El MOPU estima que La Caixa actuó por error al incrementar ilegalmente sus alquileres

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) ha rechazado las alegaciones expuestas por La Caixa (Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares) en el expediente abierto por la Dirección Provincial de Madrid de ese departamento ministerial ante el incremento indebido que la entidad financiera había aplicado en los alquileres de viviendas de protección oficial de las que es propietaria (véase EL PAIS de 3 de junio). La Caixa deberá cumplir la resolución y ajustar el precio de los arrendamientos a los topes legales. La resolución del ministerio señala que los incrementos fueron establecidos por error y no con ánimo doloso, por lo que no aplicará sanciones.

La resolución del ministerio se refiere solamente a uno de los 97 vecinos afectados de la Colonia del Ahorro, de Madrid, pero es de esperar que, al tratarse de casos análogos, el resto de los expedientes termine con el mismo resultado. Los precios de los alquileres superiores a lo establecido legalmente han sido aplicados también por La Caixa, presuntamente, en las viviendas que tiene arrendadas en Cataluña y en Baleares. La resolución ministerial no les afecta directamente, pero si los vecinos iniciasen los trámites al igual que los inquilinos perjudicados en Madrid es previsible que obtengan idéntico resultado y consigan la disminución de los alquileres.José María Jordá, del departamento de información y relaciones exteriores de La Caixa, manifestó respecto a la decisión ministerial que "como la resolución del ministerio no es firme, pero sí ejecutiva, La Caixa cumplirá lo dictado". Ello significa que cabe aún recurso ante la decisión del ministerio, pero, en tanto se tramita, los precios deben ser ya reducidos. En diferentes departamentos de la entidad financiera consultados sobre estas cuestiones alegaron que no pueden ofrecer datos sobre el coste que representaría para La Caixa la decisión del ministerio, ni otros detalles relativos a su postura dado que los principales responsables en esas materias se encuentran de vacaciones.

15.000 viviendas y locales

La colonia El Ahorro de Madrid, propiedad de La Caixa, está situada en el kilómetro 7,300 de la carretera de Andalucía. La entidad financiera procedió en el verano del año pasado a incrementar sus alquileres en torno al 29%, frente al 3,27% ordenado por el ministerio, según manifestaron los vecinos afectados.

Santiago la Fuente, director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ha señalado que en los próximos días se resolverán nuevos expedientes de acuerdo con las denuncias presentadas por un total de 168 inquilinos de viviendas propiedad de La Caixa en Madrid. "Las nuevas resoluciones", dijo, "irán todas en el mismo sentido y llegarán tarde o temprano; sólo depende del trabajo administrativo".

La Caixa posee en estos momentos 15.000 viviendas y locales de protección oficial, situados en Cataluña, Baleares y Madrid. En todos ellos, según informaron los afectados de Madrid, han sido aplicadas "las percepciones ilegales a las que hace referencia la resolución".

No se aplica sanción

Según la resolución aplicada por el MOPU, se considera probado que La Caixa es "culpable de percepción de renta superior a la legal, en relación con el articulo 112 del reglamento de viviendas de protección oficial, por haber incrementado el precio de los alquileres en cantidades superiores a las legalmente establecidas".

El ministerio considera, según el expediente, que de las alegaciones presentadas por La Caixa se desprende que ha podido ser inducida a error en la aplicación del incremento correspondiente al alquiler, sin que haya existido ánimo doloso, por lo que se estima que "no prócede aplicar sanción". El ministerio, según la resolución, requiere a La Caixa para que ajuste al arrendamiento de las viviendas al precio legal. En caso contrario, la entidad financiera será sancionada, con carácter de urgencia, conforme a lo prévisto en el artículo 166 del vigente Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, con multas de hasta un millón de pesetas por expediente si en el plazo de un mes no ajusta sus precios. La resolución hace expresa reserva de las acciones que ante la jurisdicción ordinaria pudiera interponer el inquilino frente a La Caixa, en orden a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. Por tanto, los afectados que pudieran verse perjudicados si no se les aplica la rebaja con efectos retioactivos tienen la posibilidad de acudir a los tribunales.

Alegaciones de La Caixa

En el escrito de alegaciones, antes de producirse la resolución, La Caixa argumentó, por un lado, la incompetencia de la Administración actuante; y por otro, inexistencia de precepto legal que autorice a la Administración incoar expediente sancionador contra La Caixa, pues ninguna de las disposiciones que fijan los módulos a tener en cuenta a efecto de la revisión de las renta en viviendas de Protección Oficial dispone que el .incremento de aquella haya de calcularse en la forma propuesta ahora por la Administración.

La Delegación Provincial del ministerio considera por su parte que la renta legal de la vivienda objeto de expediente es la resultante de aplicar a la cantidad pactada en el contrato de arrendamiento (unas 4.000 pesetas al mes) los incrementos legales de cada año.

En los últimos años, los aumentos. para las viviendas de protección oficial fueron del 3,7% (1982) y 1,68% (1983).