Pactos y desafueros en Navarra

LAS ELECCIONES autonómicas celebradas el pasado 8 de mayo arrojaron en Navarra unos resultados que hicieron presagiar, desde el primer momento, graves dificultades para la formación de un Gobierno con mayoría parlamentaria. En esas elecciones, el Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) obtuvo 20 escaños; 13, Unión del Pueblo Navarro (UPN); ocho, Coalición Popular; seis, Herri Batasuna, y tres, el PNV, lo que convirtió a este último grupo político, de hecho, en el árbitro de la situación, ya que la anunciada inasistencia de los parlamentarios de la coalición abertzale radical a la Cámara legislativa navarra se permitía romper el equilibrio existente entre los 21 diputados que en su conjunto suman UPN y Coalición Popular y los 20 del PSN. Los acontecimientos que han venido sucediéndose en Navarra desde las pasadas elecciones no han hecho sino confirmar la difícil gobernabilidad de esta comunidad foral; la falta de un acuerdo político entre el PSN y PNV en la elección del presidente del Parlamento, motivada por el escaso interés demostrado por los socialistas, permitió el acceso a este cargo al candidato de UPN, Balbino Bados, con el apoyo de su partido y de Coalición Popular.Pocos días después de su elección, Bados propuso al Parlamento la investidura de su compañero de partido, el ex procurador de las Cortes del régimen anterior José Ángel Zubiaur, como presidente del Gobierno de Navarra. Sin embargo, Zubiaur no llegó a alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para su nombramiento. Unos días más tarde encargó la formación del Gobierno al secretario general del PSN, Gabriel Urraburu, pero éste fracasó en su intento de obtener el apoyo del PNV y, en consecuencia, declinó el encargo.

No obstante, a partir del pasado 3 de julio, fecha en la que expiró el plazo para la presentación de un segundo candidato a la investidura, las fuerzas políticas, los medios de comunicación y la opinión pública comenzaron a considerar a Urralburu como virtual presidente del Gobierno de Navarra, ya que la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, norma básica de esta comunidad, determina en su artículo 29.3 que "si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, será designado presidente de la Diputación Foral el candidato del partido que tenga mayor número de escaños". Por su parte, el artículo 20.8 de la ley foral Reguladora del Gobierno y de la Administración de Navarra desarrolla el transcrito artículo 29.3 del amejoramiento, estableciendo que "si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación ningún candidato hubiera resultado investido, el presidente del Parlamento propondrá al Rey el nombramiento del candidato que designe el partido político que cuente con mayor número de escaños. En caso de empate en el número de escaños, el candidato será designado por el partido cuya lista hubiese obtenido mayor número de votos".

La interpretación de estos preceptos no deja lugar a dudas: si ninguno de los candidatos propuesto por el presidente del Parlamento a la Cámara obtiene el respaldo de la mayoría simple, el nombramiento tiene que recaer en la persona que designe el partido político con mayor número de escaños. Sin embargo, tras una primera interpretación en este sentido, tan solo cinco días después, UPN abandonaba esta interpretación y dirigía un escrito a la presidencia del Parlamento autónomo señalando que las leyes mencionadas debían interpretarse en el sentido de que para poder acceder a la presidencia del Gobierno de Navarra por la vía del automatismo legal era preciso haber ostentado previamente la condición de candidato a la investidura y, como lógica consecuencia de tan forzada y absurda interpretación, UPN señalaba que la propuesta de nombramiento debía recaer en la persona de Zubiaur, único candidato que reunía esta condición. Por su parte, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido, el PSN, en su condición de partido con mayor número de escaños en la Cámara, instó al presidente del Parlamento para que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.3 del amejoramiento y en el artículo 20.8 dé la ley de Gobierno, propusiera al Rey el nombramiento de su candidato, Gabriel Urralburu.

El presidente Bados, finalmente, ha accedido a la solicitud de su partido y ha propuesto al Rey el nombramiento de Zubiaur, a pesar de que en el informe emitido por los servicios jurídicos de la Cámara legislativa navarra se señalaba expresamente que la propuesta debía hacerse en favor del candidato designado por el PSN, por ser éste el partido con mayor número de escaños.

Hasta aquí los principales datos de una polémica que amenaza con paralizar durante unos cuantos meses la formación del Gobierno de Navarra. De ahí que, a la hora de analizar con perspectiva política los hechos, no resulte aventurado anticipar que el principal afectado por esta lamentable historia va a ser el ciudadano navarro, ya que la actual Diputación Foral en funciones podrá, en el mejor de los casos, resolver asuntos de trámite o de administración ordinaria, pero su propia naturaleza la incapacita para tomar iniciativas de importancia que puedan condicionar directa o indirectamente la actuación del Gobierno que haya de sucederle. Y ésta resulta una cuestión importante si se tiene en cuenta, aunque sea a modo de ejemplo, que la Diputación de Navarra administra más de 40.000 millones de pesetas, este año, para un territorio que cuenta con medio millón de habitantes.

Y como lo que mal empieza mal suele acabar, el presidente Bados ha culminado el despropósito con un viaje inesperado al palacio de Marivent, en el que se presentó el pasado jueves sin haber solicitado audiencia, con la pretensión de entregar personalmente al Rey la propuesta de nombramiento de Zubiaur. El presidente del Parlamento de Navarra, como era lógico, no consiguió su propósito, pero evidenció que si a la hora de formular su propuesta no había tenido inconveniente. en pasar por encima de los dictámenes de los servicios jurídicos de la Cámara y de la letra y del espíritu de las leyes, a la hora de hacer entrega de esta propuesta a la más alta magistratura de la nación también estaba dispuesto a saltarse a la torera las normas más elementales del protocolo.