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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Crónica de sucesos

AYER TELEVISIÓN Española realizó tal vez un negro adelanto de lo que pudieran depararnos los nuevos criterios de programación otoñal, anunciados por el equipo directivo del ente como manera de protegerse frente al Gobierno ante lo que es ya clamor público por su incapacidad. De forma imprevisible, los espectadores del primer telediario se encontraron con la desagradable sorpresa de que buena parte del programa estaba dedicado a unas entrevistas en directo, realizadas en las dependencias policiales de la Puerta del Sol, con los presuntos responsables de tres homicidios. Las víctimas de los delitos uno, cometido a comienzos de julio, y los otros dos, el 5 y el 8 de septiembre- fueron un policía nacional (en el robo de una gestoría), un comerciante de Vallecas (en el atraco de una tienda de ultramarinos) y un muchacho (en una riña en las fiestas de la Arganzuela). La gravedad de esos crímenes no autoriza a que un medio como Televisión Española se degrade a sí mismo y degrade a los espectadores con un tratamiento aberrante que hirió la sensibilidad moral y el sentimiento de toda dignidad propia y ajena, amén de que contradice el principio constitucional de presunción de inocencia.En la tradición del más abyecto amarillismo, tan criticado como es este por altas personalidades del Gobierno, el telediario no sólo pormenorizó detalles espeluznantes de los crímenes, sino que sometió a una especie de tercer grado televisivo a los acusados, cuya turbación y desamparo ante el interrogatorio -más policial que periodístico- al que eran sometidos eran casi patéticos. Es posible que las confesiones de esos invitados a la fuerza al primer telediario de ayer se correspondan con los hechos. Ahora bien, son los magistrados, y no los directivos de Televisión, los encargados de hacer justicia en nuestro país. Si ya protestamos en su día por el singular espectáculo que policía, judicatura y algunos diarios y revistas montaron con el caso Urquijo, más hemos de hacerlo por este abuso del monopolio estatal televisivo que sacó ayer a la vindicta pública a estos tres hombres, añadiendo a su castigo y lamentable condición una pena accesoria no prevista en las leyes.

Mientras, los comisarios posteriormente entrevistados daban la espalda a las cámaras, aplicando medidas de seguridad y prudencia, los detenidos, expuestos a la vergüenza de la pequeña pantalla, fueron interrogados, como si el reportero fuese el fiscal, y los espectadores, los magistrados o el jurado. Al entrevistador ni siquiera le importó que uno de los detenidos fuera un portugués que no hablaba castellano y que comprendía con dificultad las comprometidas preguntas que se le dirigían. Tampoco tuvo el menor reparo en forzar a uno de los delincuentes a echar las culpas a su compañero y en subrayar con comentarios sarcásticos las declaraciones mínimamente exculpatorias de quienes se confesaban responsables de los delitos pero negaban premeditación en los disparos. Que los detenidos sean los presuntos autores de unas muertes horribles y crueles o que pertenezcan al mundo de la delincuencia habitual no puede aportar ni un gramo de disculpa a la atroz exhibición de impiedad, zafiedad y falta de respeto a aquellos ciudadanos que el reportero llevó a cabo en un medio de comunicación del Estado que disfruta del monopolio de información televisiva, bajo el pretexto ya ridículo de que así se protege a la sociedad de los excesos de las oligarquías. Si llevan razón quienes afirman que el humanitarismo y la cultura de un sistema político debe medirse por el tratamiento que la sociedad aplique a quienes infringen las leyes, incluidas las que amparan la vida, preciso sería concluir que Televisión Española, espejo de la política informativa del Gobierno, actuó ayer como un abominable instrumento inquisitorial al invitar a los ciudadanos al degradante espectáculo de presenciar las confesiones públicas de unos aterrorizados y lloriqueantes acusados.

El reportaje, realizado en las dependencias policiales, tuvo como obligados testigos presenciales a los funcionarios de los, cuerpos de seguridad, pero no consta que los abogados de los acusados fueran consultados sobre la procedencia de esa aparición pública de sus defendidos. En cualquier caso, si el telediario de ayer fue un ensayo de: la manera en que serán presentados ante la opinión pública, de aquí en adelante, las personas acusadas de delitos de sangre, la ley de asistencia letrada al detenido se transformará en un inútil engorro, al tiempo que el artículo 24 de la Constitución (que garantiza el derecho de todos los ciudadanos "a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia") y el amparo, también constitucional, de la propia imagen serán simple papel mojado en manos de las huestes televisivas del Gobierno.

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Ni que decir tiene, por lo demás, que las entrevistas no fueron un reportaje conseguido por unos periodistas libres que hubieran. corrido el riesgo de realizarlo. La tendencia de la policía a convertir en confidentes a todos los ciudadanos bajo la máscara de la colaboración encontró ayer singular remedo en el hecho de que con ese infamante espacio televisivo los funcionarios del monopolio estatal de RTVE dieron cumplimiento burocrático al encargo oficial solicitado por otros funcionarios; esto es, los directivos del ente público se limitaron a satisfacer una petición formulada previamente por la Dirección General de Policía. Parece que se trataba así de dar una oblicua respuesta a quienes critican al Gobierno socialista en general, y al ministro de Justicia en particular, por las acertadas, reformas del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal que han suprimido las permanencias indefinidas en prisión preventiva de los procesados y han reservado la prisión provisional para los delitos graves. Es difícil calibrar en este asunto cuál de las dos partes ha quedado peor parada. Si la Dirección General de Policía cree que puede lograr la mejora de su imagen mediante reportajes de ese jaez, el ministro del Interior tendrá que preguntarse por la competencia de sus asesores. En cuanto a Televisión Española, ¿qué más puede decirse ya? Terminará por cubrir de desprestigio a todo el Gobierno, con su presidente al frente.

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