Las Cortes valencianas aprobaron la ley de Coordinación de las Diputaciones provinciales

El pleno de las Cortes valencianas ha aprobado, tras más de cinco horas de debate, la "ley por la que se declaran de interés general comunitario para la Comunidad Valenciana determinadas funciones propias de las diputaciones provinciales", conocida como ley de Coordinación de las Diputaciones. El texto salió adelante con los votos del PSOE, pues el Grupo Popular votó a favor de sus 16 enmiendas y el Comunista apoyó cinco votos particulares. AP anunció repetidas veces que recurrirá contra la ley ante el Tribunal Constitucional.

La ley de Coordinación de las Diputaciones, que entrará en vigor el mismo día de su publicación, es la primera de las que aprueba el Parlamento autónomo, y, pese a la insistencia del Grupo Socialista en que es necesario alcanzar un pacto institucional en las normas legales que desarrollen el estatuto, éste no fue posible.

Por el contrario, esta ley, que permitirá al Consell de la Generalitat dictar por decreto directrices de funcionamiento para las corporaciones provinciales en la práctica totalidad de sus ámbitos de competencia, y que se unan al presupuesto autonómico los de las tres diputaciones, ha constituido el primer motivo de discordia desde las elecciones autonómicas.

El proyecto fue elaborado por el Consell y tramitado con carácter de urgencia el pasado mes de julio. Contaba entonces también con el apoyo de los comunistas, y se debatió y rechazó una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular.

Sin embargo, cuando iba a ser discutido por el pleno de la Cámara, fue devuelto a comisión por unanimidad de los tres grupos. El PSOE argumentó esta inesperada decisión en el deseo de hacer posible que la ley fuese reformada y votada, finalmente, por los tres grupos. Esta explicación, poco convincente, puesto que AP estuvo siempre en contra del fondo de la ley, se ve desmontada por el hecho de que ahora ni siquiera contó con los votos del PCE, que continuaba apoyando el proyecto inicial.

Poder de veto

Al parecer, la vuelta a comisión estuvo en función de intentar reformar con las enmiendas socialistas algunos aspectos del texto que eran de dudosa constitucionalidad.Así, ha sido suprimido íntegro el artículo 8º del proyecto inicial, que indicaba: "Los presupuestos de las diputaciones provinciales no podrán ponerse en ejecución en las partidas presupuestarias relativas a funciones objeto de coordinación en tanto no hayan sido aceptados por las Cortes valencianas al aprobar el presupuesto de la Generalitat, en el que se integran".

Este poder de veto presupuestario, atribuido antes al Legislativo, ha sido en la práctica transferido al Ejecutivo, al ser reformado el artículo 12.

El Consell podrá requerir al presidente de cualquier diputación cuando estime que se infringen "las normas y obligaciones derivadas de esta ley". Además "el requerimiento llevará aparejada la suspensión de los actos o acuerdos a que se refiere", incluida la aprobación de los presupuestos.

Si bien, a juicio del Grupo Popular, el texto legal supone en la práctica la desaparición de las diputaciones, lo que sería anticonstitucional, los socialistas aseguran que no temen, con la redacción actual, una sentencia contraria del Tribunal Constitucional. Incluso afirman que esta ley será, probablemente, modelo para que otras comunidades defiendan la forma de coordinar dos administraciones -la regional y la provincial- que pueden colisionar con frecuencia.