Satisfacción de nacionalistas y comunistas por la sentencia sobre la LOAPA, contraria al Gobierno

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), contra la que se habían presentado cinco recursos previos de inconstitucionalidad, supuso ayer la interrupción de las vacaciones políticas. Gobierno, partidos y, en especial, las instituciones recurrentes -parlamentos y gobiernos catalán y vasco, junto a un grupo de 50 diputados- iniciaron ayer el estudio de la extensa y densa sentencia y comenzaron a adelantar valoraciones sobre el significado de la misma. Los nacionalistas expresaron su satisfación general, mientras, desde su veraneo en Noja (Cantabria), el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, anticipaba la única declaración ministerial: "El Gobierno está absolutamente tranquilo". De la Quadra encontró, incluso, un lado positivo al revés gubernamental: "La sentencia puede distender la situación en las comunidades históricas, principalmente en el País Vasco". La fundamentación jurídica del fallo, cuyo contenido fue anticipado ayer por este periódico, establece tajantamente que no caben leyes interpretativas de la Constitución, como pretendía ser la LOAPA, y que el único intérprete es el Tribunal Constitucional.

El ministro De la Quadra fue el único miembro del Gobierno que rompió el silencio ante la sentencia, aunque se reservó para la conferencia de prensa que tiene previsto celebrar hoy en Madrid, en la que probablemente de a conocer si el Gobierno opta por retirar la LOAPA a su paso de nuevo por las Cámaras, al quedar sustancialmente vaciada de contenido. Al ser preguntado sobre sí la tranquilidad del Gobierno, que él afirma que existe, provenía del convencimiento anterior de que el dictamen del Tribunal Constitucional iba a modificar sustancialmente la LOAPA, ante lo que se habría preparado una alternativa, el ministro contestó: "El Gobierno había previsto todas las posibilidades".A pesar de que ya se había dicho que el texto de la sentencia no se entregaría antes de las 12,00 horas de ayer, el representante del Gobierno vasco, el abogado Pedro José Caballero, se personó en la sede madrileña del Tribunal Constitucional a las nueve de la mañana. Sólo consiguió que le dijeran: "Espérese usted hasta las doce". Un poco más tarde, acudieron los enviados de la Generalitat de Cataluña y del PCE, los abogados Ramón Gorbs Turbany y Víctor Manuel Cueto, respectivamente.

La sentencia fue entregada con una hora de retraso por el secretario de Justicia del Tribunal a los representantes que se hallaban presentes, en tanto que se remitía por escrito o comunicación telefónica a la Abogacía General del Estado, a los presidentes del Congreso y del Senado y al resto de recurrentes que no acudieron a racogerla: el Partido Socialista de Andalucía (PSA) y Ramón Tamames y Juan María Bandrés, integrantes del Grupo Mixto del Congreso en su día.

El PSOE acata

El abogado Ramón Gorbs, que recogió la sentencia en nombre de la Generalitat, abandonó la sede del Tribunal para dirigirse cuanto antes al aeropuerto, a fin de entregar el texto en Barcelona con tiempo suficiente para que el Gobierno catalán pudiera estudiarlo con detenimiento y el portavoz de Convergencia i Unió, Miguel Roca, preparase la conferencia de prensa que convocó a última hora de la tarde de ayer. Gorbs calificó la filtración del fallo a EL PAIS, que lo, publicó ayer, de "inoportuna", mientras el representante del Gobierno vasco, Pedró José Caballero, la consideró "vergonzante". Caballero partió también de inmediato con dirección a Zarauz, para facilitar la sentencia al lendakari Carlos Garaikoetxea, quien a continuación se trasladó a su sede oficial en Vitoria para mantener una reunión de trabajo.

Nada más conocerse el dictamen del Tribunal, el PSOE emitió una nota oficial en la que manifestó su acatamiento y afirmó que la sentencia "despeja dudas y fija ,Ciertos aspectos importantes para el desarrollo del título VIII de la Constitución".

Para los socialistas, la resolución del Tribunal "refuerza el papel de dicha institución, junto con las Cortes y demás instituciones del Estado, en el desarrollo de las normas que permitan una correcta articulación del Estado autonómico". El PSOE, adelántandose a declaraciones como la del primer firmante del recurso de inconstitucionalidad, el andalucista Juan Carlos Aguilar, en el sentido de que algunos estatutos pueden verse afectados por la sentencia, subrayó que "la LOAPA no afecta en ningún caso al contenido de los propios estatutos, en cuya elaboración, aprobación y desarrollo el PSOE ha jugado un papel decisivo".

Mientras el Centro Democrático y Social hacía pública su satisfacción por la sentencia y señalaba que en la futura negociación sobre la ley deben participar los nacionalistas, Alianza Popular y el PCE coincidieron en afirmar que la sentencia "invalida por completo la LOAPA". El vicesecretario general comunista, Enrique Curiel, manifestó, en una rueda de prensa convocada en Santiago que el fallo del Tribunal "viene a constatar que entre la Constitución y los estatutos de autonomía no cabe ninguna ley orgánica ni armonizadora", y añadió que la decisión del alto tribunal significa un "gran desastre para el PSOE". A su juicio, el Gobierno "debe retirar ahora la LOAPA y cambiar su política autonómica por otra de responsabilidad de diálogo y capaz de recuperar la colaboración de las fuerzas políticas. No puede hacerse una política de confrontación con el PNV. Hay que dialogar", dijo.

Sobre la posibilidad de que los comunistas pidan la dimisión del ministro de Administración Territorial, a la vista de la sentencia, Enrique Curiel contestó que bastante tienen ya el ministro y la comisión de expertos, "que prácticamente han sido suspendidos como catedráticos".

En la misma rueda de prensa, el secretario de los comunistas gallegos, Ángel Guerreiro, se sorprendió de las manifestaciones de satisfacción de la Xunta, cuando fue el único gobierno de una comunidad histórica que no se sumó al recurso de incostitucionalidad contra la LOAPA. Fue José Luis Barreiro, vicepresidente para Asuntos Políticos de la Xunta de Galicia, quien mostró su especial satisfacción por la sentencia, en nombre del gobierno autónomo y dijo que la decisión del Tribunal Constitucional resuelve, en la vía del arbitraje, el conflicto de base en la constitución del estado de las autonomías.

Para Esquerda Galega, la sentencia "supone un rotundo fracaso de la política del PSOE, debedora de las posiciones estatales más conservadoras, que pretendía pasar por racionalidad y solidaridad lo que no es otra cosa que centralismo y negación de los derechos de las naciones".