Admisión judicial de una querella por estafa contra el presidente de los afectados, por la quiebra del Banco de los Pirineos
El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha aceptado a trámite una querella por estafa contra el presidente de la comisión de afectados por la crisis del Banco de los Pirineos. Según el escrito de querella, se acusa a Pedro Perelló Pons de un presunto delito de estafa y abuso de confianza, supuestamente cometido, a través de la financiera Distribuidora Comercial de Productos Financieros, SA, al lanzar al mercado 300 millones de pesetas en letras. irregulares y que habían sido avaladas por el propio Banco de los Pirineos.
Desde diciembre de 1981, fecha en que presentó suspensión de pagos el Banco de los Pirineos, Pedro Perelló Pons había venido efectuando una inagotable actividad en favor de los perjudicados. Sus innumerables gestiones, reuniones y denuncias culminaron en marzo de 1982, fecha en la que se creó una comisión de afectados. La mencionada comisión quedó legalizada tras una asamblea multitudinaria celebrada en el Colegio de Abogados de Barcelona, a, la qué siguieron otras asambleas celebradas en Lérida y Gerona. Gracias a esta comisión, los afectados del Banco de los Pirineos lograron hablar con los responsables de la Administración y se sentaron en la mesa de negociaciones junto con los administradores judiciales de la entidad.En la comisión de afectados por el Banco de los Pirineos coincidieron 712 perjudicados que representaban 2.309 millones de pesetas, algo más del 65% del dinero atrapado. Entre los perjudicados se encontraban entidades tan dispares como los Padres Escolapios de Barcelona, que habían quedado atrapados con 50 millones, cooperativas agrarias, empresas comerciales y compañías de seguros. Quienes acudieron a la comisión eran en su mayor parte impositores que habían invertido más de un millón y medio de pesetas en el banco y que, por consiguiente, no se habían podido beneficiar de las garantías del Fondo de Depósitos. A través de esta comisión, los afectados habían reclamado la ayuda del Gobierno, la entrada en el hospital de bancos y un trato similar al que en los Últimos años se había otorgado a diferentes entidades bancarias que se habían encontrado en situaciones similares.
Las primeras acciones emprendidas por la comisión de afectados del Banco de los Pirineos. coincidieron con la fuga de los dirigentes de la entidad bancaria, así como con la huida de otros responsables de empresas filiales. Estos sucesivos escándalos y la deteriorada situación financiera de la entidad provocaron la solicitud de quiebra del Banco de los Pirineos y una confusa situación en la que parece haber sucumbido el propio presidente de la comisión de afectados.
El pasado 9 de junio, ante el juzgado de guardia, se presentó la primera denuncia que afectaba a Pedro Perelló y en la que se informaba de las irregularidades cometidas por Discofisa, al lanzar al mercado 300, millones de pesetas en letras, avaladas por el Banco de los Pirineos, sin que los efectos estuvieran contabilizados y registrados por el Banco de España. Según la denuncia, estas letras no obedecían a operaciones comerciales ni mercantiles reales y tenían como único objetivo crear liquidez en las empresas filiales del Banco de los Pirineos. Estas letras, supuestamente irregulares y no contabilizadas, fueron vendidas a particulares quedándose Discofisa una pequeña comisión. A esta primera denuncia le siguió la querella que se planteó con ficha del pasado 24 de agosto y que fue trasladada al Juzgado de Instrucción número 3.
