Interior nombra un comisario especial para investigar en toda España actividades, policiales paralelas

Las investigaciones sobre la segunda actividad de algunos miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente los dedicados a las denominadas vigilancias especiales, se han extendido a todo el territorio nacional y, para ello, la Dirección General de la Policía ha designado un juez instructor dedicado exclusivamente a este problema. El juez es el comisario Martín Tola, nombrado recientemente.

El director general de la Policía, Rafael del Río, confirmó ayer a este periódico el nombramiento de dicho juez, y añadió que el Ministerio del Interior es el primer interesado en aclarar cualquier anomalía que se haya producido o que se esté produciendo en las actuaciones de los policías. Igualmente, calificó de constatables" los hechos descubiertos en Barcelona, donde han sido expedientados 38 funcionarios policiales, acusados de actuaciones extraoficiales relacionadas con las vigilancias especiales que realizaban algunos funcionarios en salas de fiestas, bares, discotecas y otros locales comerciales.El comisario Martín Tola ha recibido amplias competencias para efectuar las investigaciones en todo el territorio nacional, y especialmente en Barcelona y Madrid. En el caso de que descubra actuaciones delictivas, los funcionarios responsables serán expulsados del Cuerpo correspondiente o serán sancionados administrativamente. Así mismo, los funcionarios policiales que mantengan una segunda actividad serán obligados a abandonarla, aunque la misma sea legal, ya que, desde 1978, los funcionarios de la Policía Nacional, Cuerpo Superior y Guardia Civil tienen prohibido desarrollar otros trabajos al margen de los propiamente profesionales.

El juez especial nombrado, por la Dirección General de la Policía tiene previsto desplazarse en los próximos días a los lugares en los que, hasta el momento, se han producido denuncias sobre actuaciones irregulares de agentes policiales.

Las investigaciones sobre la segunda actividad de funcionarios policiales se inició hace ya varios meses y, a raíz de las mismas, ya se han producido al menos tres expulsiones. En el caso de Barcelona, el problema ha revestido especiales características de gravedad, ya que, en opinión de fuentes de la Dirección General de la Policía, las primeras informaciones sobre el caso tuvieron su origen en dos policías municipales catalanes que, hace aproximadamente un año, fueron detenidos por miembros del Cuerpo Superior, acusados de haber participado en un atraco a mano armada y en un robo.

De hecho, las primeras noticias difundidas por EL PAÍS sobre el problema de Barcelona surgieron al conocerse que varias policías municipales del cinturón barcelonés habían investigado a policías nacionales que, según se ha confirmado posteriormente, estaban dedicados a vigilancias especiales sobre locales y negocios.

Bajos salarios

En opinión de las fuentes informantes, un gran número de agentes policiales de los tres Cuerpos, y también de las policías municipales, han desarrollado habitualmente una segunda actividad en las horas libres de su primera ocupación, con el fin de conseguir otras fuentes de ingresos, ya que los salarios policiales, especialmente en las décadas anteriores, eran bajos. Muchas de esas segundas actividades consistían en vigilar los accesos a cines, salas de fiestas y discotecas y, en esos ambientes, los agentes "se prestaban en ocasiones a realizar acciones que rozaban la ilegalidad".

En los últimos años, siempre según los informantes, y sobre todo desde que en 1978 se declaró incompatible la profesión policial con cualquier otra actividad laboral, el número de agentes que mantenían una segunda actividad decreció notablemente, si bien en muchos casos se toleró o se realizaba a espaldas de los responsables policiales. En este segundo caso, figuran algunos agentes que, sobre todo de la Policía Nacional, se han dedicado a realizar "acciones seudomafiosas

Las fuentes de la Dirección General de la Policía han insistido en que, al tratarse en general de un asunto interno, sus responsables son los primeros interesados en aclarar cualquier situación anómala, por lo que invitan a los ciudadanos a denunciar con rapidez cualquier caso extraño que puedan observar.

Los alcaldes confirman

Los policías nacionales que realizan los servicios de vigilancia especial en la comarca del Baix Llobregat utilizaban su condición de funcionarios policiales al presentarse ante los empresarios para ofrecerles su servicio de protección, según explicó ayer en conferencia de prensa el alcalde accidental de Cornellá (Baix Llobregat), Carles Navales. El alcalde, que se ha responsabilizado personalmente de las investigaciones a que han sido sometidos los policías nacionales por parte de la Guardia Urbana, afirmó también que la recopilación de información sobre las irregularidades se ha llevado a cabo con el acuerdo del Gobierno Civil, informa nuestra redacción de Barcelona.

Al parecer, según la versión municipal, los protagonistas de las vigilancias policiales interceptados por los agentes municipales se presentaron en varias ocasiones como miembros del Servicio de Información Municipal de la Guardia Civil, en un intento de desviar la responsabilidad hacia los miembros de ese cuerpo.

Los ingresos que estos policías nacionales perciben mensualmente por la prestación de este irregular servicio, ascienden a un millón y medio de pesetas, solo en las poblaciones de L'Hospitalet, y Cornellá, donde controlan aproximadamente 120 empresas, que pagan unas cuotas que oscilan entre las 5.000 y las 20.000 pesetas mensuales. Según ha podido saber EL PAÍS, las autoridades municipales están intentando confirmar la existencia de grandes empresas como de alimentación, electrodemésticos y automóviles, entre las que pagaban a los policías nacionales.

Carles Navales reclamó durante la conferencia de prensa la pronta puesta en marcha de las Juntas de Seguridad Locales, que, a su juicio, servirán para evitar "las crispaciones existentes" entre los cuerpos de seguridad, que operan en las poblaciones del Baix Llobregat (Policía Nacional, Guardia Civil, Cuerpo Superior de Policía y Policía Municipal), entre las que no existe ninguna coordinación en la actualidad.

Tensión entre mandos

Fuentes de la Policía Municipal de algunas de estas localidades explicaron a este periódico que los enfrentamientos han originado incidentes en los que algunos agentes han llegado a esgrimir el arma reglamentaria ante miembros de otro cuerpo. Según las mismas fuentes, dentro de las propias policías municipales existen diferencias y conflictos entre los mandos del cuerpo procedentes del Ejército y Policía y los procedentes de la escuela de la Guardia Urbana.