Los ocupantes de la finca 'Los Retamales' fueron desalojados ayer por la Guardia Civil

Fuerzas de la Guardia Civil de la Comandancia de Osuna procedieron ayer por la mañana a desalojar a 500 trabajadores agrícolas que desde el pasado viernes habían ocupado, a instancias de CC OO, la finca Los Retamales, en el término municipal de Badolatosa (Sevilla), en protesta por la exclusión de un numeroso grupo de obreros del empleo comunitario y en demanda de reforma agraria para Andalucía. El gobernador civil de la provincia, Alfonso Garrido, accedió ayer a que se examinen, caso por caso y con criterios de flexibilidad, las circunstancias sociales y familiares de cada uno de los excluidos. Anoche, los jornaleros de Badolatosa celebraban una asamblea para analizar la nueva situación planteada.

Continúan, mientras tanto, los encierros en Almodóvar del Río (Córdoba) y Villanueva de Algamitas (Málaga) de obreros del campo que han sido expulsados del empleo comunitario tras la decisión de los gobernadores civiles de aplicar con rigor las normas que rigen este sistema de ayuda a los parados, sistemáticamente ignoradas por los últimos Gobiernos. Para el jueves se ha convocado huelga general en la localidad cordobesa de Bujalance por este mismo motivo y concentración de jornaleros ante las oficinas del Instituto Nacional de Empleo en Córdoba.El desalojo de Los Retamales, que se realizó poco después de las nueve de la mañana de ayer, se hizo tras la denuncia presentada el sábado por los arrendatarios que actualmente explotan esta propiedad agraria. Los guardias civiles sacaron uno a uno en brazos a los ocupantes, que no opusieron resistencia alguna, y los trasladaron a la entrada del pueblo. Desde allí marcharon en manifestación hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro, donde mujeres y niños se mantienen encerrados desde el inicio de la protesta.

Entrevista con el gobernador

Horas más tarde, el gobernador civil de Sevilla, Alfonso Garrido Ávila, recibía en su despacho oficial a una delegación de Badolatosa encabezada por su alcalde, Jerónimo Rodas (PCA), y de la que formaban parte un concejal socialista y un comerciante local. El acuerdo más destacado al que se llegó, tras hora y media de cordial discusión, fue que la comisión provincial de Empleo, que preside en propio gobernador, examinará en su reunión de mañana, jueves, una especie de recursos no formales, certificados por el Ayuntamiento de Badolatosa, en los que los trabajadores afectados argumentarán que no debe privárseles del empleo comunitario a causa de su situación familiar y económica.De esta manera, puede admitirse que se va a producir una mayor flexibilidad sobre los requisitos que han de cumplir los trabajadores para beneficiarse del comunitario, si bien fuentes gubernamentales indican que no se aceptará ninguna excepción en la norma de excluir del empleo comunitario a quienes estén en posesión de licencias fiscales para explotaciones comerciales o industriales. La tesis de CC OO es que en Badolatosa no se producen estos casos de evidente picaresca, lo que parece cierto; sino que la causa fundamental de la exclusión de los 116 trabajadores ha sido el que muchos jóvenes no pueden, por falta de trabajo, cotizar seis meses en la Seguridad Social. Si estos casos se viesen con menos rigor, el problema casi quedaría resuelto.

"La Administración no es algo sagrado, hierático, que esté en posesión de la soberbia", explicó Garrido Ávila, añadiendo que mi decisión de hoy no significa dar marcha atrás, sino intentar comprender la visión de mis interlocutores y comprobar si son ciertos los matices que ellos me proporcionan sobre el problema". El gobernador civil aseguró que la comisión provincial de Empleo tendrá en cuenta la necesidad de resolver "los casos humanamente insostenibles".