Una proxima ley pondrá fin a la adopción privada y al tráfico de niños

El reloj de la terminal internacional del aeropuerto de Barajas marca las once de una soleada mañana de enero. Un matrimonio valenciano, Ramón, de 50 años, y Josefa, de 44, esperan impacientes, con la mirada perdida en la cabecera de pista, el anuncio de la llegada del vuelo de Iberia que, procedente de Bogotá, les trae a su primer hijo tras 26 años de vida conyugal. Recuerdan ahora el comienzo de su aventura, cuando vieron entre los anuncios de un periódico de Valencia la posibilidad de adoptar un niño colombiano. Gracias a la mediación del consulado y a un barato papeleo. qué costó 10.000 pesetas, Ramón y Josefa son padres un año después de celebrar sus bodas, de plata.La Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) tiene en sus ficheros actualmente poco más de 3.000 solicitudes de personas que quieren adoptar un niño. Esta demanda, que algún año ha llegado hasta las 6.000 registradas en todo el territorio nacional, se enfrenta a una oferta escasísima y prácticamente inexistente, lo que hace que matrimonios como el valenciano busquen a su futuro hijo entre los miles de niños que en toda Suramérica se encuentran abandonados y tienen como único futuro la limpieza de zapatos y la delincuencia. Como dijo una asistenta social, para ser padre adoptivo en España hace falta mucho amor, pero mucha más paciencia".

'Mafia buena'

Otra alternativa a la débil adopción oficial es la que ofrece la hasta ahora llamada mafia buena. La ingrata labor de intermediario en la adopción clandestina, el intento de buscar con buena fe una familia para el recién nacido costó una sentencia de cuatro meses de arresto mayor a A. V., religiosa de la Congregación de Dominicas de la Anunciata, que alojó durante los últimos Cuatro meses de gestación a C. L. P., una joven estudiante que no pudo recuperar a su hijo hasta. 22 meses después del parto. Casos como éste serán más difíciles de erradicar, pero la nueva ley, en una declaración de principios publicada en España hoy, boletín del portavoz del Gobierno, pretende acabar con la falta casi absoluta de un control de las actuaciones que preceden a la adopción.

Sólo en la provincia de Vizcaya, y entre 1979 y 1980, 70 niños fueron adoptados sin el control de la Junta de Protección de Menores. El sistema empleado fue presentar en el Registro Civil al recién nacido por un matrimonio distinto al de sus padres naturales. En 1980 hubo en Madrid 26 adopciones oficiales y 100 privadas. Al año siguiente fueron 22 las adopciones controladas por las instituciones oficiales frente a las 76 privadas. En 1970 se batió el récord de adopciones en toda España, con 200 casos resueltos. Paradójicamente, ese mismo año se derogó una ley que estipulaba en tres años el plazo para que un menor fuese declarado abandonado de derecho por incomparecencia de los padres durante ese período. Las adopciones particulares son realizadas hasta el momento por medio de un abogado, que tramita la documentación de los padres y presenta una solicitud. De acuerdo con la madre natural, y en muchas ocasiones mediante una cierta cantidad de dinero, el proceso queda terminado. Este proceso quedará excluido de la legalidad cuando comiencen a funcionar, con el amparo de la nueva ley, las llamadas instituciones de integración familiar, a las que se, encomiendan, de modo casi exclusivo, las propuestas de adopción.

Mal menor

La AEPA, declaró a EL PAIS un portavoz de esta organización, "ha propugnado siempre la canalización de todas las adopciones, la cual puede ser realizada a través de instituciones legalmente autorizadas para ello y conectadas siempre con un organismo único. Con esto se evitan todas las adopciones de tipo particular, en las cuales no existe la selección de padres. En este anteproyecto se contempla que la adopción está en función del menor, y para su éxito se hacen necesarias instituciones y personal especializado que cuide mucho de la selección de los futuros adoptantes".

Entre los criterios que siguen educadores, sociólogos y asistentes sociales a la hora de adjudicar un niño se piensa que la edad máxima ideal para ejercer el derecho de adopción serían los 40 años. La nueva reforma establecería un mínimo de 25 años para poder ser padres adoptivos. Para Elena Lobo, directora del gabinete social de la ciudad escolar que regenta la Comunidad de Madrid, "el nuevo proyecto intenta evitar fundamentalmente la situación de los niños abandonados de hecho, pero no de derecho, y que constituyen en la actualidad el mayor número de niños internos por abandono o problemas familiares".

Acogimiento familiar

La nueva figura del acogimiento familiar, según Elena Lobo, evitaría ese trauma que supone la situación de internado. Según AEPA, el acogimiento puede ser entendido como un paso previo para la adopción. Si el niño ha sido abandonado por sus padres se dará cuenta al ente correspondiente de menores. Si sus padres naturales han prestado su consentimiento para la adopción sólo quedaría el acogimiento familiar como período de prueba y supervisión, pasando después a los trámites de adopción. En la práctica serán las instituciones las que, con conocimiento del juez, decidirán a quién encomendar el acogimiento. Esta nueva modalidad beneficiará, al no ser una adopción de responsabilidad plena, a los niños más desfavorecidos, con defectos físicos o mentales, que actualmente son rechazados en un ciento por ciento.

Desde el pasado mes de enero, en el gabinete social de la ciudad escolar se han comenzado a recibir, por iniciativa de la diputación, solicitudes de ayuda económica. Se sustituye así el internado por una ayuda económica para el mantenimiento del niño por sus padres naturales.