Vecinos de Cuenca ocupan por la fuerza las 400 viviendas que se niega a entregarles una constructora

Cerca de 400 familias han decidido ocupar por la fuerza las que consideran sus viviendas, construidas por Dragados y Construcciones y terminadas hace varios meses, sin que la empresa haya aceptado entregar las llaves, ante la deuda de unos 700 millones de pesetas que reclama a la cooperativa promotora de las viviendas, que, a su vez, esgrime informes técnicos que denuncian la mala calidad de los edificios, necesitados de reparaciones cuyo importe se calcula en cifra muy superior a la anterior.

Ésta es, por ahora, la última etapa de un conflicto gestado durante varios años y que ha tenido distintas fases en su desarrollo. La Cooperativa San Julián comenzó a formarse a mediados de los años setenta y llegó a contar con 1.200 socios, en un momento en que Cuenca padecía una grave crisis de viviendas. Para dar forma a esta cooperativa se habilitaron unos terrenos, entonces calificados de rústicos, en una zona, la Fuente del Oro, bastante alejada del casco urbano.La cooperativa cargó, desde el primer momento, con todos los costos de la urbanización, incluyendo la construcción de un puente sobre el río Júcar y un paso subterráneo bajo el ferrocarril, además de correr a su cargo la ampliación del tendido eléctrico y redes de agua y alcantarillado desde el último punto habitado de la ciudad, ante la negativa del Ayuntamiento a participar en estos gastos. Por la compra de los terrenos pagó la cooperativa 106 millones de pesetas, y otros 848 millones por la urbanización.

El proyecto de construcción de los bloques de viviendas fue encargado a los arquitectos Juan Álvaro del Sur y Salvador Fudio Vida. A la correspondiente subasta de las obras se presentaron siete empresas, siendo adjudicadas a Dragados y Construcciones. En aquel momento (diciembre de 1980), el precio de cada vivienda quedó fijado en 2.302.621 pesetas, cantidad a la que había que añadir unas 700.000 pesetas más como repercusión por el desmesurado coste de la urbanización. Estas cantidades, sin embargo, fueron incrementándose sucesivamente, sin que los socios recibieran una información exacta hasta el 15 de enero de 1983, fecha en que la directiva de la cooperativa anunció que el precio definitivo de las viviendas sería de 3.500.000 pesetas. Este precio, no obstante, se sitúa en el momento actual en 4.500.000 pesetas, y existe el temor de que pueda subir aún más.

A este resultado se llega a través de una confusa estructura contable y administrativa, tanto de funcionamiento interno de la cooperativa como de sus fuentes de financiación. Las obras se realizan con créditos del Banco Hipotecario pero la directiva otorgó poderes a Dragados y Construcciones para el cobro directo de cantidades del banco, lo que la empresa realizaba por adelantado y, a la vez, realizadas obras parciales, giraba letras por su importe, lo que ha supuesto un doble gasto de intereses pagados por la cooperativa.

Problemas de tesorería

A ello hay que añadir que, por problemas de tesorería, se obligó a cada socio a firmar una póliza de crédito personal, por importe de 400.000 pesetas, con la Caja de Ahorros de Cuenca, con la seguridad de que tal cantidad no debería ser devuelta, sino que sería compensada con los préstamos del Banco Hipotecario. La realidad es que, cumplido el plazo, cada socio debe satisfacer esa cantidad a la caja, lo que, unido a las aportaciones necesarias para sufragar los incrementos de coste, hace que cada cooperativista debe abonar en estos momentos 725.000 pesetas. De las 1.200 viviendas proyectadas en un principio, se encuentran terminadas y ocupadas unas 700, mientras que otras 400 más, concluidas ya por Dragados, no han sido entregadas a causa de la deuda que la cooperativa tiene todavía con la constructora.Esta deuda es reconocida, pero su pago quedó suspendido por la junta gestora, que se hizo cargo de la agrupación en marzo del año actual, como consecuencia de la confusa situación interna de la cooperativa. Una tumultuosa asamblea obligó a la directiva presidida por Pedro Prieto Amores a aceptar una comisión inspectora formada por un grupo de socios, cuya investigación descubrió una gran cantidad de irregularidades, obligando a dimitir a la directiva. Desde ese momento, la comisión se ha constituido en junta gestora.

Las irregularidades detectadas pueden suponer docenas de millones de pesetas distraídos. Hay 32 millones abonados a unos supuestos gestores de expedientes ante el Banco Hipotecario, mientras que Dragados justifica otros 31 millones por el mismo concepto; se han descubierto facturas de gastos de miembros de la anterior directiva por continuos viajes a Madrid, en los que se incluyen recibos de tabaco, bingo y whisky. En estos hechos aparece directamente implicado el anterior presidente de la cooperativa y varios directivos.

Sin embargo, el factor clave de la actual situación es el descubrimiento de la mala calidad de las viviendas. A ello se ha podido llegar tras un reconocimiento de los bajos de los bloques, en los que se detectan notables deficiencias de construcción, señaladas en un preinforme técnico del laboratorio Intemac, contratado por la cooperativa con estos fines, y en el que se indican fisuras verticales en zonas de centro de vano de las vigas de canto, coqueras en cabeza de pilar, falta de verticalidad en pilares, etcétera. Todo ello hace que el laboratorio, en una primera inspección ocular, que será completada en un informe más amplio, se vea obligado "a poner la totalidad de las estructuras en entredicho".

Requerimiento del MOPU

La situación fue puesta en conocimiento del MOPU, que requirió a la empresa a que manifestara su opinión, recibiendo la respuesta, en mayo del año actual, por parte del subdirector de Dragados, Mariano Rodrigo Barcelona, de que estaban dispuestos a "subsanar los defectos en breve plazo". Tal cosa no ha ocurrido, y ello justifica, para la cooperativa, su decisión de no abonar los 700 millones que se deben a la constructora en tanto no proceda a efectuar las reparaciones que se piden. Dragados, por su parte, ha reaccionado promoviendo acciones ejecutivas de cobro y reteniendo las llaves de 400 viviendas terminadas y que no habían sido entregadas a sus adjudicatarios.Así las cosas, la pasada semana unos 200 cooperativistas decidieron forzar las, puertas de sus viviendas, cuyas llaves se negaba a entregar Dragados; sustituyeron las cerraduras por otras nuevas y empezaron a trasladar muebles y enseres; esta operación ha continuado en los días siguientes, hasta llegarse a la práctica ocupación de las 400 viviendas que retenía la constructora, que ha presentado denuncia ante el juzgado, a la vez que se ha ofrecido a una negociación con la cooperativa para tratar de solucionar el conflicto.