La oposición

LOS DIEZ primeros meses de gobierno de Felipe González han estado marcados por los resultados del 28 de octubre, que mostraron la debilidad electoral de la derecha para convertirse a corto plazo en una alternativa de poder. Los comicios municipales y autonómicos de mayo pusieron de relieve que los seis meses transcurridos desde la anterior cita con las urnas no habían variado las líneas generales del reparto de fuerzas y que el PSOE continuaba desempeñando un papel hegemónico en la vida pública española. El regreso del verano y la inminencia del debate parlamentario sobre el "estado de la nación", fijado para el próximo día 20 de septiembre, señalan el comienzo de la cuenta atrás de una ofensiva de los partidos de la oposición,* situados en la derecha o en la izquierda, para mejorar sus propias posiciones a costa de una eventual merma de los respaldos al Gobierno.La política económica del Gobierno socialista y el plan trienal pueden producir una reducción de la capacidad adquisitiva de la población empleada, la flexibilización del mercado laboral y el desmantelamiento de las empresas estatales gravemente deficitarias. Esas medidas probablemente creen las condiciones para que la izquierda no socialista, hoy marginal en la vida parlamentaria, refuerce sus posiciones electorales y sindicales. Sin embargo, las nuevas divisiones dentro del PCE pueden disminuir seriamente las posibilidades de los comunistas. No está descartado que el descontento de los trabajadores o desempleados de la ciudad o del campo se canalice hacia otras formas de encuadramiento extraparlamentario. Por lo demás, el populismo ensayado por Manuel Fraga podría servir de vía escape a sectores sociales de clases medias y de asalariados o parados especialmente castigados por la crisis. En los debates parlamentarios y en las campañas de propaganda, sin embargo, la derecha conservadora encontrará enormes dificultades para hacer compatible las críticas a la política económica del Gobierno, la ideología de Alianza Popular y el cultivo demagógico de los agravios suscitados por el desempleo y la pérdida de capacidad adquisitiva de los ocupados.

Las incertidumbres o las confusiones del Gobierno en torno a la permanencia de España en la Alianza Atlántica, que pueden arrastrarse hasta el Congreso del PSOE en el otoño de 1984 o incluso hasta la celebración de un referéndum, anunciado para mediados de 1985, también permitirán a la izquierda no socialista y a la derecha, autodefinidas respectivamente como antiatlantista y atlantista, pero unidas por su presunción de ser consecuentes, sacar provecho de las contradicciones y vacilaciones del poder ejecutivo y de su partido en este terreno. Los socialistas no parecen del todo conscientes de la erosión que produce en su imagen la hipótesis de que el Gobierno no sabe realmente lo que quiere, y la acusación, quizá más fundada, de que no es capaz de decir lo que piensa y está simplemente ganando tiempo. En cualquier caso, la indefinición del Gobierno suministrará a la oposición munición de gran calibre para sus ofensivas. Si los socialistas resuelven permanecer dentro de la OTAN, los comunistas y otras fuerzas extraparlamentarias tratarán de ganar terreno en el movimiento pacifista, mientras que la derecha conservadora les acusará de inconsecuencia, de haber creado artificialmente el problema durante la anterior legislatura y de adoptar con retraso la decisión. Si el camino elegido es la salida de la Alianza el Gobierno tendrá que arrostrar enormes costes internos e internacionales, recibir el fuego graneado de los medios conservadores y justificar, frente a la izquierda no socialista, y frente al sentido común, el mantenimiento en ese caso del tratado bilateral con Estados Unidos. En la hipótesis de que el enrarecimiento de la vida política española por una decisión como la de abandonar la OTAN no pusiera en peligro la estabilidad democrática.

En el ámbito de la política autonómica, la inminencia de las elecciones en Cataluña y el País Vasco dificultará un acuerdo razonable con las minorías nacionalistas y tal vez aumente artificialmente las diferencias entre el poder ejecutivo y los partidos que actualmente controlan las instituciones de autogobierno en ambas comunidades autónomas. La derecha tendrá, por su parte, que llegar a una definición clara de su estrategia. La bandera de la reforma de la Constitución, a fin de modificar el artículo 2 y el Título VIII, es intermitentemente enarbolada por Alianza Popular. El desarrollo. de la legislación básica del artículo 149, que se ocupa de las competencias exclusivas del Estado, puede dar lugar a serios enfrentamientos dentro del Parlamento y al atascamiento de conflictos de competencia en el Tribunal Constitucional si el Gobierno no resuelve negociar con las minorías las normas que interfieran las competencias exclusivas detalladas en los estatutos.

Queda, finalmente, el ámbito de las libertades. El PNV utilizó, en el anterior período de sesiones, la iniciativa legislativa para proponer la regulación del habeas corpus y el jurado, demostrando así su aprecio por las garantías constitucionales. La invocación a las libertades por parte de Alianza Popular se ha traducido en la descalificación de las reformas al Código Penal y a la ley de Enjuiciamiento Criminal y en los cerrados aplausos a alguna desafortunada frase del ministro del Interior. Sin embargo, el grupo conservador mantuvo posiciones muy correctas en lo que respecta a la renovación del Tribunal Constitucional y al destino que debe darse a los restos de la LOAPA y mostró un gran dominio del derecho constitucional al criticar el decreto-ley de Rumasa. Al parecer, los democristianos del PDP, subgrupo incorporado a la coalición conservadora, se proponen, a lo largo de los próximos meses, prestar su apoyo a la defensa de las libertades y derechos fundamentales, incluyendo la crítica de las insuficiencias de los proyectos socialistas en este ámbito y la denuncia: de los abusos de poder y de las eventuales corrupciones de altos o medianos cargos. De confirmarse, ésta sería, sin duda, la mejor noticia que podría proceder de los escaños de la oposición de derechas. Es de temer, sin embargo, que Alianza Popular reserve sus mejores esfuerzos para combatir las reformas más razonables del Gobierno, en especial en el campo de la política educativa, y para explotar en su provecho los desequilibrios económicos, las consecuencias sociales y el descontento popular producidos por las medidas que la crisis exige. Los próximos meses resultarán decisivos para conocer el definitivo rumbo que se propone seguir la derecha, de cuya conducta depende, en última instancia, que los intentos de relanzar el centrismo tengan éxito o fracasen. Un endurecimiento de Alianza Popular y un claro alineamiento de sus dirigentes con posiciones autoritarias crearía el espacio para que los proyectos de Roca, Suárez o Garrigues tuvieran perspectivas de éxito de las que actualmente carecen.