El tedio de un debate

EL DISCURSO del presidente del Gobierno que abrió ayer el debate sobre el estado de la nación mostró que ese recién inagurado uso parlamentario nunca podrá sustituir las sesiones plenarias del Congreso destinadas a discutir con continuidad y frecuencia las políticas sectoriales. Las desmesuradas expectativas que despiertan intervenciones de este género, largamente anunciadas, no pueden sino producir decepciones. El presidente del Gobierno tiene sobradas ocasiones para hacer llegar su pensamiento a los diputados y a los ciudadanos, y no necesita reservarse para citas solemnes al estilo de los líderes populistas latinoamericanos. El traba o cotidiano de las Cámaras y los debates de políticas sectoriales deberían hacer innecesarios estos maratonianos esfuerzos, que producen efectos parecidos al empacho.Felipe González tenía que optar entre exponer un detallado inventario de los problemas pendientes, de las realizaciones gubernamentales y del calendario de proyectos o moverse -como lo hizo- en un nivel de abstracción y generalidad. El desarrollo del debate permitirá al presidente y a sus ministros, en turnos ilimitados de réplica a los portavoces de los demás grupos, entrar en concreciones. La referencia de Felipe González, en su primera réplica a Manuel Fraga, al disgustante estado de Televisión Española repescó, así, uno de los temas omitidos en el discurso. No parece, sin embargo, que el método ayer ensayado pueda funcionar sin que previamente la Cámara de Diputados haya sido escenario de otras comparecencias, desplegadas a lo largo del período de sesiones, del jefe del poder ejecutivo para defender políticas, explicar situaciones y anunciar líneas de actuación. La parsimonia parlamentaria de Felipe González durante los pasados meses no puede ser compensada por un discurso-río de aguas someras y cauce ancho.

La voluntad del presidente de ofrecer una panorámica de la situación española no impidió que las cuatro grandes partes agregadas en esa visión global conservaran su relativa independencia, ni tampoco que se echaran en falta otros aspectos de la realidad que tenían derecho a ser tenidos en cuenta. El propio González hizo, al final de su discurso, un, recuento de sus omisiones (el problema de Gibraltar, la reconversión industrial, materias relacionadas con la educación, la agricultura, la cultura y la sanidad) y adquirió el compromiso de consagrar un debate específico a la defensa nacional. La reciente destitución del capitán general de la VII Región Militar forzó al presidente a dedicar un breve pero importante comentario a la falacia que subyace al desestabilizador concepto de la llamada autonomía militar y a la descabellada interpretación del artículo 8 de la Constitución como un cheque en blanco extendido a favor de los aspirantes a dar un golpe de Estado.

Los comentarios sobre la crisis y la política económica no revelaron datos o proyectos que no fueran conocidos gracias a informaciones facilitadas anteriormente por ministros o altos cargos. Las referencias a la inflación, el déficit de las administraciones públicas, el. desequilibrio del sector exterior y el crecimiento del producto interior bruto (PIB) abundaron en cifras y porcentajes ya publicados. Las cuestiones más delicadas y comprometidas quedaron relegadas a un segundo plano o fueron tocadas de forma imprecisa. Así, las estadísticas sobre empleo no fueron ampliadas con perspectivas definidas sobre la creación de puestos de trabajo a lo largo de lo que resta de legislatura. El presidente tampoco destapó las ideas del poder ejecutivo acerca del crecimiento salarial durante 1984, si bien insinuó la posibilidad de pedir a los trabajadores un sacrificio para que el, aumento de la masa salarial quede por debajo del incremento de los precios. Faltó una explicación de los nuevos procedimientos que sustituirán al empleo comunitario y las razones que aconsejaron aplazar durante unos meses la entrada en vigor de la jornada de 40 horas. Pero quizá los silencios más ruidosos fueron las omisiones referidas a los difíciles problemas de la reconversión industrial y a las consecuencias de la expropiación de Rumasa.

El apartado del discurso dedicado a la política autonómica y las administraciones públicas reafirmó la voluntad del Gobierno de acatar la sentencia sobre la LOAPA, pero no hizo la menor referencia autocrítica sobre las erróneas premisas doctrinales y políticas de la norma y reincidió en el equívoco, anteriormente difundido por el ministro de Administración Territorial, de afirmar que la aceptación por el Tribunal Constitucional del carácter no inconstitucional de los artículos salvados de la quema equivaldría a endosarlos como las únicas soluciones posibles. Felipe González ratificó su oferta de un acuerdo con las restantes fuerzas parlamentarias y de un diálogo con las comunidades autónomas para el desarrollo de las leyes que definan las competencias exclusivas del Estado y adelantó el propósito de dialogar en tomo a otros proyectos. La ofensiva de la oposición contra el Gobierno a propósito de las reformas del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal dio ocasión a González para una firme defensa de los criterios constitucionales y de las cuestiones de principio que justificaron el cumplimiento de esa parte del programa electoral del PSOE. A la vez, el jefe del Ejecutivo cubrió ese flanco tradicionalmente débil de las mayorías de izquierda que es la seguridad ciudadana con la reiteración de los propósitos gubernamentales de aplicar, dentro del marco constitucional, las leyes vigentes para frenar la delincuencia ordinaria y los crímenes de las bandas armadas y para garantizar el respeto a la bandera. Aunque parecía innecesaria la referencia a un antipático proverbio (dura lex sed lex), Felipe González no desequilibró el binomio libertad-seguridad más allá de las exigencias de un debate que será analizado con lupa en, sectores dispuestos a buscar pretextos o coartadas para aventuras involucionistas.

Las reflexiones del presidente sobre cuestiones de política exterior no despejaron las dudas sobre la fecha del referéndum sobre la permanencia o la salida de España de la OTAN, la pregunta que será sometida en esa ocasión a los ciudadanos y la r ecomendación del Gobierno y de su partido sobre la respuesta que deberán dar los españoles. No parece, por lo demás, un dato cierto que no se haya barajado fecha alguna para esa consulta, ya que el propio presidente del Gobierno y otros ministros han sugerido ya que la cita podría ser en la primavera de 1985. Defendiéndose de las acusaciones de ambigüedad, estuvo así especialmente. ambiguo. En suma, una tarde tediosa y tediosa y poco clarificadora.