El Gobierno

LA HABITUAL paralización producida en España por las vacaciones veraniegas crea la apariencia de una ruptura en la continuidad de la vida pública y empareja la reanudación del curso político con el comienzo del curso escolar. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, la guerra de las banderas en el País Vasco, las catastróficas inundaciones en el Norte y el afloramiento de las tensiones entre UGT y el poder ejecutivo en torno a la política económica han dejado escasa paz a los responsables del Estado en el mes de agosto. La preparación del debate parlamentario sobre el estado de la nación, fijado para el 20 de septiembre, acelera, por lo demás, la reanudación de las discusiones políticas.El Gobierno socialista se enfrenta con un nuevo tramo de ejercicio del poder con un disminuido entusiasmo social, como consecuencia de la deteriorada situación económica y de los incumplimientos de algunos renglones de su programa electoral. Cabe conjeturar que ese inevitable desgaste es hoy notablemente inferior al que los profetas derechistas del catastrofismo habían vaticinado, pero mayor de lo que las autocomplacencias de algunos socialistas están dispuestos a conceder. El PSOE sigue teniendo como baza decisiva de su popularidad y prestigio la figura de Felipe González, que ha mostrado en la presidencia del Gobierno la misma notable capacidad política que había probado durante su etapa de líder de la oposición.

Tal vez el rasgo más desagradable de los primeros 10 meses de Gobierno socialista haya sido su vacilante política en el ámbito de las libertades. Es cierto que el ministro Ledesma ha iniciado con buen ritmo la realización de parte de las reformas contenidas, en el programa electoral del PSOE, Si bien las restricciones de la ley de Asistencia Letrada al Detenido, el retraso en enviar a las Cortes el proyecto de la ley de hábeas corpus y la desnaturalización de la ley de Asilo Político denuncian las huellas de las presiones limitativas del Ministerio del Interior y de otros sectores del Gobierno sobre la normativa de amparo y desarrollo de las libertades. La política práctica de orden público, sin embargo, ha estado atenazada por el temor a que un desbordamiento de situaciones conflictivas colocara al Gobierno socialista en la posición de ser acusado de debilidad por la derecha conservadora. Pero esa prevención, en sí misma razonable, ha llevado al ministro del Interior a una sorprendente mimetización con los procedimientos de sus predecesores, de forma tal que José Barrionuevo ha podido ser ovacionado y adulado, contra su voluntad, por la derecha autoritaria. La toma del Ayuntamiento de Bilbao fue una estampa casi digna de los tiempos previos a. la reforma política y una decisión que los ministros centristas del Interior difícilmente hubieran adoptado.

Tampoco el Gobierno socialista ha mostrado entusiasmo a la hora de materializar sus promesas de establecer una metafórica línea caliente con la sociedad. Ni siquiera, el presidente González se ha librado del aislamiento del poder, como muestran su escasa participación en la vida parlamentaria o aquellas desgraciadas declaraciones en las que manifestó que no estaba dispuesto a negociar bajo la presión, de la calle, como si no hubiese sido la calle precisamente quien le envió en su día al palacio de la Moncloa. La euforia de algunos altos cargos al instalarse en el aparato del Estado y descubrir las gratificaciones materiales y psicológicas inherentes a la función pública ha tenido como correlato la falta de encaje para las críticas y una creciente desconfianza hacia las iniciativas y opiniones ciudadanas. La desastrosa política informativa del Gobierno y el fracaso del equipo directivo de Televisión (sería injusto atribuir las reponsabilidades solo a Calviño y Balbín) son ejemplos altamente significativos de esa enfermedad de las alturas que el ejercicio del poder propicia. Pero más preocupante son las resistencias de algunos sectores gubernamentales a reconocer los errores y a rectificar las equivocaciones. Dentro de ese mismo cuadro de arrogancia, que suele expresarse retóricamente con las fórmulas un Gobierno que gobierna o el Gobierno no tolera pulsos, puede inscribirse el ocasional descuido para respetar las normas jurídicas que limitan el ejercicio del poder (recuérdese el decreto-ley de expropiación de Rumasa o la reacción del ministro de Administración Territorial frente a la sentencia de la LOAPA) y la torpeza en las relaciones con otros órganos del Estado (por ejemplo, la renovación del Tribunal Constitucional).

El debate del 20 de septiembre dará ocasión para analizar el grado de cumplimiento del programa de reformas anunciado por el PSOE en las distintas áreas. La actividad legislativa desplegada por los Ministerios de Educación -la LRU y el proyecto de la LODE- y de Justicia, y el sentido de la responsabilidad de los ministros de Hacienda e Industria contrastan con la ineficacia mostrada por los titulares de Sanidad o de Transportes, el confusionismo desplegado por el ministro de Asuntos Exteriores el aplazamiento de las cuestiones sustanciales de la reforma de la Administración, dependiente del ministro de la Presidencia, y la práctica desaparición del mapa de los ministros de Agricultura y Obras Públicas.

Cabe señalar cuáles pueden ser los motivos que ocasionen los mayores quebraderos de cabeza al poder ejecutivo durante los próximos meses. La doble amenaza del terrorismo y del golpismo, que mantendrá en vilo la estabilidad democrática española durante largo tiempo, será sin duda el telón de fondo de las restantes preocupaciones, y concederá una atención prioritaria a la política para erradicar a las bandas armadas y a los anunciados proyectos del ministro de Defensa. Algunos nombramientos de este, y el mantenimiento de la Junta de Jefes de Estado Mayor nombrada por Calvo Sotelo-ponen de relieve una política más que cautelosa cara al poder militar. En un segundo plano, la política económica, la clarificación de posiciones respecto a la salida o permanencia dentro de la OTAN y el trazado de la política autonómica pondrán a prueba la inteligencia política y la capacidad ejecutiva del Gobierno.

Tal vez la nota común a esos tres últimos ámbitos de problemas sea la paradoja de que el Gobierno monocolor socialista, necesaria consecuencia de la abrumadora victoria electoral del 28 de octubre, se ve obligado por la fuerza de las circunstancias y por los tres millones de votos prestados a llevar a cabo políticas sectoriales propias de un gobierno de coalición. La coherencia del Consejo de Ministros y de la mayoría parlamentaria ofrece la ventaja de no tener que negociar las leyes o las decisiones con fuerzas políticas de otro signo. Sin embargo, el Gobierno tropieza a la vez con la dificultad de no poder esgrimir la necesidad de llegar a acuerdos con otros grupos como coartada para justificar la adopción de medidas que se apartan del programa del PSOE. La política autonómica de los socialistas, gravemente quebrantada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, no admite ya como excusa la existencia de los pactos entre Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo, dado que UCD ha dejado de existir y que los nacionalismos catalán y vasco mantienen sus posiciones. En el debate sobre la OTAN, el Gobierno tendrá que aguantar a cuerpo limpio sus decisiones y que asumir plenamente sus responsabilidades, puesto que su desahogada mayoría parlamentaria haría innecesaria cualquier concesión a las posturas atlantistas de otros partidos. Todavía más importantes pueden ser las tensiones derivadas de la aplicación por el Gobierno de la política económica y de la aprobación del plan cuatrienal, terreno en el que las exigencias derivadas de la lucha contra la inflación, el saneamiento del sector público y la reducción del déficit tropezarán con las demandas sociales de los desempleados, con la estrategia corporativista de los sindicatos que representan a la población ocupada, con los dramáticos problemas del campo andaluz y con el recuerdo de las promesas de creación de puestos de trabajo incluidas en el programa electoral del PSOE. No es fácil, en verdad, realizar una política que satisfaga simultáneamente a 10 millones de electores, que haga compatibles las necesidades objetivas de funcionamiento de una sociedad compleja con las demandas de los ciudadanos y que mantenga el inestable equilibrio entre lo posible y lo deseable, entre las promesas y las realidades. Ese es el reto con que se enfrentará el Gobierno de Felipe González a lo largo de toda la legislatura.