La tasa por salir de Portugal es inconstitucional, según la oposición

La oposición portuguesa cuestiona la constitucionalidad de los nuevos impuestos decretados por el Gobierno de Mario Soares, entre los que se encuentra el impuesto de salida del territorio nacional. Los grupos comunista y democristiano suscitaron ayer en el Parlamento de Lisboa el debate para evitar la aprobación de siete leyes fiscales aprobadas en Consejo de Ministros. La oposición argumenta que, salvo circunstancias excepcionales, que no se han producido, no es lícita la adopción de medidas destinadas a aumentar los ingresos del erario público al margen del debate parlamentario sobre los Presupuestos del Estado.

Comunistas y democristianos portugueses recuerdan además que, durante el debate sobre el programa del nuevo Gobierno en junio último, el actual ministro de Hacienda se comprometió formalmente a no alterar los Presupuestos para 1983 elaborados por el anterior Gobierno. En lo que respecta al impuesto extraordinario sobre la renta, la oposición alega, además, dos violaciones flagrantes de la Constitución, las que consagran la no retroactividad de las leyes fiscales, y la igualdad de los ciudadanos frente al impuesto.

A pesar de la enérgica protesta de la oposición, todo indica que los partidos de la coalición, socialista y socialdemócrata, que disponen de dos tercios de los escaños del Parlamento de Lisboa, aprobarán hoy los nuevos impuestos, incluido el de salida del territorio.

Una fuente del Grupo Parlamentario Socialista admitió, sin embargo, una alteración del proyecto presentado al Parlamento, en el sentido de dispensar del canon de salida de Portugal a los extranjeros no residentes permanentemente.

En su redacción inicial, el proyecto de ley dice que: "Todos los individuos nacionales o extranjeros que salgan de Portugal por cualquier vía deben pagar un impuesto de salida por valor de 1.000 escudos (1.200 pesetas) o de 500 escudos para los menores".

Preocupación en las zonas fronterizas

El impuesto de salida del territorio es fuertemente contestado por los ayuntamientos y, gobiernos civiles de las zonas fronterizas con España. Además de afectar seriamente al comercio local, la medida puede crear dificultades excepcionales a las poblaciones que utilizan servicios sanitarios españoles, frente a las carencias del sistema portugués.Ante las repercusiones del impuesto en las poblaciones españolas fronterizas con Portugal, José Ceada, alcalde de Ayamonte, se ha entrevistado con el alcalde de la localidad fronteriza de Villa Real de Santo Antonio para expresar la preocupación por la imposición de esta medida que, en medios comerciales de Ayamonte, es considerada como más perjudicial para las localidades fronterizas portuguesas que para las españolas, ya que el comercio que se mantiene con Portugal se vería mermado considerablemente por este impuesto, informa Marita Martín desde Huelva.

El alcalde portugués estima, por su parte, que la medida no afectaría al turismo entre España y Portugal, sino principalmente al de otros países europeos como Francia, Reino Unido y República Federal de Alemania.