Los militares que aparecen en las listas del 27-O aseguran que no autorizaron su inclusión

Los jefes militares que aparecen en las listas intervenidas a los procesados por su presunta participación en la maniobra involucionista prevista para el 27 de octubre del pasado año y que, por este motivo, han sido interrogados por el juez militar en los últimos meses, declararon que no dieron su autorización para figurar en dichas relaciones. Entre estos militares figuran los generales Antonio Recio y Carlos Lázaro Rodríguez, así como el coronel Carlos Lores Gutiérrez.

Las listas ocupadas son citadas en el sumario bajo los epígrafes Lista de generales, Lista de apoyo interno, Lista de regiones militares, Mapa de gobiernos militares y Croquis de capitanías generales. Sin embargo, los nombres que aparecen en las listas no figuran en las copias del sumario. Por decisión de las autoridades judiciales militares, los abogados defensores de los procesados pueden consultar las listas en un local habilitado en el Gobierno Militar de Madrid. De esta forma se pretende salvaguardar a numerosos militares que, sin tener, ninguna relación con la maniobra involucionista del 27-O, aparecen en las citadas listas.El general de división Carlos Lázaro Rodríguez, el general de brigada Antonio Recio Figueras y el coronel Carlos Lores Gutiérrez, que aparecen en las listas, declararon al anterior juez instructor de la causa, coronel José Muñoz Sánchez, que en ningún momento dieron a nadie autorización alguna para que sus nombres aparezcan en las relaciones, a la vez que aseguraron que desconocían detalle alguno sobre la presunta maniobra del 27-O.

"España, hazmerreír del mundo"

Las declaraciones más significativas fueron las realizadas por el general Recio, jefe del Estado Mayor de la II Región Militar (Sevilla) y posteriormente nombrado segundo jefe de tropas de Las Palmas, Fuerteventura y Lanzarote. Preguntado el general Recio si alguien le había propuesto participar en un golpe militar, "d¡jo que no", según consta en el sumario, "si bien, como otros muchos, ha comentado el malestar que produce al declarante la evolución de los acontecimientos en España".Al finalizar el interrogatorio, y preguntado si tenía algo que añadir, el general Recio dijo "que él, por naturaleza, no es golpista. No hizo la guerra de liberación, pero la padeció, y estima que cualquier intento de golpe militar implica el riesgo de una nueva guerra civil, que rechaza. Le repugna que, tras 500 años de historia, pueda juzgarse a España como un país subdesarrollado que dirime sus problemas a bofetadas. Y estima que un golpe militar en las actuales circunstancias de España no resolvería sus problemas. Pero entiende que, mientras el separatismo siga avanzando de forma irreversible y España sea el hazmerreír del mundo y el Ejército sea objeto de manipulación en los medios de comunicación social y los militares blancos de pistolas asesinas, el Ejército tiene que estar en un permanente y latente estado de malestar, sólo contenido por la disciplina que afortunadamente impera en él".

Se enteró por la Prensa

Por su parte, el general de brigada Carlos Lázaro, gobernador militar de Valencia, reconoció que en agosto del pasado año recibió en su despacho al coronel Muñoz, procesado en la causa, en una entrevista de cinco minutos que calificó de "meramente protocolaria". Añadió "que no tiene nada que ver con el asunto a que hace referencia la causa", de la que se enteró por la prensa.En cuanto al coronel Carlos Lores, manifestó que conocía a tres de los cuatro procesados, pero que a ninguno de ellos ni a nadie les dio autorización para que su nombre apareciera en las listas intervenidas.

Otros militares que fueron llamados a declarar, en calidad de testigos, por sus supuestas relaciones con los procesados fueron los tenientes coroneles Ángel Sánchez Aranda, destinado en la Capitanía General de Madrid, quien afirmó que no le habían pedido que el 27-O neutralizara al capitán general de Madrid; Mariano Cañas Bartera, ayudante del general Lluch Colominas, quien mantuvo una reunión en Valencia con los tenientes coroneles procesados Crespo Cuspinera y Fernández Hidalgo, y Juan Vicente Sáenz de Cerizano, destinado en el Estado Mayor de la V Región Militar (Zaragoza), quien aseguró que no había elaborado la lista de militares de esa región intervenida a los procesados, si bien reconoció que era el autor de las anotaciones hechas junto a los nombres de dicha lista.

Igualmente, y también como testigos, declararon los comandantes Gabriel Rodríguez Pérez y Antonio Crespo Pozas, ambos destinados en el Estado Mayor del Ejército.

Entre los testigos que prestaron declaración también figuran varias decenas de jefes y compañeros de los procesados en sus últimos destinos, la mayoría de los cuales manifestaron tener buen concepto de los presuntos conspiradores.

Finalmente, el teniente general en la reserva Manuel Cabeza Calahorra, codefensor en el juicio del 23-F, también fue llamado a declarar, ya que, en uno de los documentos encontrados a los presuntos conspiradores, figura la palabra o apellido "Cabezas" como sustituto del capitán general de Zaragoza, en el supuesto caso -se supone- de haberse producido una intervención militar. Cabeza Calahorra manifestó al juez que ni sabía si se referían a él con esa palabra ni tenía conocimiento de lo que se trataba. Comentó, sin embargo, que, por su actuación como codefensor, se había enterado de algunos datos de importancia que los consideraba confidenciales, por lo que no pensaba narrarlos. Antes de pasar a la reserva, el general Cabeza Calahorra fue capitán general de la V Región Militar (Zaragoza).