privilegios históricos, centrado en la batalla del Atlántico.

Bandera blanca en Washington

Hasta ahora sólo se ha celebrado un contacto preliminar entre los cabecillas de ambas flotas. Miguel Boyer y Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, con otros altos funcionarios y banqueros, se reunieron a cenar el pasado miércoles en Washington y abordaron finamente y en son de paz el tema de qué hacemos con los bancos de Rumasa (EL PAIS, 30 de septiembre de 1983). Fue una magnífica ocasión para parlamentar sobre una tregua, el entreguismo total o las bases para una paz duradera.

Algunos banqueros opinaban en Madrid que no dejaba de ser extraño que el líder de la banca privada española tuviera que irse a la asamblea del Fondo Monetario Internacional para poder ver a Miguel Boyer. Existe la posibilidad de que Boyer, en un increíble arrebato de humildad, hubiera sugerido o pedido a Escámez la posibilidad de llegar a un acuerdo banca-Estado por el cual la propiedad de los bancos de Rumasa pasara al Fondo de Garantía, al precio de una peseta y con condiciones de ayuda pública, quita de deuda fiscal, préstamos sin límite, etcétera, harto favorables para la banca, pero también con una salida digna y presentable para el Gobierno socialista. Algo así como una marcha atrás para volver a empezar. Como si aquí no se hubiera expropiado nada y la banca tuviera que contribuir al saneamiento de Rumasa con una parte, si no ya el 50% sí al menos un 25% y a pagar en cien o en mil años al Banco de España.

Hacia un concordato Banca-Estado

No ha trascendido aún si Boyer se atrevió o no a proponer este pacto al líder de la banca. Pero en medios de la Administracción y del partido se acaricia el acuerdo como una salida menos dolorosa y presentable que la devolución de bancos saneados a costa totalmente pública. La posición del director general del Patrimonio del Estado, Francisco Javier Moral, filtrada en el documento confidencial que llegó a manos de Ruiz-Mateos, y en el que afirma que tiene una "desinformación patagruélica" sobre la gestión del Fondo en los bancos de Rumasa, es contundente a este respecto:

"El director general de Patrimonio que firma este informe no puede ni debe proponer sino que, con independencia del destino final de la propiedad de los bancos de Rumasa, el Consejo de Ministros acuerde la enajenación directa de las participaciones bancarias expropiadas al Fondo de Garantía. ( ... ) Es insostenible, además, una situación en la que delicadísimas responsabilidades legales son asumidas por quien de hecho carece de competencias y a este respecto debo manifestar que me preocupa -por mera intuición- lo que haya ocurrido en el pasado, está ocurriendo en el presente o pueda ocurrir en el futuro en el ámbito del Banco Atlántico, que me inquieta en todos los aspectos bastante más que la suma de los 17 restantes expropiados".

Ruiz-Mateos era el basurero de la banca

Medios bancarios manifiestan que el Banco Atlántico es un pez demasiado gordo para este Gobierno e incluso para los grandes bancos españoles, por sus fuertes implicaciones internacionales y la enorme información acumulada durante muchos años de relaciones filiales con el Continental Illinois Bank y otras sociedades también relacionadas con el Opus De¡. Al Atlántico lo quieren y lo temen a la vez.

La batalla del Atlántico podría resolverse sin sangre si se pide buenamente a la banca su colaboración en una tarea de Estado como es el saneamiento de Rumasa. Buenamente y sin necesidad de recordarles que el Gobierno socialista "de rostro monetario" está metiendo en el bolsillo de la banca privada un 25% aproximadamente de sus beneficios a través, entre otras cosas, de los Certificados de Regulación Monetaria. La política económica no hace más que aumentar los beneficios de la banca privada a costa de disminuir los del Banco de España cuya previsión para el año que viene se acerca ya a cero.

Una razón más esgrimida por los defensores de que la banca pague a escote la crisis de Rumasa junto con todos los contribuyentes, es la de que José María Ruiz-Mateos era de hecho, desde 1964 fecha en que compró el Banco de Jerez, el único y auténtico fondo de garantía de depósitos hasta que se creó el actual en 1980. Ruiz-Mateos fue el basurero de la noble banca. Recogía sin miedo tú pudor toda la carroña financiera por la noche para que los demás aparecieran limpios por la mañana. Rumasa era pues el antiguo Fondo que evitó la quiebra y el espanto de 17 bancos. Limpió un banco por año.

Ahora, si se llega al acuerdo antes de que estalle la batalla del Atlántico, los banqueros podrían cargar patrióticamente cada uno con una parte alicuota de la basura financiera acumulada en Rumasa. Y quedarse con el Atlántico y con los demás. El Estado se quitaría de encima 20 bancos y 670 empresas corno si aquí no hubiera pasado nada por un coste inferior a 250.000 millones y la banca privada podría seguir con el oligopolio de la captación de depósitos. Sólo le piden un pequeño esfuerzo económico y político por su parte para sacar al Gobierno del atolladero en que se encuentra. Y para que no se diga que los banqueros tienen el corazón helado.