Las comunidades no católicas se oponen a la asignación tributaria que el Gobierno estudia para la Iglesia católica

Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas no católicas con mayor implantación en España consideran que la total separación de la Iglesia y el Estado en una sociedad moderna pasa por la ausencia de financiación oficial y se muestran contrarios al sistema de asignación tributaria que el Gobierno está estudiando para la Iglesia católica.

Como era de esperar, el tema de la financiación de las confesiones religiosas fue el que levantó mayor polémica entre los participantes en el primer encuentro nacional Estado-confesiones religiosas, clausurado ayer en la Escuela asturiana de Estudios Hispánicos, de La Granda, por el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, y el rector de la universidad de Oviedo, Teodoro López Cuesta.La idea de este primer encuentro entre representantes del Estado, la Universidad y las iglesias surgió del director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra, con el objeto de sacar a la luz los problemas que se vienen planteando para el cumplimiento del principio de libertad religiosa desde que la Constitución de 1978 declaró la no confesionalidad del Estado español.

La decisión de la jerarquía española de no enviar a los dos obispos invitados, Antonio Rouco y Fernando Sebastián, experto jurídico el primero y secretario general de la Conferencia Episcopal el segundo, fue interpretado por alguno de los asistentes como de boicoteo. Tan sólo el gerente de los bienes de la Iglesia, Bernardo Herráez, y dos sacerdotes jesuitas, Martín Patiño y Matías García, a título particular, asistieron a los encuentros en los que han participado, como representantes de las iglesias protestantes españolas, José Cardona, Daniel Basterra, Juan Gil¡, Juan Antonio Monroy, Miguel de Olaiz y Daniel Vidal, así como de las comunidades israelitas, Samuel Toledano, y de la musulmana, Carmen Candela. También participaron miembros del Tribunal Constitucional, de la Administración, del,Consejo de RTVE y diputados.

Acuerdo de 1979

El nuevo equipo del Ministerio de Justicia, que trabaja aceleradamente para establecer los primeros pactos del Estado con las confesiones no católicas de mayor arraigo en España, se encuentra con el precedente, en materia de financiación, del acuerdo económico entre el Estado y la Santa Sede de enero de 1979. Este acuerdo, aunque su firma fue posterior a la Constitución, se negoció con anterioridad y hoy constituye una norma de rango internacional con la que no está de acuerdo el Gobierno socialista, pero que por su deseo de mantener pacíficas las relaciones no va a denunciarlo unilateralmente.Tanto para los representantes no católicos como para algunos miembros de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, esos acuerdos con el Vaticano "rayan la inconstitucionalidad". El decano de la Facultad de Derecho de Barcelona y asesor de la comisión, Víctor Reina, calificó en los encuentros de La Granda a los acuerdos económicos con la Iglesia católica de "servidumbre de la transición política" y expresó sus dudas de que la Iglesia católica, "que lleva 20 siglos sin prescindir del apoyo del poder" vaya a cumplir ahora con el compromiso de autofinanciarse.

Funcionarios de Justicia y Hacienda vienen trabajando desde enero en el desarrollo de los acuerdos con el Vaticano y, sobre todo, en la fórmula transitoria de dotación económica a la Iglesia católica mediante la fijación de un porcentaje a deducir de los impuestos personales y que serían destinados a la ayuda a las religiones. El representante de la comunidad israelita, Samuel Toledano, apoyado por los delegados del resto de las confesiones no católicas, rechazó la pretensión de obligar a cada español' a declarar la creencia que profesa para canalizar el destino de su contribución religiosa, por el recuerdo que la situación similar alemana acarreó en la conÉección de listas de judíos que luego terminaron en los campos de exterminio nazis.

El gerente de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez, dijo que la Iglesia católica española necesita la ayuda (10.300 millones de pesetas este año) para mantener a los 24.000 sacerdotes, 11.000 religiosos de ambos sexos y 75.000 templos abiertos al culto. En el debate sobre el acceso de las confesiones a la televisión, el director de Programas, Ramón Gómez Redondo, dio el dato de que la producción semanal de la misa dominical cuesta a Televisión Española un millón de pesetas y añadió que el PSOE está respetando la programación religiosa católica acordada por el equipo anterior.