El Consejo de Ministros recurre contra la 'ley del catalán'

La decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional dos artículos de la ley de Normalización Lingüística en Cataluña (conocida popularmente como ley del catalán), adoptada en el Consejo de Ministros de ayer, ha causado "una profunda decepción" en la Presidencia de la Generalitat. Aunque Jordi Pujol no quiso hacer declaraciones, fuentes oficiales de la Presidencia de la institución autonómica transmitieron a EL PAIS "la preocupación, malestar y decepción que ha creado en el presidente la impugnación".

En estos medios se interpretaba ayer el recurso como una manera de dar satisfacción a algunos sectores del alto funcionariado del Estado. Oficiosamente, la Generalitat critica duramente lo que califica de falta de sensibilidad del Gobierno central, desconocimiento del parecer de la sociedad catalana, e innecesaria creación de un problema interno en la comunidad. Salvo los socialistas, que lamentaron "esta falta de sensibilidad política" de sus compañeros del PSOE, las fuerzas catalanas califican el recurso de "tremendo error político".El Consejo de Ministros aprobó ayer, 24 horas antes de que acabara el plazo legal, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 2º del artículo 4º y en el párrafo 3º del apartado 1º del artículo 6º de la ley de Normalización Lingüística. Según la referencia facilitada al término de la reunión, el Consejo de Ministros entiende que el primero de los artículos impugnados, que faculta a la Generalitat para actuar de oficio ante los tribunales en defensa de los intereses particulares de ciudadanos en relación con el uso del catalán, modifica las normas actuales de procedimiento judicial. "Esta modificación de las leyes procesales", dice la nota oficial, "es competencia exclusiva del Estado".

Para resaltar la naturaleza formal del recurso, la referencia oficial continúa explicando que 1a protección y defensa del uso del catalán resalta del conjunto de la ley, que como tal no es impugnada, por lo que el precepto recurrido no añade nada que sea sustancialmente importante".

El segundo artículo recurrido establece que en caso de interpretación dudosa de los textos legales, será auténtico el texto en catalán y no en castellano. El Gobierno, sin embargo, entiende que no ha de prevalecer ninguna de las versiones sobre la otra, sino que "han de ser los tribunales los que determinen la interpretación auténtica, con los criterios generales de interpretación de las leyes o de acuerdo con los antecedentes legislativos o debates parlamentarios". "No resulta procedente", dice la referencia del Consejo de Ministros, "predeterminar en la ley cuál es el texto auténtico ni en favor de una versión ni de otra. Por otra parte, no es competencia de la comunidad resolver los conflictos entre las leyes".

De forma general, el conjunto de fuerzas políticas catalanas lamentó ayer la decisión del Consejo de Ministros de llevar la ley del catalán ante el Tribunal Constitucional. Esta postura era compartida incluso por los socialistas catalanes, por los responsables de la Administración periférica del Estado, y por algunos ministros, como el de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, o el propio vicepresidente Alfonso Guerra. De la Quadra y Guerra han aceptado colegiadamente la decisión del Consejo de Ministros, aunque se reafirman en su voto particular de que la ley no debía ser recurrida. Se sabe que ambos, al igual que los ministros Narcís Serra y Ernest Lluch, se han opuesto al recurso. Esta misma postura ha mantenido el titular de Justicia, cuya actitud rescató de la impugnación los artículos nueve y diez, considerados fundamentales.

"Un error", según Barrera

El presidente del Parlament, Heribert Barrera, calificó de " error" el recurso acordado por el Consejo de Ministros. "que de ninguna forma puede ayudar a mantener el clima de comprensión entre las comunidades autónomas y el Gobierno". Barrera no acepta que el recurso afecte a aspectos marginales de la ley y considera que se trata de "una vejación" del catalán. En términos muy duros se manifestó la dirección del PSUC, para quien "sería un eufemismo aceptar la interpretación de que este recurso es sólo de carácter técnico". Se trata de una "vejación del Parlament, de una burla de la acción legislativa de nuestros diputados; el Gobierno demuestra un menosprecio de la unidad de las fuerzas políticas catalanas, incluído el PSC-PSOE".