Consumidores y amas de casa recurren ante el Consejo de Ministros por la subida del agua
La Asociación de Consumidores y Usuarios de España (ACUDE) y la Asociación Provincial de Amas de Casa Ascensión Sedeño han presentado al ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo, recurso de reposición con fecha 29 de agosto contra la subida del 58% en el precio del agua en Madrid. El incremento de la tarifa del agua y de la tasa municipal fue aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de julio pasado, mediante real decreto.En el recurso, las citadas asociaciones ciudadanas solicitan al ministro que paralice la subida del agua, que entró en vigor en agosto, hasta que recaiga decisión firme sobre el contenido del recurso, sobre el que debe pronunciarse el Consejo de Ministros. En caso de que sea rechazado, los recurrentes podrán acudir a la vía contencioso-administrativa en los juzgados.
Las asociaciones recurrentes consideran que "es contrario a Derecho, e incluso a la Constitución, exigir a los ciudadanos impuestos o arbitrios en norma de rango inferior a la ley". La subida del precio del agua, solicitada por el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II, coloca el precio del metro cúbico para el usuario en 56,60 pesetas.
El PSIM y el encarecimiento del dólar frente a la peseta
El fuerte incremento se debe principalmente, además de un aumento del 23,3% en las tarifas del Canal y un 10,52% en las cuotas de servicio, a un aumento del 155% en el canon que los madrileños pagan junto a la tarifa para financiar el Plan de Saneamiento Integral de Madrid (PSIM). Este aumento del canon se justifica en fuentes municipales por el aumento del coste financiero del crédito de 100 millones de dólares concertado por el ayuntamiento hace dos años con bancos extranjeros para financiar el PSIM, y que se ha encarecido por las continuas subidas del dólar.Las asociaciones recurrentes sostienen que, según el Decreto de 28 de octubre de 1977, no es posible elevar las tasas por las desviaciones que se producen en la financiación exterior, añadiendo que se debían haber previsto mecanismos para afrontar la devaluación de la peseta frente al dólar, y que son las autoridades, y no los usuarios, las que deben afrontar las consecuencias.
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